miércoles, 28 de agosto de 2013

EN COLOMBIA SI EXISTE TERROR DE ESTADO

Rabia e indignación nos producen los videos e imágenes que circulan en el internet de las brutales y constantes agresiones de las fuerzas represivas del Estado colombiano hacia indefensos campesin@s de todos los rincones del país. Piedras y palos contra gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y ráfagas de fusil, dan cuenta de la desproporción en la confrontación entre quienes luchan por una vida mejor y, entre quienes defienden los intereses de clases privilegiadas y multinacionales de toda laya. Hoy como ayer el Estado colombiano le sigue declarando la guerra a los pobres de Colombia. En los diversos lugares en los que el campesinado se ha atrevido a expresar su inconformidad y sus justas reclamaciones, el Estado no ha dudado en enviar sus escuadrones de la muerte. Mujeres, niños, ancianos, estudiantes, enfermeros y doctores han sufrido en carne propia el terror de estado. En lo que va del Paro Agrario, Minero y Popular  los organismos de derechos humanos dan cuenta de la muerte de más de 5 campesinos, decenas de heridos y más de 200 personas detenidas. Sin mencionar la quema de enceres, motocicletas, víveres, el obstruir el paso a ambulancias, el daño a viviendas de humildes campesinos, insultos y atropellos a la población en general. Ha sido tal la represión y la desproporción de la fuerza que en departamentos como Boyacá sus diputados viajaron a Bogotá para pedir la intervención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estos organismos no descubrirán el agua mojada. En efecto, en Colombia el estado usa la violencia y el terror para solucionar los problemas sociales.
Desde el inicio del año, la acción directa ha sido la estrategia con que los pobres de este país han intentado visibilizar sus problemáticas. La acción directa como recurso frente al olvido, el incumplimiento, la violencia y el hambre. Bloquear vías no es violencia. Violencia es que pocos vivan en abundancia y muchos vivamos en la miseria.
No podemos dar la espalda a las justas reclamaciones del  campesinado colombiano. Pero tampoco podemos olvidar que en Colombia existe terror de estado histórico y que la solución a los problemas sociales y  la búsqueda de vida digna no está relacionado con el aumento de la presencia del Estado, sino con la capacidad de organización autónoma de la población. Es así, que desde la campaña contra la criminalización de la protesta y la lucha popular, hacemos un llamado no solo a solidarizarnos con los sectores en lucha sino a propagar la acción directa.

Campaña contra la criminalización de la protesta y la lucha popular







Informe preliminar de la misión de verificación de DDHH en Boyacá sobre el paro agrario

A partir de la información documentada por la Comisión, encontramos que la Fuerza Pública ha cometido ataques múltiples contra diversos derechos fundamentales como la Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las libertades civiles y políticas de la población.

El día de hoy 24 de agosto de 2013, nos desplazamos desde Bogotá varias organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, con el fin de efectuar una verificación de la situación de derechos humanos en el Departamento de Boyacá, en el marco del paro nacional agrario, encontrando hechos que generan gran preocupación.
La Comisión identificó prácticas que indican que el ESMAD viene actuando en el departamento como un Ejército de Ocupación, que ha suplantado a la autoridad civil y cometido violaciones sistemáticas, generalizadas e indiscriminadas a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, además de actos de vandalismo, y uso excesivo de la fuerza.
A partir de la información documentada por la Comisión, encontramos que la Fuerza Pública ha cometido ataques múltiples contra diversos derechos fundamentales como la Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las libertades civiles y políticas de la población.
De manera preliminar nos permitimos destacar los siguientes hechos que han sido documentados por la Comisión y que serán objeto de un posterior informe:

lunes, 26 de agosto de 2013

Video: Paro Nacional: Colombia Resiste.

Transcurrida una semana del Paro Nacional Agrario y Popular y ante la constante manipulación de los medios oficiales y, la creciente estigmatización y criminalización del gobierno Santos, es necesario no solo dudar de las verdades oficiales que favorecen a ricos y poderosos del agro sino solidarizarnos con los y las campesinas que se han volcado a las calles ha hacer sentir sus diversas inconformidades contra el modelo económico, politico y social que cada vez mas nos hunde en la miseria.

