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miércoles, 29 de marzo de 2017

Colombia: ni siquiera ha llegado la paz de los cementerios

Durante décadas se nos dijo que, desaparecida la guerrilla, desaparecería el paramilitarismo (según algunos violentólogos, una mera reacción a la “violencia guerrillera”) y que el Estado ya no tendría excusa para seguir reprimiendo, encarcelando y asesinando dirigentes sociales. Afirmaciones contrarias a todo sentido histórico que han sido, lamentablemente, desmentidas por los mismos hechos en Colombia. Hace dos años que las FARC-EP, como movimiento guerrillero que combatía las fuerzas del Estado, se han, efectivamente, desmovilizado. Tienen armas todavía, pero no las usan. Desde los inicios de las negociaciones de paz, las FARC-EP estuvieron gran parte del tiempo en cese al fuego unilateral y bajaron su capacidad ofensiva enormemente. Según la teoría de la guerrilla “excusa” para la violencia paramilitar y de Estado, el número de asesinatos selectivos debería ir decreciendo y el paramilitarismo debería ir desapareciendo, al esfumarse su supuesta causa. Sin embargo, pese a la existencia de un reducto del EPL y la guerrilla del ELN (ambas con una capacidad militar muy inferior de la que gozaban las FARC-EP), Colombia aún se encuentra sin paz y ahogada en sangre[1]. 

El reguero de líderes sociales muertos y asesinados, habla por sí solo: en el 2014, hubo 78 asesinatos contra líderes sociales; en el 2015, fueron 105; y en el 2016 y los dos primeros meses del 2017, iban al menos 120. El grueso de estas víctimas procedía del suroccidente colombiano, de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño -el epicentro del conflicto social y armado[2]. Los números van en alza, no en baja. Y ni siquiera se trata ya de debilitar al adversario durante la fase de negociación: esta ya acabó. Estamos presenciando como en Cien Años de Soledad, obra de la clarividente pluma de García Márquez, la suerte de los hijos del Coronel Aureliano Buendía: uno tras otro fueron asesinados en medio de la noche y niebla, hasta que después del asesinato del último de sus hijos, un policía se dejó ver de atrás de un árbol. Ya no había nada que hacer ni quien reclamara justicia. Es una mezcla de revanchismo y el interés de derrotar absolutamente al otro, de desterrarlo totalmente de la faz de la Tierra.

Así las cosas, muchos se lamentan si acaso la paz santista no será otra cosa que la paz de los cementerios. Lo terrible es que la paz santista ni siquiera garantizará la paz de los cementerios.

Durante mi último viaje al Limón, Tolima, tuve oportunidad de presenciar la profanación de las tumbas de guerrilleros caídos en combate. Los pobladores acusaban a miembros del ejército de haber llegado un día, al parecer “marihuaneados”, y haber destruido un par de tumbas de guerrilleros de las FARC-EP en el cementerio. No sería esta la primera vez que en la región se señala a los miembros de la fuerza pública de actuar bajo la influencia de sustancias: según un informe de afectaciones de la hidoreléctrica en el río Amoyá realizado por ILSA[3], los efectivos militares en esta zona consumirían, en altas cantidades, marihuana. Visité la tumba de Giovanni Díaz, asesinado el día 2 de Febrero del 2013[4], la cual había sido decorada por familiares y amigos. Tanto el florero como una fotografía de Giovanni Díaz en su uniforme guerrillero habían sido dañadas. Sus familiares ya habían comenzado a reparar la tumba, pero la imagen del difunto había sido removida presuntamente por los militares.

Con todo, este no es ni con mucho el peor caso de profanación de tumbas en los que se imputa al ejército. Una carta enviada por la guerrillera fariana Yadira Suárez a la familia del guerrillero Leonardo Tovar, cuenta, cómo después de su muerte en una crecida del río San Miguel, fue enterrado junto a otros guerrilleros en un improvisado cementerio:

“Se trataba de un pequeño prado, a la orilla de un camino veredal, en el que el Frente 48 fue enterrando dolorosamente a sus muertos. (…) El lugar estaba situado a unos tres kilómetros de las riberas del San Miguel, en el departamento del Putumayo, muy cerca a lo que llamamos nosotros la pata de la cordillera, cerca al departamento de Nariño y la frontera con Ecuador. Los civiles tenían conocimiento de su existencia e incluso manifestaban respeto por él. Pero un día llegaron los hombres de acero, con el corazón y los sentimientos tan duros como ese metal, y decidieron minar con explosivos el terreno y hacerlo volar. (…) todos los guerrilleros del 48 y la población civil del área lo pueden confirmar.”[5]

El ya célebre cementerio de los Andes, Caquetá, construido por la comunidad y la columna Teófilo Forero de las FARC-EP, también ha sido en más de una ocasión amenazado. En él, se entierra a los guerrilleros cuyos cuerpos recuperan; los que no recuperan, el ejército por lo general les tiran a los ríos o los abandonan en potreros o los dejan en cementerios como NN[6]. El cementerio de los Andes se mantiene limpio, bien cuidado y ordenado. No hay muchas referencias explícitas al movimiento guerrillero –de hecho, la mayoría de las tumbas no tienen ninguna referencia, otras tienen sólo un nombre en metal, apenas un par tiene referencias a la lucha de los caídos, otro par tiene nombres completos, y sólo una tiene una imagen de un muchacho con un fusil. Hace unos años, el ejército intentó llevarse un cadáver y la comunidad se alzó, impidiéndoles llevárselo. Hasta un sacerdote tuvo que mediar en este conflicto. Desde entonces no han parado los rumores de que el ejército va algún día a destruir el cementerio. Según pobladores, eso lo dicen constantemente los soldados en el retén militar a la salida de Guayabal, un poco más arriba en el camino. Según la persona encargada del cuidado del cementerio,

“esto es patrimonio de esta comunidad. Acá están enterrados familiares, amigos, nuestros muchachos. El ejército varias veces ha querido destruirlo, pero la resistencia de la comunidad ha sido grande. Muy grande. La iglesia igual se ha portada bien y nos ha apoyado desde que creamos este cementerio. Eso fue en el 2002, cuando se acabó la zona de distensión. Entonces, nos dijeron que tomáramos fotos paso a paso de la construcción y que si el ejército lo quiere acabar, volvemos y lo construimos igualitico”[7].

Ya no sólo se ha negado, en el contexto del conflicto armado, que algunos colombianos lloren a sus muertos, a menos que sea el macabro llanto de alegría por la muerte que Santos confesó cuando el asesinato, en estado de indefensión y mientras negociaba la paz, del comandante fariano Alfonso Cano[8]. También se les niega el derecho a sepultarlos o a hacerlo dignamente. En la mitología griega, la tragedia de Antígona contaba la historia de una mujer que desafiaba la autoridad del rey Creonte –quien había ordenado que su hermano debería quedar insepulto y a merced de los animales carroñeros por un acto de rebelión, prohibiendo incluso llorarle- y da sepultura a su hermano. Este acto de desobediencia, del que no se arrepiente, le cuesta una horrible sentencia de muerte por parte del tirano[9]. La autoridad, así, castiga a la rebelión hasta en el más allá, proyectando su poder cuasi-divino sobre vivos y muertos. No les basta con matar al rebelde, sino que deben matarlo y rematarlo hasta en muerte. Por eso el Estado colombiano se apropia de los cadáveres de los guerrilleros caídos en combate, negándoselos muchas veces a sus propios familiares y tomándose el derecho a sepultarlos ellos mismos[10], si no a desaparecerlos, como ocurre con el cadáver del cura guerrillero Camilo Torres que hasta la fecha no aparece.

La comunidad de los Andes no solamente reclama su derecho a llorar y a enterrar dignamente a sus muertos, sino que además reclama su derecho a la memoria. “Queremos hacer un memorial. Hay una compañera que está coordinando eso, no sé si habló ya con ella. Acá hay mucha memoria y no podemos perderla”, nos dice el cuidador al momento de despedirnos.

Los muertos también se han convertido en un campo de batalla en Colombia. Cuanto tengamos, efectivamente, paz en los cementerios, es cuando la paz realmente termine de materializarse en Colombia. Cuando el cuerpo de Trofijo pueda encontrar un lugar definitivo de descanso, sin el temor de que paramilitares o el propio ejército lo exhumen para jugar fútbol con su cráneo, es cuando sabremos que realmente estamos en paz. Cuando los familiares puedan sacar a los guerrilleros que quedaron enterrados en cementerios escondidos en la selva y volverlos a sus veredas para despedirse humanamente de ellos. Dudo mucho que esto ocurra mientras no se derrote a esta oligarquía que ha gobernado desde los mismos orígenes de la vida republicana de Colombia, y que han sido los grandes responsables de todas las violencias. Del mismo modo que los vivos tienen derecho a la vida digna y plena en derechos, los muertos tienen derecho a descansar en paz. Sí, aunque suene raro, también necesitamos la paz en los cementerios.

