domingo, 27 de abril de 2014

Los silencios de la universidad colombiana: el caso de la socióloga Liliany Obando

El 8 de agosto de 2008, fue privada de la libertad la defensora de Derechos Humanos Liliany Patricia Obando Villota; su detención realizada en el marco de la llamada “Farc-política”, constituiría el principio de una larga cadena de persecuciones contra opositores y dirigentes políticos y sociales que bajo la mal llamada “política de Seguridad Democrática” serían judicializados con pruebas ilícitas e ilegales como los computadores del jefe guerrillero “Raúl Reyes” supuestamente obtenidos en un operativo militar conocido como “Operación Fénix”, violando derechos fundamentales y tratados internacionales. 

Liliany fue procesada por los delitos de rebelión y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y tras un largo proceso plagado de irregularidades, condenada por rebelión a 70 meses de prisión domiciliaria y al pago de una multa de $707.000.000 millones de pesos (cerca de 400 mil dólares). Durante el juicio que se prolongó por cerca de cuatro años, esta defensora de Derechos Humanos fue recluida, en condiciones inhumanas e indignantes en la cárcel de mujeres del “Buen Pastor”, negándosele en nueve ocasiones su solicitud de prisión domiciliaria.
Ante esta arbitraria condena la defensa interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero ésta se abstuvo de estudiar el caso, por lo que actualmente el juez de conocimiento tendrá que determinar el tiempo que le queda de condena, el cual deberá cumplir bajo arresto domiciliario, pues gracias a la presión de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos que han denunciado este aberrante hecho de persecución política, la justicia colombiana tuvo que reconocer lo que se sabía desde un principio: que Liliany no representa ningún “peligro para la sociedad” y que al ser madre cabeza de familita le confería el pleno derecho a tener la casa por cárcel.
Al momento de su detención los medios oficiales de comunicación anunciaron con sus acostumbrados titulares amarillistas que había sido detenida “una de las novias de Raúl Reyes” (El espectador, agosto 8 de 2008), y desconociendo el derecho constitucional que tiene todo(a) ciudadano(a) a la “presunción de inocencia”, fue presentada como integrante de la Comisión Internacional de las FARC, poniendo en riesgo su integridad personal y la de su núcleo familiar, en particular de sus dos hijos menores de edad quienes en el momento de la detención fueron objeto de agresiones simbólicas y amenazas por parte de los organismos de seguridad que allanaron su residencia.
Liliany es egresada de la carrera de sociología de la Universidad Nacional y en el momento de su detención se hallaba cursando el posgrado en estudios políticos que imparte el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones internacionales (IEPRI) en esta misma universidad. Sus temas de investigación han girado en torno al conflicto armado y social colombiano y concretamente se han concentrado en el campo de la sociología rural; como tesis de maestría adelantaba un trabajo investigativo sobre la historia oral de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro). 

Con Liliany, ya son varios los miembros de la comunidad universitaria que han tenido que enfrentar procesos judiciales como consecuencia de sus liderazgos sociales y su perspectiva crítica; no obstante, las universidades públicas controladas por sectores tecnoburocráticos -cuyo horizonte se desenvuelve dentro de las estrechas lógicas del mercado- nada han hecho por defender los intereses de una academia inmersa, cada vez más, en las dinámicas del conflicto armado y social que estremece al país. Bajo el discurso de una supuesta “neutralidad” y el argumento de que “cada quien es responsable ante la justicia de sus actos”, abandonan a sus profesores y estudiantes críticos a su propia suerte.

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