FUENTE: Contravía.

viernes, 23 de agosto de 2013

CAMPESINOS COLOMBIANOS EN PARO EXIGEN ELIMINAR TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

En declaraciones para La Radio del Sur el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria en Colombia, Ederto Díaz, señaló que continúa por cuarto día el Paro Nacional Agrario a pesar de la violenta represión policial.
 Durante el programa Mientras Tanto y por si Acaso el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria agregó “realizamos esta concentración es para exigir el cese de las políticas económicas neoliberales del Gobierno y los Tratados de Libre Comercio (TLC)”.
 Díaz detalló que por haber firmado un TLC con la Unión Europea más de 400 mil lecheros se verán afectados con la entrada de este producto del exterior, “también se encuentra el tratado con Estados Unidos como los rubros de maíz y arroz, las cuales están quebrando la producción nacional. A raíz del TLC en el país existe la incremetación de las privatizaciones, como es el caso de las comunicaciones y de electricidad”.
 De igual manera expresó: “los Tratados de Libre Comercio lo que buscan es la destrucción de los territorios, el desplazamiento de comunidades enteras y la eliminación de los bosques, es por eso que no podemos permitir esto. El TLC es un cheque en blanco que el Gobierno entrega a las transnacionales y las principales potencias del mundo”. “Con los Tratados de Libre Comercio los más perjudicados son la clase trabajadora, hoy vemos los efectos negativos de los TLC que Colombia estableció con Estados Unidos y Europa“, expresó Díaz.

 Por otra parte, indicó que al Paro Nacional Agrario se han sumado con más fuerza los camioneros, mineros, maestros, médicos, estudiantes, el sector de la salud, organizaciones sociales y políticas, entre otros sectores agrícolas. “Desde el pasado 19 de agosto cuando comenzó el paro campesino, fueron recibido con un tratamiento de guerra, el Gobierno ha militarizado todas las regiones del país, la cual impidió que mucho trabajadores de la tierra salieran de sus lugares de origines, y más de 150 campesinos se encuentran detenidos“, explicó Díaz.

jueves, 22 de agosto de 2013

Protesta social recibe tratamiento militar en Colombia

Grave situación humanitaria en el Cauca 

El gobierno colombiano siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta. Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por parte de las autoridades, que han violentado toda clase de derechos de los manifestantes. Es más, ni siquiera ha recibido la protesta social un trato sencillamente militar: el trato que ha recibido es propio de una situación de guerra sucia. Tanquetas, helicópteros artillados y desembarco de tropas, sobrevuelo de aviones de guerra, fusiles, perdigones, bombas aturdidoras, gases, bombas caseras con metralla… ese es el arsenal al que se han enfrentado campesinos desarmados, que han salido a marchar presionados por el hambre y las necesidades más básicas insatisfechas, muchas veces de la mano de sus familias. En los departamentos de Caquetá, Meta y Huila se ha llegado, incluso, a que el gobierno ofrezca hasta $10 millones (pesos colombianos) por información para identificar a los líderes del paro, utilizando mecanismos propios de la guerra contrainsurgente. 

Oscar Salazar, dirigente del proceso campesino de La Vega (Cauca) y uno de los voceros nombrados por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), una de las principales instancias convocantes al paro, nos explica el panorama represivo que se vive a nivel de país: “Hay una falta absoluta violación a los derechos humanos, estamos ante formas desproporcionadas, absurda, hasta criminales, de violencia en contra de quienes manifiestan su legítimo derecho a la protesta… el ejército lanza desde helicópteros bombas aturdidoras, es muy duro, traen tropas de infantería, tropas del ejército, que disparan de manera indiscriminada… hay una niña víctima de estas agresiones, que le atravesaron el abdomen con un proyectil de un fusil, acá en Cundinamarca… se están usando armas no convencionales, escopetas recargadas con metralla para agredir a los manifestantes… la violencia es totalmente desproporcionada…”

miércoles, 21 de agosto de 2013

Continúa el Paro Nacional Agrario, en rechazo a las políticas neoliberales

Con miles de personas en las calles, continúa en Colombia el Paro Nacional Agrario. La medida, a la que se han sumado transportistas y trabajadores de la salud, alcanza a 30 de los 32 departamentos del país. Hasta ahora, decenas de personas fueron detenidas pero la movilización no cesa. El presidente Santos pidió que le reporten "situaciones anormales en la prestación de servicios de salud o que afecten su seguridad".
Las movilizaciones incluyen bloqueos de carreteras, pese a que el gobierno ha anunciado que continuará reprimiendo estas acciones. Con ese fin ha movilizado unos 16 mil efectivos del Ejército y la Policía, quienes se encuentran demorando y amenzando a los campesinos, en algunos casos fotografiando y registrando a los participantes de las protestas, según reseñaron organizaciones de derechos humanos.
Este martes, se espera que millones de personas salgan a las principales calles y avenidas de diferentes ciudades, en respaldo al paro y en repudio a las políticas económicas neoliberales impulsadas por el gobierno.