José Antonio Gutiérrez D.
29 de Marzo, 2017



[6] Según una campesina, en testimonio recogido en el Bajo Putumayo, en Octubre del 2014, en el marco de mi rol como asistente de investigación al profesor Renán Vega en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, “todos somos seres humanos pero cuando se muere un soldado en un campo minado o se muere por un ataque de la guerrilla, todos dicen pobrecitos, y lo sacan por los medios de comunicaciones, y pobrecito y toda la vaina, y todo el mundo llora y a uno también le duele. Pero entonces cuando matan un guerrillero, entonces ahí todavía tienen el descaro de decir que le cortaron una mano, que lo llevaron o que quedaron ahí, si son seres humanos por qué hacen esa clase de publicidad si también es horroroso para uno saber porque son seres humanos los que se están matando, no son perros. En el bombardeo del campamento de Raúl [Reyes], nosotros supimos por cazadores que casi dos horas de ahí del campamento, donde fueron los bombardeos hacia adentro, hubo cazadores o personas que iban por ahí dentro a buscar animales que encontraron cuerpos de guerrilleras y de guerrilleros recostados en los palos que se murieron recostados, heridos, en esas partes de ahí, y son seres humanos y se quedaron por allá. Y eso nunca lo van a juzgar”.
[7] El testimonio fue recogido en Junio del 2016.
[9] La historia de Antígona sirve de inspiración al ensayo del sueco Roland Anrup “Antígona y Creonte. Rebelión y Estado en Colombia” (Bogotá: Ediciones B, 2011).


domingo, 26 de marzo de 2017

(VIDEO) La comunidad indígena nasa reclama justicia tras el asesinato del comunero Javier Oteca, en Corinto

Este fue el momento de la audiencia pública realizada en el parque principal de Corinto cuando la Guardia Indígena le hizo el callejón de honor al cuerpo sin vida del comunero Javier Oteca, asesinado en predios del ingenio Incauca Y quien todo el tiempo estuvo acompañado de sus familiares. Este emotivo momento precedió la lectura del manifiesto de los resguardos indígenas en donde exigieron que el crimen de este dirigente no quede en la impunidad.
El acto, que contó con la presencia de la Fiscalía General de la Nación, delegados del Ministerio del Interior y la oficina de Derechos Humanos representada en Beatrice Quadrant, y del defensor Regional del Pueblo, Norman Germán Granja, quien expresó que se deben encontrar los responsables de este asesinato lo más pronto posible.
La representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en la audiencia, Beatrice Quadrant, lamentó que este asesinato ocurra en medio de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
Los seis detenidos por su presunta participación en el aleve homicidio no pudieron ser entregados a la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas porque sus familiares se opusieron, argumentando que los trabajadores de la Hacienda Quebradaseca, perteneciente al ingenio Incauca, no eran los responsables del crimen de Javier Oteca.




Javier Oteca muere para vivir

POR: CEP Enraizando.

Hoy 22 de marzo a la 1:30 pm fue asesinado en la zona rural de Corinto el indígena y liberador de la Madre Tierra JAVIER OTECA. Este asesinato fue perpetrado por miembros de la seguridad privada de la hacienda Miraflores, con complicidad de Ejercito Nacional quienes, pese a que se encontraban a pocos metros del lugar donde fue baleado JAVIER OTECA, no hicieron nada por detener a los responsables sino que, por el contrario, cubrieron su escape.

Minutos después del asesinato fueron llegando poco a poco liberadores y miembros de la comunidad indígena quienes, en el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, se dieron a la tarea de retener a 6 trabajadores del Ingenio INCAUCA, que al parecer están relacionados con los hechos. Debe ser por todos conocido que a estas 6 personas detenidas se les ha tratado con el mayor respeto a su integridad física y psicológica, poniendo en práctica el reconocimiento de los derechos humanos que es propio de la comunidad indígena como, además, solo estarán retenidos mientras se esclarecen los hechos de manera que sea posible identificar a plenitud a los perpetradores materiales e intelectuales de este repudiable hecho.

El asesinato de JAVIER OTECA no es un hecho aislado hace parte de una cadena de asesinatos contra las comunidades indígenas nasa que obligaron a la Corte Constitucional a declarar a la comunidad Indígena Nasa en riesgo real de exterminio, con 23.200 violaciones a los derechos humanos, discriminados del siguiente modo: 20.800 desplazados, 650 homicidios, 550 heridos, 500 detenciones ilegales, 250 amenazas, 150 masacres, 100 desapariciones, 100 reclutamiento de menores, 60 actos de tortura, 15 actos de violencia sexual. Por su parte los procesos de Liberación de Tierra que iniciaron con fuerza desde 1971 fueron duramente reprimidos y decayeron después del asesinato de 20 comuneros y comuneras indígenas en la masacre del Nilo, el 16 de diciembre de 1991. En este nuevo ciclo de luchas, que inició desde el 2005, se han presentado una serie de asesinatos que intentan intimidar a las comunidades con el fin de detener los reclamos justos y organizados por la restitución de los territorios ancestrales, el primero de ellos fue Belisario Camacho, quien cayó muerto el día 10 de Noviembre de 2005 en la Hacienda el Japio, Pedro Poscué quien fue asesinado el día 16 de mayo del 2006 en la María Piendamó, Lorenzo Largo Dagua, quien fue asesinado el 29 de noviembre del 2007 en la Hacienda la Emperatriz y, por último, se encuentra el registro de Guillermo Pavi, joven de 19 años quien fue asesinado por dos disparos de bala el día 10 de abril del 2015 en la Hacienda la Emperatriz. A esta serie de asesinatos se suma la muerte de JAVIER OTECA.

Todos los hechos de violencia contra las comunidades indígenas Nasa se encuentran hoy en la impunidad, el Estado Colombiano no solo ha fallado en su obligación de impartir justicia sino que, además, es responsable material de dichas muertes.

Para el día de mañana las comunidades indígenas de Corinto convoca a una audiencia publica con el fin de abrir un espacio de encuentro, denuncia y solidaridad frente al asesinato de JAVIER OTECA.

En estas lamentables circunstancias se hace un llamado de solidaridad con a las organizaciones sociales y populares para que denuncien estos hechos, como para que estrechen los lazos activos de ayuda mutua para presionar para que estos hechos no queden en la impunidad, de lo contrario se deja la puerta abierta para que estos hechos continúen repitiéndose.

https://soundcloud.com/…/declaracion-sobre-el-asesinato-del…

¡La sangre del pueblo jamás será olvidada! ¡Ni perdón a los asesinos, no olvido a los caídos!

lunes, 13 de marzo de 2017

“Cualquiera sabía que esto era un infierno”: familiares de las 34 niñas muertas en Guatemala

Guatemala. El dolor se apoderó de centenares de personas en Guatemala tras el incendio ocurrido el miércoles 8 de marzo en un albergue de menores que, al momento ha dejado al menos 34 niñas y jóvenes fallecidas, mientras que 21 permanecen hospitalizadas por quemaduras en el cuerpo. 


Cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, Guatemala vivió una tragedia. Un incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, que según las investigaciones causaron las propias internas para intentar escapar de una situación de violaciones y vejámenes, trajo el luto al país.

Las menores que siguen internadas presentan quemaduras de hasta cuarto grado, por lo que la mayoría de ellas, de entre 12 y 17 años, está en estado grave y el riesgo de mortalidad es alta.

En el albergue residían 748 niños, niñas y adolescentes, lo cual casi duplica la capacidad del espacio calculado para 400 personas.  Al menos 34 niñas resultaron muertas y otras tantas resultaron heridas gravemente al producirse un incendio en el centro de protección de menores de Guatemala.  Las jóvenes intentaban realizar una protesta en el marco del 8 de marzo, día internacional de la mujer, por los abusos sexuales y físicos que sufrían.

Según ha informado la prensa guatemalteca el fuego fue provocado por las mismas niñas y adolescentes cuando incendiaron colchones buscando visibilizar lo que ocurría al interior del Hogar Virgen de la Asunción. El defensor de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) del estado guatemalteco confirmó la información.

Sin embargo, uno de los muchachos del sector para hombres que logró escapar, Daniel de 16 años, logró relatar a periodistas de agencias internacionales que las niñas fallecidas estaban encerradas en una escuela bajo llave después de una revuelta que se organizó ayer, cuando 40 muchachos intentaron escapar, pero fueron detenidos y reinstalados en el lugar.

Las razones de las niñas para amotinarse en el Hogar Seguro*

“Los adolescentes estaban sancionados por extorsión. Las niñas tenían objetos punzocortantes escondidos en el pelo. Agotamos el diálogo con las niñas. No podíamos aceptar un informe que dice que ese lugar es un gallinero en donde se tortura a los niños. Considero que la causa del amotinamiento, porque no les gusta la comida, no era válida. No hubo negligencia. No voy a presentar mi renuncia como Secretario de Bienestar Social. El Presidente ordenó anoche a la policía que encontrara y regresara a los 60 adolescentes fugados. El problema es que los jueces mezclan a los niños que han cometido delitos con niños abandonados por sus familias. Pedimos al Ministerio Público que investigue pero no responsabilizamos directamente a nadie. El Presidente no vino a participar en la conferencia porque está atendiendo asuntos urgentes de la nación. Se termina esta conferencia de prensa”.

Así explicó el Gobierno de Guatemala a sus ciudadanos lo ocurrido la mañana del 8 de marzo de 2017 cuando unas niñas y adolescentes se amotinaron en la casa hogar gubernamental en la que vivían. Las niñas se amotinaron y prendieron fuego a unos colchones en unas habitaciones para que las dejaran salir. No las dejaron salir y murieron calcinadas. En ese momento eran 19 las que murieron. Hasta ahora van 34

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción queda en una colina a 6 kilómetros del inicio de la Carretera a El Salvador, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de Guatemala. Está en el municipio de San José Pinula, rodeado por bosques y barrancos que han servido de escondite para más de 100 niños y adolescentes que escaparon durante el último año de lo que debería ser su casa pero que ellas y ellos consideran una cárcel.

Las niñas no se amotinaron porque no les gustara el sabor de la comida.
Son las 11 de la mañana de ese miércoles. El Hogar Seguro está rodeado de llanto. De madres, padres y abuelas que llegan a preguntar si sus niños están con vida.

¿Por qué delito están allí esos niños y niñas y adolescentes? Algunos fueron reclutados por las pandillas para el robo, la extorsión o el asesinato. Otros cometieron la insolencia de pertenecer a una familia que los abandonó a la calle, a un padre que les pegaba hasta que un vecino llamó a la policía. A una red que las prostituía siendo niñas. A unos padres que no supieron que hacer cuando vieron que su hijo tenía capacidades especiales. Otros nacieron allí, hijos de adolescentes violadas por sus compañeros o sus maestros o los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social. Todos juntos suman más de 800 bebés, niños y adolescentes viviendo en un lugar con capacidad para 500.
Una señora sube con los ojos llorosos. Le preguntamos si busca a un hijo y nos dice que no, que es una vecina. Que ayer subió cuando escuchó que habían problemas, que vio como las niñas, tiraban piedras a sus maestros y a los policías mientras gritaban:
– Viólennos aquí, delante de todos. Vengan a violarnos pues, si eso quieren otra vez.
La señora sigue con los ojos llorosos.
– Ésta fue una rebelión de niñas. Cualquiera que viva aquí cerca sabe que esto es un infierno.
El infierno no es una metáfora.

“Ustedes no salen de aquí hasta que me hagan sexo oral”, ordenó el maestro Edgar Rolando Diéguez Ispache a los estudiantes de 12 y 13 años de edad, cuando éstos pretendían salir del salón en el que recibían los cursos de quinto y sexto primaria. Ninguno logró salir ni evitar el abuso sexual. Las violaciones ocurrieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, según la Fiscalía de Santa Catarina Pinula del Ministerio Público (MP), contadas en un reportaje del periodista José David López en Plaza Pública en octubre de 2016, hace cuatro meses.

El reportaje narra el terror. El mismo maestro ordenaba a alumnas y alumnos caminar desnudos frente a sus compañeros en el salón de clase. Uno de los albañiles, José Roberto Arias Pérez, violó a una niña con retraso mental. Un supuesto trabajador, descrito en una de las 28 denuncias a la Secretaría de Bienestar Social como Joseph, obligaba a las niñas a tener relaciones sexuales con él y las sacaba del hogar.

Diéguez Ispache está en juicio. Arias Pérez fue condenado a 8 años de prisión. Joseph probablemente todavía trabaja en el Hogar Seguro.




martes, 28 de febrero de 2017

“No es solo sembrar semilla, es sembrar pensamiento”, en memoria de Augusto Tyhuasuza

“Es desde esta visión que se hace pertinente salvaguardar la Memoria, volver la mirada a nuestro Territorio como un proceso de ordenamiento de las relaciones vitales, donde el individuo reconozca y se reconozca como un ser que ha relacionado su existencia en torno a esas huellas indelebles del pasado indígena que subsisten en nuestro mestizaje y que hoy se pretenden desdibujadas o convenientemente olvidadas”- Augusto Tyhuasuza, 11 de Julio de 2013.Hace cerca de dos años y medio la sabana de occidente se despertó con una persona menos, un luchador menos por la libertad…


En Julio de 2014, cerca de su casa en Facatativá y con escasos 42 años, fue ultimado con varios disparos por la espalda Augusto Tyhuasuza, indígena muisca y activista social de los municipios de la sabana de Bogotá, territorio ancestral y que ha sufrido los grandes estragos de un modelo metropolitano de miseria, que desplaza las oportunidades y ordena los privilegios del centro hacia afuera.

Augusto fue militante del histórico Proyecto Cultural Alas de Xue, referente libertario por obligación a la hora de hablar del anarquismo contemporáneo en Colombia, así como uno de los impulsores del llamado “anarco-indianismo”, síntesis que buscaba lo libertario dentro del indianismo y meterle indianismo a lo libertario. Además de ello, fue un organizador del proceso de recuperación de memoria muisca en cabildos como Cota o Suba, así como en municipios cómo Facatativá y Tibaitatá (hoy conocido como Madrid), donde de la mano con diferentes procesos sociales y populares venía haciendo el trabajo de reconstrucción territorial de la memoria propia, a través de procesos de formación y semilleros de investigación.

Siendo un mayor (sabio) y un gran poeta, sus intervenciones estaban cargadas de sabiduría y simbolismos, de referencias a los mitos creacionales chibchas, de la lucha de los zapatistas y los mapuches, de lo que nos enseñaban los compañeros indígenas en el Cauca y en la Sierra Nevada de Santa Marta, del recuerdo de las decenas de disturbios que tuvo que vivir en las universidades y calles de Bogotá y la Sabana, así como de su gran experiencia que nos hablaba a los más jóvenes de mirar nuestras ideas con crítica, sin adulaciones y sabiéndonos desprender de los dogmas que nos retrasan.

La muerte de Augusto pasó por lo bajo de los círculos anarquistas, quienes en ese momento sufrían otra lamentable noticia: el suicidio de Sergio Urrego en el centro comercial Titán Plaza. Para entonces, cuando se cumplían escasos días del asesinato de Augusto, se llevaba a cabo el Encuentro Anarquista de Bogotá y Pueblos de la Sabana, donde varias compañeros, amigos o simplemente conocidos de Tyhua, como le decíamos con cariño a Augusto, llamábamos la atención sobre su caso y la poca atención que estaba teniendo por parte del movimiento libertario, mientras la asociación de cabildos muiscas y la ONIC se apresuraron a sembrar su memoria.

El miedo se apoderó de muchos de nosotros, quienes bajo la amenaza latente del peligro de morir por luchar, hicimos lo poco que se pudo para mantener viva su memoria, y sin embargo hasta ahora ha sido insuficiente. Este corto texto es un pequeño pago a la deuda con la historia, con la memoria y la dignidad, esa historia de tercos que no los cansa ni la muerte, de esos tercos que luchan contra quienes anteponen su proyecto de muerte frente a quienes reclamamos, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra, vida digna:

Augusto era un gran estudioso, a pesar de no haber culminado ninguno de sus estudios universitarios que empezó en las universidades Distrital, Pedagógica, Nacional y Pedagógica Tecnológica de Tunja, en la mayor parte de ellas interesado por las Ciencias Sociales y la Historia. En este paso por el movimiento universitario de entonces, donde las ideas libertarias parecían tener gran influencia, pudo establecer los cimientos de su vida y la necesidad de articular el estudio, la investigación y la memoria con las luchas populares. Desde muy joven participó en el movimiento anarquista, ingresando a sus 17 años al Proyecto Alas de Xue, donde militó por varios años hasta su práctica disolución. A pesar de lo complicado que parecía para entonces, incluso con los recelos de parte de diferentes procesos anarquistas de Europa que miraban con prejuicio a diferentes movimientos indígenas que defendían concepciones propias de nación y cultura, Augusto rápidamente encontró puentes entre el pensamiento muisca y el libertario. Sin embargo, su preocupación nunca fue encasillar el proceso muisca dentro de las etiquetas anarquistas, sino por el contrario, ver que podía aportar cada mirada de manera mutua y sincera.