martes, 20 de agosto de 2013

Seis periodistas de REMAP detenidos por cubrir el Paro Agrario y Popular

Seis periodistas de la red fueron detenidos por el Estado colombiano, algunos golpeados, y hostigados por cubrir el Paro Nacional Agrario y Popular en el Valle del Cauca que se desarrolla en el corregimiento de Presidente en la vía que comunica a los municipios de Buga y Tuluá.
Los atropellos fueron sistemáticos y en un número inconcebible si tenemos en cuenta que se ejecutaron contra un solo medio (seis periodistas), un mismo día, y en un espacio geográfico de no más de doscientos metros, y cuya denuncia se resume de la siguiente manera: Lorna Bierman y Milena Ricaurte arrastradas y golpeadas cuando buscaban refugio de los gases lacrimógenos; Camilo García Reyes esposado y detenido cuando entrevistaba a los manifestantes; Alexander Escobar acusado de ser parte de los “instigadores” del bloqueo de la vía, constantemente hostigado por grabar detenciones, y finalmente detenido junto a Fabián Passos y Steven Ospina cuando trataban de registrar un manifestante herido por la Fuerza Pública.
A la gravedad de los hechos se suma la detención de cuatro defensores de Derechos Humanos pertenecientes al Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC), así como el robo del setenta por ciento de nuestros equipos de trabajo por parte de la fuerza pública junto a los documentos de identidad de algunos de nuestros integrantes.

lunes, 19 de agosto de 2013

19 de Agosto: paro agrario y popular, ¿un nuevo punto de inflexión en la lucha de clases?

Mañana, 19 de Agosto, comenzará el paro agrario y popular en Colombia, que marca un nuevo paso en la escalada de la conflictividad social que vemos en ascenso desde el 2008. En la lucha se encontrarán campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Este paro no es causa de la “agitación subversiva” que el gobierno denuncia cada vez que un pobre dice “basta”. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos.
Este paro es un hecho de gran importancia pues plantea un escenario crucial de coordinación para el movimiento popular, que va forjando acuerdos unitarios y superando, en la lucha, históricas diferencias. También es un hito importante pues representa una respuesta contundente por parte del pueblo a un gobierno oligárquico que profundiza un modelo neoliberal rentista-dependiente, mientras refuerza un aparato represivo mediante la agudización del militarismo y la criminalización de la protesta social. Las movilizaciones recientes de mineros y de campesinos del Catatumbo han despejado toda sombra de duda de que la única respuesta que el pueblo puede esperar a sus demandas por parte del Estado, es plomo y represión. El régimen de Santos se ha dotado de dos instrumentos legales, totalmente ilegítimos, para fortalecer la represión y la violencia contra la protesta social: por una parte, está el fuero militar, que garantiza la impunidad de los soldados que asesinen, violen y torturen, y por otra parte, está la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que ya está siendo utilizada para amedrentar la protesta social. El gobierno amenaza a quienes ocupen las calles con penas de cárcel y da poderes extraordinarios a gobernadores y alcaldes para que repriman a los manifestantes [1]. Ya vamos entendiendo cómo le gusta dialogar a este gobierno violento y autista.