A 80 años de Jarama, recordando al internacionalista irlandés Charlie Donnelly

José Antonio Gutiérrez D. 
27 de Noviembre, 2017

Hace exactamente 80 años, un día como hoy, terminaba uno de los enfrentamientos más cruentos de la Revolución Española, la Batalla de Jarama. Se calcula que en total unas 17.000 personas perdieron la vida, 10.000 de ellos combatientes del bando republicano que lucharon hasta la última gota de su sangre para frenar el avance de las hordas fascistas de Franco, respaldadas por Hitler y Mussolini. De esos combatientes, 2500 eran internacionalistas que venían de distintos puntos del planeta para contribuir a una lucha que bien lo entendieron, era global. Uno de ellos, era el joven Charlie Donnelly (Cathal Ó Donnghaile en irlandés), poeta, socialista, republicano, muerto a la tierna edad de 22 años. 

Charlie Donnelly nació el 10 de Julio de 1914 en un pequeño poblado rural en el condado de Tyrone, en el Norte de Irlanda, llamado Killybrackey, cerca de Dungannon. La rebelión corre profunda en las venas de ese territorio que eventualmente, en las décadas de 1980-1990, se convertiría en el corazón de la resistencia republicana en contra de la ocupación británica. Nació en una familia de siete hermanos, su padre era un pequeño comerciante. A temprana edad, Charlie se acercó a las letras. Estudiaba en la escuela de los Hermanos Cristianos en Dundalk, condado de Louth, cuando comenzó a colaborar en la revista Our Boys (Nuestros Muchachos) de los Hermanos. 

Un año después de la muerte de su madre, acaecida en 1927, Donnelly llega a vivir a Dublín con su familia, en los sobrepoblados barrios populares del área de Mountjoy Square, donde las paupérrimas condiciones de vida que tuvo que presenciar, así como el contacto con miembros del ala izquierda del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y del grupo socialista Saor Éire (Irlanda Libre), lo convirtieron en un rebelde, lo que le valió ser expulsado del colegio católico al que asistía. Después de haberse iniciado en el oficio de carpintería, logró entrar a hacer estudios universitarios en Historia, Irlandés, Inglés y Lógica, en UCD en 1931. Destacó como un prometedor poeta juvenil en diversas publicaciones literarias estudiantiles. Su actividad política, lo hizo alejarse de sus estudios, participar en numerosas actividades de agitación obrera y enfrentarse a los Blueshirts (camisas azules) en interminables luchas callejeras. En 1934 participó en la formación del Congreso Republicano, que agruparía a los sectores socialistas del antiguo IRA, encabezados por Frank Ryan, George Gilmore y Peadar O’Donnell (cuyo nombre hoy es reivindicado por el Foro Socialista Republicano Peadar O’Donnell). Ahí Donnelly utilizó sus dotes literarias para contribuir en el periódico, llegando por sus dotes como organizador a integrar el Comité Ejecutivo Nacional de esta organización. En esta organización Donnelly también se enamoró de otra militante republicana, Cora Hughes. Luego de un breve período en la cárcel, en 1935 terminó por irse a Londres donde trabajó con la sección londinense del Congreso Republicano. 

Dos años más tarde, convencido de que, como decía el anarquista español Buenaventura Durruti, “al fascismo no se le discute, se le destruye”, es que terminó junto a muchos de sus compañeros del Congreso Republicano uniéndose a las filas republicanas españolas para derrotar la sublevación fascista del general Franco. Otros irlandeses también llegaron a tierras ibéricas, los Camisas Azules, para apoyar al fascismo, liderados por Eoin O’Duffy –no debemos jamás olvidar que esta rama fascista en la política irlandesa, fue una de las vertientes que llevaron a la conformación del actual partido de gobierno de la República de Irlanda, Fine Gael. Donnelly había peleado con ellos en Irlanda, y siguió peleando con ellos en tierras ibéricas. Se unió en Enero de 1937 a la Columna Connolly que reunía a los combatientes republicanos irlandeses, comandados por Frank Ryan, columna adscrita a la XV Brigada “Abraham Lincoln”. 

El 27 de Febrero, Donnelly participa en un ataque frontal hacia las posiciones fascistas en el Cerro Pingarrón, donde, según él mismo dijo, “hasta los olivos sangran”: ahí fue alcanzado tres veces por el fuego enemigo. Su cuerpo, recuperado por su camarada Peter O’Connor, terminó en una fosa común de combatientes republicanos internacionalistas. Hasta en su muerte, fue uno con sus compañeros de lucha. 

En su memoria el grupo Amigos de las Brigadas Internacionales de Irlanda (FIBI), con el apoyo del Foro Republicano Socialista “Peadar O’Donnell”, realizaron un homenaje a este luchador, y a través de él, a los innumerables combatientes por la libertad y a la causa por la que vivieron y en muchos casos, murieron. El acto se realizó en Dungannon los días 24 y 25 de Febrero. Fue una ocasión para aprender, reflexionar, juntarse, recordar y explorar la historia mirando hacia el futuro. El primer día Feargal Mac Bhloscaidh y Tommy McKearney hicieron un recuento de la historia del movimiento obrero y del republicanismo de izquierda en Tyrone. El segundo día, se depositaron flores en el memorial a Charlie Donnelly en Killybrackey, para luego tener unas presentaciones sobre la vida de Charlie Donnelly, discusiones sobre el imperialismo en el siglo XXI a cargo de Eddie Glackin, Declan Bree y Patricia Campbell, discusiones sobre la construcción de una nueva república a cargo de Ciarán Perry, Thomas Pringle y la conocida luchadora de Derry, Bernadette McAliskey. Entre los invitados, tuvimos la oportunidad también de contar con la presencia de dos compañeros venidos desde Madrid para la ocasión: José Manuel Castro, del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y Severiano Montero, de la Junta de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI). Ambos compañeros, en sus intervenciones, recordaron la relevancia de la lucha internacionalista ante un mundo cada vez más globalizado. Su presencia, fue testimonio de esa solidaridad que no conoce de fronteras. La jornada cerró con un video documental sobre los crímenes de Tony Blair presentado por el parlamentario británico George Galloway. 

En vista al avance de la ultra-derecha en todo el territorio europeo, en medio de una creciente intolerancia que se traduce en seres humanos ahogados en el Mare Nostrum (Mediterráneo), de una islamofobia galopante que el fétido espectro del fascismo utiliza para darse aires de respetabilidad nuevamente, el ejemplo enternecedor de hombres y mujeres como Charlie Donnelly, que lo arriesgaron y lo dieron todo para frenar la pesadilla fascista en seco resuena como un poderoso eco y su ejemplo los hace aparecer ante la historia como gigantes. Aunque los tiempos sean otros, los principios que los animaron y que nos siguen animando, son los mismos. Nunca antes creo que el ejercicio de la memoria ha sido tan necesario como lo es ahora. 

domingo, 26 de febrero de 2017

LA FUNDACIÓN DEL CRIC Y LA LUCHA INDÍGENA DEL CAUCA EN LOS AÑOS 70

La extensión de la propiedad terrateniente en los 60, como la dominación del terraje, fueron los detonantes de las procesos de resistencia que desembocaron en la creación del CRIC en 1971. 

En el Norte del Cauca el proceso de reforma agraria impulsado desde el INCORA abrió espacios de discusión y reflexión colectiva de campesinos e indígenas, articulados en la ANUC, sobre el derecho a la tierra y la reforma agraria. Además, militantes importantes no indígenas, como el sacerdote Pedro León Rodríguez y Gustavo Mejía, impulsaron procesos de lucha por la tierra entre campesinos e indígenas que permitió alcanzar un cúmulo de experiencias de organización popular que poco tiempo después serían importantes para la conformación del CRIC . Gustavo Mejía fundó para 1970 el Frente Social Agrario, FRESAGRO e impulsó las dos primeras asambleas del CRIC, su compromiso con la lucha por la tierra llegó a su fin cuando fue asesinado en Corinto el primero de marzo de 1974 . Por su parte Pedro León Rodríguez, conocido como el “cura rojo”, participó en procesos de lucha por la vivienda en Corinto, estuvo activo en los procesos de ocupación de tierra en Santa Elena y fundó el movimiento Unidad Popular que posteriormente se articuló a FRESAGRO luego, tras la formación del CRIC, convocó a los sacerdotes del Cauca a dar apoyo a la nueva organización. (1)

Otra vertiente de experiencias de lucha y organización que alimentó la creación del CRIC fue la lucha guámbiana por la liberación del Gran Chiman, en Silvia. En 1962 los Guámbianos fundaron el Sindicato Gremial Agrario de las Delicias, afiliado a la Federación Agraria Nacional luego, para acceder a un crédito agropecuario que les permitiera comprar la finca San Fernando, se trasformaron en la Cooperativa Agraria las Delicias. Desde la casa central de la finca empezaron un proceso de educación popular de los terrajeros del Chiman, poco a poco organizaron a la comunidad indígena e impulsaron la liberación de las tierras en Silvia . La experiencia de lucha por la tierra se expandió a Jámbalo y otros municipios del Cauca y, para 1970, conformaron el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Oriente Caucano cuya plataforma de lucha fue recuperar las tierras indígenas, respeto a las costumbres culturales, exigir el reconocimiento de sus autoridades, no al terraje y a toda forma de explotación del trabajo, participación política del movimiento, elevar el nivel social de las comunidades, ser escuchados por el gobierno nacional y respeto. (2).

Para los años 60 muchos cabildos del Cauca eran instituciones subordinadas a los intereses de terratenientes, políticos y la iglesia, de manera que, en ese momento, no existía un medio adecuado para adelantar la lucha por la tierra de los terrajeros. Era necesaria la construcción de una organización independiente a los cabildos para enfrentar el dominio terrateniente. La creación del CRIC en febrero de 1971 ofreció respuesta a esta necesidad de organización y lucha (3) .

Tanto las experiencias de organización de los indígenas Nasa articulados con el movimiento campesino en el norte, como el proceso de Guámbiano en Silvia en el oriente, desembocaron en la conformación del CRIC. Gustavo Mejía convocó a una reunión en San Fernando Silvia, con el fin de articular las experiencias de lucha, que hasta entonces se encontraban dispersas, en una nueva organización independiente de campesinos e indígenas, allí confluyó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Oriente Caucano, las organizaciones indígenas y campesinas del Norte del Cauca aglutinadas en FRESAGRO y la ANUC, como autoridades de cabildo y comuneros de los resguardos de Tacueyó, Toribió, San Francisco y Jambaló. En la reunión Gustavó Mejia propuso el nombre del CRIC para la nueva organización y la asamblea acogió, como plataforma de lucha, los 7 puntos de la plataforma del sindicato. Por su parte los cabildos de Caldono, Pioya y Pueblo Nuevo se negaron a participar en una organización en la que confluían procesos campesinos . Después de esta reunión la tarea fue recorrer todos los territorios y resguardos indígenas del Cauca para convocar a la reunión fundacional de la nueva organización. (4)

La asamblea constituyente del CRIC se realizó en Toribio el 24 de febrero de 1971, en ella participaron más de 2000 indígenas, confluyeron los cabildos de Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Pitayó, Quichaya, Quizgó y Guambía, de igual forma existió acompañamiento de organizaciones campesinas. La asamblea estableció allí los cuatro puntos centrales de lucha que se mantienen vigentes desde entonces unidad, cultura, tierra y autonomía. Como plan de acción se estableció la exigencia de expropiación de las tierras que eran de los resguardos y entrega de los títulos a las comunidades, ampliación de los resguardos a través del INCORA, modificación y rechazó de la ley 89 de 1890 que trataba a los indígenas como menores de edad, participación de los indígenas en la modificación de las leyes, eliminación de la División de Asuntos Indígenas, no al terraje y creación del CRIC.

En la primera asamblea del CRIC se presentó un fuerte rechazo a la ley 89 pero, para el mismo año, se encontraron manuscritos dejados por Manuel Quintín Lame en un rancho al sur del Tolima, que fueron recogidos en el documento conocido como “En defensa de mi raza,” de él se llevaron 100 ejemplares a la segunda asamblea del CRIC, realizada en la Susana Tacueyó, el 6 de septiembre de 1971. La influencia de los manuscritos de Quintín hizo que la asamblea transformara su posición frente a la ley 89, ya que esta, pese a tener elementos racistas, sin embargo garantizaba el carácter inalienable de las tierras de los resguardos y reconocía la jurisdicción de las autoridades indígenas en sus territorios. De allí en adelante se introdujo, dentro de la plataforma de lucha del CRIC, “hacer conocer las leyes indígenas” y utilizarlas a favor del movimiento en lucha por la tierra .(5)




jueves, 19 de enero de 2017

En 2017 no cesan los crímenes contra líderes sociales en Colombia: ya van seis en el año

Seis dirigentes sociales han sido asesinados en lo que va corrido del 2017. El primero de estos hechos se presentó el 31 de diciembre en el municipio de Balboa, departamento del Cauca, en donde le dispararon a Yaneth Alejandra Calvache hasta causarle la muerte. Esta mujer era integrante del movimiento Marcha Patriótica, defensora de derechos humanos y hacía parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos del municipio de Balboa, Cauca.

El 6 de enero del presente año en la zona rural de Caloto, fue asesinado el dirigente del Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano Olmedo Pito García. A su sepelio asistieron las comunidades indígenas, que solicitaron celeridad en la investigación de este caso.

A pesar de las advertencias hechas por las organizaciones sociales, siguen estos crimenes. En el departamento del Cesar fue asesinado el presidente de la Asociación Apícola de la vereda El Hatillo, Aldemar Parra García.

El paramilitarismo continuó su rastro de muerte y el 9 de enero hombres pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia asesinaron en el departamento del Chocó a Moisés Mosquera de 30 años y a su padre, Juan de la Cruz Mosquera, de 52 años. Ambos eran hermanos de una guerrillera de las Farc que hace su tránsito hacía la vida civil. La denuncia fue hecha por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

El último hecho que lamentar de esta ola de asesinatos contra líderes sociales en el país se presentó en Carepa, Antioquia. Allí murió, resultado de varios impactos de bala recibidos, el dirigente agrario José Yimer Cartagena, quien también era integrante de Marcha Patriótica.

Cuando se realizaba el sepelio de este líder social, los integrantes de esta colectividad en Córdoba Luis Carlos Herrera, presidente de Asodecas, Iván Ojeda defensor de derechos humanos, y Alexander Arteaga, fueron amenazados.

A pesar de estas muertes, el gobierno colombiano en cabeza del ministro de defensa Luis Carlos Villegas ha negado que haya paramilitarismo en Colombia y en particular que exista un plan de exterminio contra el movimiento político Marcha Patriótica. Afirmación que ha sido rechazada por los dirigentes de esta colectividad.




domingo, 8 de enero de 2017

Recordando a César Roa, luchador de la caña

El 2016 cerró con una noticia que pasó prácticamente desapercibida en los medios, pero que a muchos nos golpeó muy duro. El miércoles 28 de diciembre, el compañero César Augusto Roa Carvajal, iba en su moto por Mosquera, Cundinamarca, cuando a las 10:30pm perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste. Para los medios, era sencillamente uno más de los muertos en esa vía, el cuarto en la semana. Para nosotros el que había muerto era también un compañero excepcional, que había destacado en la lucha de los corteros de caña en el Valle del Cauca en el 2008. 

Cesar nació en Palmira, pero vivió casi toda su vida en Cerrito. Había entrado a trabajar al ingenio Providencia en el 2003, a través de un contratista, desempeñándose en oficios varios: fue alzador de caña, y se desempeñó, sobre todo, como guardavía. Pese a ser oficios varios –o ministra, como les dicen en el sector- participó activamente en las luchas contra los contratistas en los paros de corteros en el 2005 y luego en el 2008 en contra de las Cooperativas de Trabajo Asociado, en aquella histórica y emblemática huelga que fue una auténtica escuela para toda una generación de luchadores. En esos años participó en la formación de la sección de SINALTRAINAL Pradera, la cual tuvo un efímera existencia, disolviéndose hacia el 2011, organización en la cual fue tesorero. Después de la disolución del sindicato y con la arremetida patronal en el sector azucarero, donde se combinó la mecanización con la neutralización de los dirigentes que habían mostrado mayor combatividad, César tuvo múltiples problemas en la empresa, hasta que la abandonó. Es así como terminó en Cundinamarca, en busca de nuevos rumbos.

Su partida, con apenas 34 años, nos priva no solamente de un gran compañero, sino que además, de un depositario de la historia viva de las luchas populares recientes. Quienes lo conocimos, nos sorprendimos siempre de la agudeza de su análisis, de la profundidad de sus conocimientos empíricos y de la firmeza de su convicción, amén de sus cualidades humanas. Las palabras que nos hizo llegar Juan Cambindo, otro gran dirigente de aquel paro de los corteros, resumen un sentir compartido entre quienes lo conocimos:


“Los compañeros que conocimos a César Roa lo recordaremos siempre como ese líder que, con su trabajo silencioso, constante, desinteresado, fue un invaluable aporte para que los corteros de caña fueran conocidos y respetados como personas, no como herramientas desechables que se usa y se botan. Un compañero que a pesar de su juventud demostró, con hechos, tanta madurez en los quehaceres de la lucha. 

Indudablemente, es un golpe muy duro para los que le apostamos a trabajar por un país diferente. La ausencia física del compañero César nos afecta enormemente a todos los que luchamos hombro a hombro junto a él, esperanzados en ver ese nuevo amanecer de libertad, pero estamos convencidos que, donde quiera que se encuentre, puede descansar tranquilo, que los hombres que cumplen un papel como el que asumió el compañero, pueden marcharse tranquilos que por su legado vivirá por siempre.