sábado, 17 de agosto de 2013

Primera condena por lesa humanidad

El pasado 30 de julio el Tribunal Superior de Cundinamarca reconoció en segunda instancia que la ejecución extrajudicial del joven Fair Leonardo Porras obedeció a aparatos organizados de poder dentro del Ejército Nacional y con base en ello extendió las condenas por concierto para delinquir que fueron dictadas a los seis militares implicados en primera instancia hace un año. De la misma manera impuso penas por desaparición forzada a un cabo y tres soldados, quienes habían sido absueltos por ese delito. El Tribunal declaró este crimen como de lesa humanidad.
Durante el juicio oral, que duró alrededor cinco meses, la Fiscalía presentó sus pruebas. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en calidad de representante de víctimas, también presentó las suyas y lo propio hizo la defensa. Este juicio terminó en mayo de 2012 y la decisión en primera instancia absolvió a todos los militares por el delito de concierto para delinquir agravado, se absolvió al cabo y a tres soldados por el delito de desaparición forzada, y fueron condenados por el delito de homicidio agravado por la condición de indefensión de la víctima. Las víctimas apelaron ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.
“Yo solicité, como representante de víctimas a la primera instancia, que el hecho fuera declarado, crimen de lesa humanidad, teniendo en cuenta que se reunían todos los elementos que el Estatuto de Roma prevé para que se cumpla tal declaratoria. También solicité que se reconociera que se trataba de crímenes que se cometieron desde aparatos organizados de poder dentro del mismo Ejército Nacional. Ninguna de estas fue aceptada por la juez de primera instancia y esto también fue objeto de apelación por parte mía”, le dijo a VOZ Gloria Silva, abogada de presos políticos
¿Quién es Fair Leonardo?
Fair Leonardo Porras Bernal es uno de los 11 jóvenes de Soacha que fueron trasladados por civiles que tenían relación directa con miembros del Ejército Nacional en Ocaña (Norte de Santander) y que fueron mostrados como bajas en combate. Los hechos ocurrieron en enero de 2008.


viernes, 16 de agosto de 2013

Asesinados cuatro campesinos en San José de Apartadó

Un grupo de paramilitares que se hacen llamar AUG, con uniformes y escarapelas, quienes desde un complejo cerca a Nuevo Antioquia, ubicado más exactamente en el sector conocido como Zabaleta, llegan hasta la vivienda del campesino José Pacheco y por el método del ahorcamiento lo asesinan cobardemente. Ese mismo día en la noche en el sector conocido como La Ahuyamita y la vereda El Limón, parte alta del corregimiento de San José de Apartadó, en límites con Córdoba, son asesinados Arlenis Reyes de 23 años de edad, quién tenía 3 hijos, Eder Darío Sáenz de 27 años de edad y Luis Alberto Ibarra 24 años de edad.
Fruto de todo esto, por lo menos dos familias han tenido que iniciar el lamentable desplazamiento hacia un lugar seguro por el miedo y el terror que se vive en la zona.
Exigimos nuevamente al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento de Antioquia de Sergio Fajardo, al alcalde de Apartadó Gónzalo Giraldo Aguirre y a la fuerza pública que los graves hechos que hoy enlutan la paz y la democracia, provienen de no comnbatir y perseguir los grupos paramilitares que hacen presencia en Nuevo Antioquia en la base paramilitar del sector La Zabaleta, es necesario que se expliquen las razones por las cuales no se busca acabar con esto grupo, pues son un peligro para población en general.
Exigimos que las instituciones de estado busquen en el ámbito de sus competencias, la responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y que estos hechos no queden impunes. Instamos A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH), a dar cumplimiento del mandato como veedores para que estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Llamamos a LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO para que asuma su papel institucional de velar por las garantías y el respeto a los derechos constitucionales y humanos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica.
Pedimos a las organizaciones democráticas, a las de Derechos Humanos, a la comunidad nacional e internacional a que repudien los hechos que hoy nuevamente enlutan y llenan de sangre esta zona del país.


jueves, 15 de agosto de 2013

LOS CAMPESINOS Y BAREQUEROS DESPLAZADOS POR HIDROITUANGO BUSCAMOS REFUGIO EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

A punto de cumplir cinco meses de desplazamiento forzado, muchos de los cuáles hemos permanecido en el viejo Coliseo de la Universidad de Antioquia, lamentamos que nuestra presencia en la Universidad haya incomodado a algunos sectores de la comunidad universitaria; sin embargo, nuestra presencia es INVOLUNTARIA y no es otra cosa que la realidad de nuestro país la que nos obligó a buscar refugio.