Un hombre que sin pedir nada a cambio desafió el peligro que implica contradecir al sistema sólo esperando la única recompensa, la de conquistar unas mejores condiciones de vida para los trabajadores de la caña de azúcar y de Colombia. 
Lo más importante de César: buen amigo, buen compañero, excelente ser humano. Descansa en paz hermano, tus hechos demostraron que no pasaste en vano por este mundo.

Hasta la victoria siempre compañero, personas como tú nunca mueren, viven por siempre en cada compañero.”

El paro de los corteros en el Valle del Cauca en el 2008 fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en las luchas populares de las últimas décadas. Al calor de esa lucha se fraguaron dirigentes extraordinarios, personas cuya calidad humana fue excepcional. No cabe duda que César fue uno de ellos. Desafortunadamente, el sectarismo en los procesos populares, la falta de visión, la incapacidad de la izquierda para renovar liderazgos y para producir liderazgos colectivos al calor de las luchas sociales, la debilidad del sindicalismo, la escasa tradición organizativa en el sector, todos estos elementos conspiraron para que, al poco tiempo, se atomizara y dispersara aquel formidable movimiento de algunos de los trabajadores más explotados y oprimidos del país, enfrentaran a la oligarquía azucarera valluna, la más dinámica, mezquina y arrogante de Colombia. Sin embargo, ningún momento histórico se agota en sí mismo, y las lecciones de ese momento en particular son, o debieran ser, parte de la rica herencia de luchas y resistencias del pueblo trabajador colombiano.

Como una humilde contribución, entrego parte de una entrevista más amplia realizada el año 2015 con César, como parte de un proyecto que estamos adelantando con el profesor Renán Vega Cantor de recuperación de la historia social de los corteros de caña. En ella, Cesar explica en sus propias palabras su trayectoria, la problemática de los corteros de caña y su compromiso vital con la causa de los trabajadores y la construcción de un mundo más justo.

domingo, 18 de diciembre de 2016

Crítica a la noción de víctima

En los últimos años en Colombia se ha impuesto el término víctima, para referirse a todos aquellos afectados de alguna forma por el conflicto armado interno que ha vivido nuestro país en los últimos setenta años. El vocablo se repite de manera mecánica por periodistas, académicos, violentólogos -ahora convertidos en pazólogos- en momentos en que, al vislumbrarse el fin del conflicto armado con las FARC-EP- se supone que es la “hora de las víctimas”. 

Por víctimas en Colombia suelen entenderse, en esa versión cuasi-oficial que se ha impuesto, dos cosas: se denota con esa palabra a los que han sido afectados por la acción de la insurgencia (porque prácticamente ningún otro sector tendría responsabilidades en el conflicto ni produciría “víctimas”), incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas; y los que son declarados como víctimas han sido transformados en seres pasivos y desprovistos de cualquier proyecto alternativo de sociedad, se reducen a simples individuos resignados, sin utopías ni ideales que expliquen sus acciones.

Se supone, con esa lógica, que la víctima es inocente, de donde se deduce que no puede haber víctimas que sean “culpables”. Si se entiende por ello a alguien que murió y sufrió por ser, a modo de ejemplo, militante político o miembro de un grupo insurgente, no puede ser catalogado de inocente. En el caso mencionado sería culpable y sobre él puede recaer no solo el peso del terrorismo de Estado sino su desaparición de la historia y de la memoria, ya que se atrevió a levantarse contra los poderosos. La rebelión como derecho legítimo de los pueblos y de los seres humanos desaparece porque la misma volvería culpables a quienes la llevan a la práctica.

La utilización genérica de la noción de víctima desfigura el sentido de la rebelión y la lucha que se ha librado en Colombia. Por ello, sería mejor hablar de "vencidos" y no de víctimas, si se tiene en cuenta que los vencidos encarnan un proyecto, murieron y fueron torturados o desaparecidos por representar ese proyecto, otro mundo por el que dieron su vida. En ese sentido, no son víctimas, porque no fueron pasivos. Su lucha clama por la solidaridad histórica e intergeneracional, por ese sentimiento fraternal que es la compasión, que es algo diferente a la lastima. Con los vencidos sentimos compasión y empatía, con las víctimas se experimenta lastima y conmiseración. Las víctimas son inocentes , los vencidos son culpables , porque han estado comprometidos con un ideal, el que han defendido, incluso con las armas en la mano, sin avergonzarse. En el mejor de los casos, cuando mucho podríamos hablar de “victimas responsables”, tal y como señala el sicólogo Gervasio Noailles: “La víctima responsable puede dejar de ser víctima”.

Una clara recuperación del compromiso que asumen los que se levantan contra el orden vigente y que son reprimidos brutalmente, se encuentra en el texto Elogio de la culpa, escrito por Juan Gelman, poeta, militante y luchador. En este texto, un testimonio sobre su joven hijo, que fue asesinado y luego desaparecido por la última dictadura argentina, en 1976, se afirma “ Mi hijo no era un "inocente". Le dolían la pobreza, la ignorancia, el sufrimiento ajeno, la estupidez, la explotación de los poderosos, la sumisión de los débiles. […] Hizo lo que pudo, callada, humildemente. De todo eso fue "culpable". ¿Y no fue por eso víctima de la dictadura militar? Repito la pregunta: ¿Hubo que ser "inocente" para tener acceso a categoría de "víctima de la dictadura militar"?

Como en el ejemplo mencionado por Juan Gelman, la victimización generalizada de estos días tiene la finalidad de negar el sentido histórico de la rebelión, incluyendo su expresión armada, de campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres pobres, escondiendo las causas de sus luchas, para convertirlas en seres pasivos y resignados, o en puros delincuentes cuyas acciones no tendrían ninguna explicación lógica ni justificación de ningún tipo. De esto se deriva que existe una diferencia fundamental entre la responsabilidad política de una decisión, aunque haya conducido a una derrota, y el ser víctima inocente de una maquinaria terrorífica, sin apuestas ni proyectos. En el primer caso hay razones que explican la rebelión, para oponerse a la injusticia, a la desigualdad, a la opresión y explotación. En el segundo desaparecen las razones, como si el terrorismo de Estado fuera ciego y no tuviera una explicación, lo cual da origen a un lenguaje sibilino que se ha impuesto en Colombia, donde se habla de los “violentos” en abstracto o de la acción de “fuerzas oscuras”.

Existe una gran distancia entre leer la historia de Colombia a la luz de las víctimas y a la luz de los vencidos, puesto que en el primer caso desaparece el escenario conflictivo de la estructura social para convertirse en un decorado en el que no hay resistencias ni luchas, sino solo masas anónimas, pasivas y silenciosas. En esa perspectiva, la historia se reduce a una dicotomía perpetua entre víctimas y victimarios (sin ninguna distinción de antagonismos de clase), lo que conduce a que las razones de la muerte de los humildes y perseguidos sean incomprensibles, como si fueran producto de una “violencia ciega” y sin nombre. El pasado visto así está desprovisto de cualquier signo de utopía y esperanza, por parte de los que son reducidos a su condición de “víctimas”.

Leer la historia desde la óptica de los vencidos supone algo completamente distinto. Es recordar y recorrer la lucha consciente de sujetos que buscaban su emancipación y la conquista de otro tipo de futuro, que se aventuraron a enfrentar la opresión y la explotación, y por eso fueron perseguidos con saña. Eso fue lo que hicieron los campesinos que se organizaron en autodefensas para oponerse a la violencia estatal-conservadora que intentó aniquilarlos en las décadas de 1940 y 1950, y de las que se desprenderían las FARC y lo que también hicieron miles de colombianos de campos y ciudades que en las décadas de 1970-1980 se movilizaron masivamente, y que en diversos proyectos políticos (Unión Patriótica, A Luchar) y con la participación de múltiples sujetos sociales (trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes…) vislumbraron otra Colombia, que rebasara a la falsa democracia, implantada finalmente a punta de motosierra a lo largo y ancho de nuestro país.

El Colectivo (Medellín), No. 14, diciembre de 2016



miércoles, 7 de diciembre de 2016

Víctimas rechazaron decisión de la alcaldía de iniciar exploración técnica en La Escombrera

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos dijeron que ésta es una decisión unilateral de la alcaldía de Medellín y afirmaron que se trata de un acto improvisado y arbitrario. Además anotaron que la administración municipal no ha tenido en cuenta la opinión de las víctimas en el proceso, ni ha construido un plan integral de búsqueda de desaparecidos. De la empresa Falcon High Tech, encargada de la prueba, advirtieron que su mayor experiencia es en actividades extractivas y no en la búsqueda de personas desaparecidas en escenarios complejos. Por ello pidieron detener las acciones de dicha compañía. 


A continuación se publica el comunicado de rechazo frente a esta nueva estrategia de la alcaldía de Medellín.

Comunicado a la opinión pública sobre los anuncios de la alcaldía de Medellín de realizar pruebas con alta tecnología en La Escombrera, comuna 13.

Las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y de trabajo forense, abajo firmantes, que hacemos presencia en la comuna 13, expresamos nuestro total rechazo e inconformidad ante el anuncio por parte de la alcaldía de Medellín del inicio de lo que se ha denominado “exploración con alta tecnología en el polígono dos de La Escombrera y el Cementerio Universal”. Iniciaron exploraciones para continuar búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

El pasado 30 de noviembre en horas de la tarde, las organizaciones de víctimas y derechos humanos fuimos convocadas por la alcaldía de Medellín a una reunión en la cual se nos informó que, como parte del plan de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, se ha decidido que la empresa española Falcon High Tech realice actividades de prospección utilizando alta tecnología en dos puntos de la ciudad: el Cementerio Universal y el polígono dos de La Escombrera. Específicamente dicha empresa acordó realizar el 1° de diciembre una “prueba técnica metodológica La Escombrera y Jardín Cementerio Universal” para la cual van a utilizar radares y perfilómetros con ondas de diferentes frecuencias.

En la reunión, los empresarios explicaron que Falcon High Tech es una “empresa internacional de geofísica especializada en la ejecución de trabajos para grandes empresas y organismos oficiales en el campo de la detección electrónica de alta tecnología”. Reconocen que nunca ha trabajado en escenarios complejos como las escombreras, pero aseguran tener la tecnología para ubicar exitosamente restos óseos.

Ante dicha información expresamos lo siguiente:
1. La decisión de convenir la realización de la prueba técnica con la empresa Falcon High Tech en La Escombrera y el Cementerio Universal fue tomada unilateralmente por la alcaldía de Medellín, sin contar con la participación de las organizaciones de víctimas y derechos humanos que hemos estado al frente del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente. En ningún caso fuimos consultadas y sólo se nos citó unas horas antes para notificarnos una decisión ya tomada y concertada con la empresa en cuestión. Esto no sólo desconoce los derechos de las víctimas y defensores de derechos humanos, sino que evidencia la falta de una verdadera política pública que tenga como centro el reconocimiento de sus derechos, en particular el derecho a la consulta de las decisiones que les afectan.

2. De la presentación de la empresa Falcon High Tech se evidencia que su trabajo gira alrededor de la industria extractiva y que por lo tanto tienen limitada experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo cuando ello implica acciones que no sólo requieren soluciones tecnológicas sino aspectos investigativos judiciales y forenses, y fundamentalmente un enfoque de derechos humanos. Para nosotros es claro que se trata de una empresa dedicada a la venta de servicios tecnológicos cuya intervención no asegura la articulación con un Plan de Búsqueda.

3. Lo más preocupante de esta situación es que la alcaldía de Medellín pretenda contratar una intermediación privada para la búsqueda de los desaparecidos, desconociendo que el proceso debe realizarse mediante la formulación e implementación de un Plan Integral de Búsqueda, el cual a la fecha no existe y ha sido imposible concretar a lo largo del año 2016, y que tiene que ser dirigido por la Fiscalía General de la Nación en concertación con las organizaciones de víctimas, derechos humanos y trabajo forense.



domingo, 20 de septiembre de 2015

La paz con justicia social se conquista en las calles

Los Diálogos de Paz que se celebran desde octubre de 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP han posibilitado que se abran importantes escenarios de discusión sobre temas fundamentales en el devenir de la realidad del país. La agenda establecida por las partes alrededor de temas como: desarrollo agrario integral, participación política, víctimas, cultivos ilícitos y fin del conflicto, así lo confirma. 

 Sin embargo, cuando estamos prontos a cumplir tres años del proceso de diálogos, es claro que la vía de la solución política al conflicto social y armado aún no divisa un puerto seguro de llegada. No solo porque se dialoga en medio de una fuerte confrontación armada que continúa inundando de sangre los campos y ciudades colombianas, sino porque además desde el gobierno Santos no se detiene la arremetida económica, política e ideológica contra obreros, campesinos pobres, pequeños mineros, estudiantes, intelectuales comprometidos, comunidades indígenas y afro descendientes, quienes diariamente vemos pisoteados nuestros anhelos de bienestar y dignidad. 

Lo cierto es que el Estado Colombiano ha impedido que aspectos de primer orden en la constitución de la sociedad colombiana como son: el modelo neoliberal, el régimen político y la doctrina militar sean abordados en los puntos que han sido discutidos hasta la fecha. En el escenario político, para Santos, Uribe, Vargas Lleras, Fajardo etc., pese las contradicciones entre  las distintas  fracciones burguesas que ellos representan ha sido de común acuerdo cumplir el lineamiento del Departamento de Estado (USA): No se negocia conterroristas. Al contrario, tienen claro que a  éstos se les persigue, somete y  neutraliza. Por lo tanto, al sentarse en mesas de diálogos asumen que no existen adversarios políticos, lo cual hace que el orden social sea incuestionable y, por ende, se niegue cualquier intento de construir un proyecto político alternativo que enfrente la hegemonía del capital transnacional. 

No es gratuito que desde los grandes medios de desinformación masiva, se esté imponiendo una visión de la democracia colombiana desde la matriz de análisis Gobierno - oposición, donde la oposición al gobierno de Santos es encabezada y gira entorno a Álvaro Uribe Vélez (AUV); quien es presentado como la única alternativa a las políticas estatales, de las cuales en realidad es artífice y beneficiario. Simplificaciones mediáticas que exacerban las pequeñas diferencias existentes entre ambos a la hora de aplicar el recetario neoliberal, el cual se basa principalmente en la entrega de las riquezas y recursos naturales a las multinacionales, así como el disciplinamiento y control de la toda la sociedad para que las ganancias de las mismas sean cada vez más escandalosas. 

No nos digamos mentiras. Es claro que al igual que en el pasado, los actuales diálogos de paz han sido pensados desde la óptica burguesa como una táctica para desactivar las múltiples resistencias que se dan en todo el territorio colombiano, con la firme intención de acceder a espacios y recursos naturales vedados históricamente por la organización popular. Es por ello que las fuerzas populares y democráticas debemos estar listas para conquistar con la movilización y confrontación abierta los derechos y libertades que se nos quieren negar en las mesas de interlocución, negociación y diálogo con el Gobierno.  Porque la paz son cambios surgidos de las luchas populares y no el vano silencio de los fusiles en medio de la prolongada miseria.


jueves, 3 de septiembre de 2015

La “reparación a las víctimas” como un nuevo mecanismo de despojo

El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas. Éste consiste en quitar sus posesiones a pobres que, supuestamente o en la realidad, se hayan beneficiado por acciones de la insurgencia, y entregarlas al Fondo de Reparación de las Víctimas. Mientras tanto se le quita a los pobres, no se ha tocado a uno sólo de los ganaderos ricos y terratenientes que han acumulado más de 7 millones de hectáreas robadas a sangre y fuego al campesinado durante las últimas tres décadas. Para estos latifundistas y agroindustriales, el gobierno ha inventado el eufemismo de “ocupantes de buena fe”. La buena fe, se sabe, es patrimonio de los ricos; los pobres siempre actúan de mala fe. 

Dos casos demuestran esta peligrosa tendencia. Por una parte, está la situación de cerca de 280.000 hectáreas en partes de los llanos del Yarí, San Vicente del Caguán y parte de Cartagena de Chairá (Meta y Caquetá) que serían, según las autoridades, fincas de las FARC-EP, compradas o adquiridas en territorios baldíos, actualmente en manos de testaferros[1]. Con total desparpajo, la estridente periodista española Salud Hernández, apologista del uribismo (y del paramilitar Carlos Castaño)[2], ha distorsionado la realidad colombiana al punto de hacerla irreconocible, afirmando, sin siquiera sonrojarse, que las FARC-EP, y no su círculo de asociados políticos, serían los terratenientes más grandes de Colombia[3]. Esto, en un país en el cual, según el Censo Agropecuario, el 41% de las 113.000.000 de hectáreas censadas, se encuentran en manos del 0,4% de los propietarios, mientras que el 70% de las Unidades de Producción Agropecuaria tiene menos de 5 hectáreas, ocupando apenas el 5% del área censada[4]. Con asombro, vimos un sensacionalista capítulo de “Los Informantes” en el cual se hacía un “reportaje” sobre las supuestas fincas de los insurgentes, así como la presunta utilización de indígenas en el área para hacerse de territorios. En él, entrevistaron a burócratas de toda laya, pero sin embargo, no se entrevistó a uno sólo de los propietarios afectados o a personas de esas comunidades[5]. Así de prolijo es el mediocre periodismo colombiano. Estas tierras, curiosamente, están en territorios que han sido solicitados para prospección petrolera[6].