Para nosotros, campesinos y barequeros del norte y occidente de Antioquia, ha sido muy duro estar en la ciudad, pues muchos no conocíamos Medellín, y las dinámicas de la ciudad son muy diferentes a las del Cañón del Río Cauca; además, ha sido frustrante nuestra estadía aquí, pues vinimos para dialogar con el Gobernador, huimos de allá para buscar soluciones temporales como un albergue y definitivas como el restablecimiento de condiciones socioeconómicas y ha sido imposible, es como si decir NO a Hidroituango fuera un delito, además hemos visto como el Gobernador de Antioquia y el gerente de EPM debaten SOLOS en los medios de comunicación sobre el proyecto y sobre nosotros, negándonos la posibilidad de sostener un diálogo abierto, público y sincero, para dar a conocer a toda la comunidad los argumentos y posiciones que sostenemos sobre el megaproyecto, más aún, cuando esta obra se construye con dineros públicos del departamento y la ciudad.
Es necesario aclarar que nosotros NO somos ocupantes del viejo Coliseo, como lo señala el Alma Máter No 340, nosotros tenemos calidad de REFUGIADOS dado que nos declaramos desplazados por el Megaproyecto Hidroituango y el conflicto armado generalizado en la zona de influencia de este megaproyecto, y lo hicimos de manera formal ante el Ministerio Público el pasado 28 de mayo,

martes, 13 de agosto de 2013

Acción directa contra los feminicidios en Medellín, Plaza Mayor, Jardín de Flores, 9 de agosto 2013

Nos reunimos en medio de esculturas gigantes elaboradas con flores, que simbolizan el orgullo y la identidad de una cultura que ha traicionado históricamente a las mujeres, por conservadora, misógina, racista, colonialista y acumuladora. Nos ponemos de pie vestidas de negro, portando claveles rojos y simbolizando heridas mortales en nuestro cuerpo; para decir que el jardín de flores que se ha impuesto como maquillaje en la ciudad, es una trampa más del poder, para ocultar la violencia feminicida, el control militar, el despojo, el desplazamiento y el empobrecimiento; que destruye comunidades y las mantiene en silencio y el miedo.
Comunidades donde la vida de las mujeres en lo cotidiano esta marcada por las violencias, el control de sus cuerpos, la explotación sexual, la maternidad forzada, el trabajo precario y la ausencia de alternativas radicales para sobrevivir a la desposesión y a la primacía del poder patriarcal.
“La cultura moldea nuestras creencias. Percibimos la versión de la realidad que ella comunica. Paradigmas dominantes, conceptos predefinidos que existen como incuestionables, imposibles de desafiar, nos son transmitidos a través de la cultura. La cultura la hacen aquellos en el poder –hombres. Los varones hacen las reglas y las leyes; las mujeres las transmiten”. Gloria Alzandua, lesbiana feministas, chicana, activista, escritora
La violencia feminicida en Medellín y Antioquia es violencia de Estado.

En la ciudad de todos por la vida, las mujeres sobrevivimos.

viernes, 9 de agosto de 2013

Justicia, injusticia y muerte en La Araucanía

Recientemente sacudida por el asesinato de un joven mapuche que permanecía prófugo tras ser sentenciado por incendio, la Región de la Araucanía incuba otra noticia a la que se ha prestado poca atención en el resto del país: la nominación como fiscal regional de Cristián Paredes, quien participó en un caso que culminó con la condena de dirigentes mapuche bajo la Ley Antiterrorista. 
Los autores de esta columna de opinión señalan que “resulta al menos sugerente preguntarse si es correcto” el nombramiento de un fiscal que participó “en uno de los casos por el que el Estado de Chile fue denunciado recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La calma es solo una apariencia en la Región de la Araucanía. En los primeros días de agosto asumió el cargo de fiscal regional Cristián Paredes Valenzuela, cuestionado por su intervención como fiscal en el “caso Poluco Pidenco”, juicio donde se obtuvo la primera condena por incendio terrorista contra dirigentes mapuche. El martes 6 de este mismo mes el joven comunero Rodrigo Melinao, de sólo 26 años, fue encontrado muerto por el impacto de un arma de fuego en el tórax al interior de una parcela cerca de Ercilla, sector que cuenta con vigilancia permanente de Carabineros. Una semana antes, el Tribunal de Juicio Oral de Angol lo había sentenciado a cinco años y un día de presidio por el delito de incendio de bosques y a 541 días de presidio por el delito de daños calificados. El abogado defensor del joven comunero había presentado el sábado 3 un recurso de nulidad para revertir el juicio.