El segundo ejemplo lo constituye el caso que hoy viven los vecinos del barrio Simón Bolívar en Planadas, Tolima, quienes fueron informados en Junio, durante un operativo desproporcionado e intimidatorio por parte de la DIJIN y de la Brigada Móvil 8 del Ejército, que sus viviendas serán incautadas por las autoridades para “reparar a las víctimas”[7]. El año 2000, según la Fiscalía, las FARC-EP habrían invadido esos terrenos baldíos y dividido los lotes para repartirlos entre personas sin vivienda, en su mayoría desplazados por el incremento de la violencia paramilitar en esa región de Tolima. Sin embargo, las propiedades fueron regularizadas el 2004, adjudicándose títulos de propiedad, llegando los servicios públicos y construyéndose las viviendas sólidas con el esfuerzo comunitario y con algún apoyo de la Fundación Carcafé. Hasta la fecha, las familias de 24 viviendas han sufrido de “secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo”, pero todas las 136 familias del barrio se encuentran viviendo una auténtica pesadilla porque saben que quieren arrojarlos a todos a la calle, incluidos los más de 300 niños que viven ahí. En las inmediaciones, se está ampliando el aeropuerto militar y ya al barrio lo tienen convertido en un ghetto enrejado. Cabe destacar que, debido al hecho que la mayoría de los habitantes del barrio han sido desplazados, este nuevo hecho constituye una re-victimización de esta población que se verá forzada nuevamente a desplazarse.

Estas acciones por parte del gobierno representan, ante todo, un simulacro de reparación cosmética donde, en realidad, no ha habido nada. La política de víctimas del gobierno ha sido un fiasco estrepitoso y mediante estas acciones, como siempre inclinadas exclusivamente hacia la insurgencia, buscan dar la apariencia de acciones justicieras mientras la injusticia sigue siendo la ley en todo el país. Esto representa, además, un castigo en contra de personas que han vivido en zonas de control o influencia guerrillera, en nada diferente a las doctrinas contra-insurgentes del pez y el agua con los cuales se abusó de la población civil durante buena parte del siglo XX y del XXI. No se puede ignorar la realidad del conflicto, ni que los movimientos insurgentes han construido legitimidad en vastas zonas del país, en muchos casos, desarrollando políticas sociales donde el Estado ha sido incapaz o no le ha interesado hacerlo. Que sean las FARC-EP las que hayan garantizado el derecho a la vivienda o a la tierra a sectores vulnerables, no es algo por lo cual se deba criminalizar a la población. Esta situación revela, una vez más, el nulo interés de Santos en solucionar las causas estructurales del conflicto, así como la naturaleza mezquina y revanchista de la oligarquía colombiana.

Lo más escandaloso del caso, es que el propio Santos se apoya desvergonzadamente en lo discutido en el proceso de paz para avanzar en la expropiación de campesinos. Según él, el Banco de Tierras contemplado en los acuerdos parciales de La Habana, creado con el fin de reparar a las víctimas del despojo, saldría de tierras que se incautarían en zonas de influencia insurgente[8]. Si así es como el Estado pretende interpretar mañosamente los acuerdos del proceso de paz, entonces el post-conflicto sería un festín para quienes se han enriquecido a manos llenas durante el conflicto, mientras que los pobres vivirán una violencia y un despojo sin precedentes. De seguir así las cosas, se vendría una paz a la guatemalteca, una paz más violenta que la guerra. Si se va a sacar de los pobres para, supuestamente, reparar a las víctimas, estamos entrando a un camino muy peligroso pero el cual es bien conocido por el gobierno desde la época de la guerra del trapo rojo con el trapo azul… el de poner a pobres contra pobres y reforzar esa guerra caníbal entre los más necesitados. Mientras los pobres se matan entre ellos, los ricos se hacen finalmente con las tierras y sus recursos naturales. A río revuelto, ganancia de pescadores dicen por ahí.

Dejar pasar esto, cruzarse de brazos ante esta infamia, tendría consecuencias terribles para la perspectiva de que el país pueda superar, efectivamente, el actual conflicto social y armado. Hace rato que los derechos humanos (o mejor dicho, una interpretación burda de éstos) vienen siendo utilizados por el gobierno colombiano como un arma más de la guerra contra-insurgente[9]. Pero esto es elevar esta doctrina a un nivel totalmente nuevo. La utilización del discurso de las “víctimas” para seguir adelantando el despojo en zonas de interés para el bloque dominante, es una de las cosas más graves que están ocurriendo en estos momentos en Colombia. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es una perversión del espíritu de todo lo que ha reclamado el movimiento popular colombiano, la cual servirá para seguir despojando, re-victimizando y desplazando a campesinos pobres, mientras que sigue la acumulación de tierras y riquezas por parte de los latifundistas y la élite dorada que rodea a Santos. Para esto, mejor sería no tener Ley de Víctimas.

José Antonio Gutiérrez D.
1º de Septiembre, 2015

martes, 11 de agosto de 2015

LA ESCOMBRERA: FOSA DE IMPUNIDAD EN LA GUERRA GLOBAL CONTRA LOS PUEBLOS

El mundo se estremece horrorizado (así sea de manera transitoria) por la desaparición a manos de una maquinaria estatal criminal, de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, México en un operativo que solamente pudo hacerse con la coordinación y participación directa del ejército. Este tipo de acciones de terror contra la población civil con objetivos ideológico-político-económicos precisos. Se sabe que todo el territorio nacional mexicano es sujeto de una intervención de terror a manos de una maquinaria criminal articulada con políticas, reformas y estrategias de propaganda y engaño que, en su conjunto, benefician un proceso de ocupación del país por intereses financieros y extractivistas de mafias económicas transnacionales que ejercen el poder al más alto nivel en la arquitectura del capital transnacional global. 

Más evidente aún es que México no es un caso aislado bajo este proceso integral de conquista y guerra contra los pueblos. El mismo proceso con énfasis diferenciados en terror, políticas y judizialización, control y manipulación ideológica, procesos de cooptación y de captura de comunidades y luchas se da en todo el planeta, aún en los países centrales. Grecia, bajo Syriza es un ejemplo reciente y visible de lo mismo, como lo fuera Libia y Egipto.

Un país que ha servido como experimento de esta maquinaria es Colombia. Allí se han sembrado cadáveres en todo el país en una estrategia genocida con fines económicos y políticos del capital. En el 2006 hubo una masacre cometida por paramilitares cada 8 días y siguen absolutamente impunes.

La semana anterior, el gobierno decide explorar “La Escombrera”, una enorme fosa de fosas comunes en la ciudad de Medellín, de la que se ha sabido hace muchos años. Allí están muchos desaparecidos y asesinados por esta maquinaria global de terror implementado en esa ciudad y región. Acá, Juan Diego Restrepo presenta los datos y el contexto. Mientras tanto, los medios y el gobierno, el régimen que comete estos crímenes de manera sistemática y fría, presenta esta fosa común del terror del régimen por todos los medios, como un resultado de “La Guerra” y del “Terror”, encubriendo el que fuera realizada por actores del régimen y a su servicio, y aprovechando la masacre para promover aún la exhumación de víctimas de un genocidio en curso, como un logro en el camino hacia la paz del modelo. Tanto es de oficio la masacre, como la exhumación y los rituales de confesiones y sentencias. Un proceso administrativo que hace parte de la maquinaria de muerte y destrucción para la acumulación. Con ello encubren este,´un eslabón en la cadena de terror global y transnacional.

La tormenta desatada desde el sistema para superar su crisis, tal como la señalara el EZLN, está ejecutando un plan global que despoja y elimina pueblos. En Grecia, lo demuestran las estadísticas de desempleo, suicidios, deterioro del nivel de vida, pérdida de derechos y un largo etc., asesina robándose el país, generando desempleo y hambre y transformando por la vía de una deuda entre poderosos actores financieros, en un mecanismo para someter un país y aplastar un pueblo señalando al tiempo que se merecen esta muerte por inanición por perezosos e inmaduros.

La Escombrera, una de las fosas comunes del planeta en el que el sistema "siembra cadáveres para cosechar ganancias" no puede ser aislada como un hecho de Medellín y Colombia y menos como un gesto de verdad y paz. Es una de las fosas globales en el genocidio con que el capital avanza en su proceso de apropiación de territorios planetarios y la simultánea eliminación de excedentes de capital y población. Esta guerra contra los pueblos desaparece y entierra en todas partes y luego desentierra para avanzar el camino del terror para la acumulación.

La resistencia global necesita reconocer la guerra total. Necesitamos entender que esta guerra no reconoce fronteras y los pueblos tampoco podemos dejarnos encerrar en la geografía nacional que sirve al sometimiento y a nuestro aislamiento y posterga la resistencia popular. 

FUENTE: http://www.nasaacin.org/editoriales/7760-la-escombrera-fosa-de-impunidad-en-la-guerra-global-contra-los-pueblos