miércoles, 7 de agosto de 2013

CONTINÚA PARO EN MARMATO

Comunicado a la opinión pública. El paro minero continúa, aunque el derecho a la protesta social se torna cada vez más dificil ejercerlo. Además de la utilización desmedida de la fuerza pública ocurrida en días pasados, nuestro pueblo en la actualidad ha sufrido un despliegue sin precedentes de policía y ejército y una estigmatización como violento por el simple hecho de pedir la protección de sus derechos. 
 Así mismo, otro de los aspectos preocupantes es la informaciòn descontextualizada y fragmentada alrededor de lo que sucede en Marmato. La Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato se siente en la obligación de aclarar y pronunicarse sobre algunos de estos hechos que configuran una violación de nuestro derecho a la protesta.
 1.    En cuanto al accidente ocurrido el viernes 2 de agosto en las horas de la tarde en el que un vehículo Renault Logan cayó al río Cauca en el sector los Chorros, su razón principal no tuvo que ver con nuestroejercicio del derecho a la protesta. Como consta en la cobertura mediática del mismo, en primer lugar, los hechos sucedieron a un kilómetro de la entrada de Marmato, lejos de donde se llevaba a cabo la concentración y los enfrentamientos con la fuerza pública. En segundo lugar, los habitantes del sector y uno de los ocupantes del auto manifestaron que el conductor iba a alta velocidad y “se comió” una curva, razón por la cual perdió el control del carro y cayó al río. Nos solidarizamos con las víctimas de este accidente pero debemos pronunciarnos al respecto aclarando sus reales causas, pues una desinformación en este punto lleva a “satanizar” la defensa de nuestros derechos. 


lunes, 5 de agosto de 2013

Concluye bloqueo vial en el Catatumbo tras 53 días

El fin de las protestas en el Catatumbo y el desbloqueo de las vías en Tibú y Ocaña, desde la mañana de hoy, alivian la tensión en esa conflictiva región, pero no significan el fin del problema. Desde muy temprano, los campesinos comenzaron el desbloqueo de las vías. Con colchones, ollas, maletas, entre otros, se movilizaron.
En el sector La Aduana, donde se llevó a cabo la reunión el viernes, ya estaban transitando vehículos de servicio público y particulares. Varios campesinos aseguraron que tras su retiro, el municipio se encargará de levantar los troncos de los árboles y los carros que fueron quemados.
El cese de manifestaciones se extenderá hasta el 19 de agosto, fecha en que se inicia el paro nacional agrario de varios gremios descontentos con las políticas del Gobierno.
La solución temporal tomada ayer tras una reunión en Tibú entre una comisión interinstitucional del Gobierno, el Congreso y la Iglesia y líderes de la protesta se vislumbra como un nuevo pulso entre el Gobierno y las asociaciones campesinas de la zona, que ya demostraron su capacidad para movilizar a 10 mil personas para protestar y presionar al Estado a atender sus reclamaciones.
Así se concluye luego de que, a pesar de la declaración previa del presidente Juan Manuel Santos de que "el Gobierno Nacional no permitirá que sea condicionado el levantamiento del paro", los representantes campesinos advirtieron que podrían salir a protestar si no atienden sus demandas.
Olga Lucía Quintero, una de las líderes campesinas, aseguró que "vamos a confiar por última vez en el Gobierno Nacional", pero advirtió que "si de aquí al 19 de agosto, que llega el paro nacional agrario, el Gobierno no ha dado una respuesta concreta, los campesinos del Catatumbo vamos a volver a las carreteras".


jueves, 1 de agosto de 2013

Municipio de Piedras (Tolima) dice no a la megaminería

El municipio de Piedras, en el departamento de Tolima, ha dicho NO, de manera rotunda y contundente, a la locomotora de la megaminería. El gobierno de Santos no podrá decir que estos son unos pocos garrapatosos y revoltosos que no representan a la población ni a los fantasmagóricos “colombianos de bien”. Acorde a los mecanismos contemplados en la Constitución, en consulta popular realizada el domingo 28 de Julio, promovida por el alcalde Arquímedes Ávila Rondón y organizada por la Organización Electoral de la Registraduría Nacional, según el procedimiento legal, se le preguntó a la población piedruna:
“¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realice en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?”


La votación del NO fue contundente: 2,971 votos (99,2%). Por el SI sólo votaron 24 personas. Los otros fueron 2 votos fueron anulados y hubo 10 en blanco. Es decir, el 59% de la población habilitada, cifra muy superior al umbral de 1700 votos, votó en contra de la locomotora santista y a favor de la vocación productiva agrícola de este municipio arrocero.