Luego de más de 20 días de paro en la Universidad de
Antioquia, el día 28 de octubre se llevó a cabo la segunda reunión entre la
asamblea general de los estudiantes en paro y el ente administrativo; este
espacio busca llegar a acuerdos puntuales sobre las reivindicaciones y
exigencias consignadas en el pliego general de peticiones que los
representantes de las diferentes facultades de la institución educativa
presentaron a la asamblea administrativa de la misma.
Algunas de las demandas del pliego general, buscan ampliar
los auxilios de alimentación hasta el estrato tres, ampliación de
infraestructura y planta docente; otras de las exigencias tiene que ver con los
hechos de criminalización y violación de los derechos fundamentales a los
alumnos que realizan alguna actividad comercial, y que necesitan de una fuente
de ingresos para su sostenimiento y permanencia en la universidad. Estos
alumnos han venido siendo señalados por gente externa a la universidad vinculándolas
a actividades delictivas como microtráfico y robos, y presionando para que
continúen con los comités disciplinarios en contra de ellos; esta situación que
vulnera el derecho a la educación de un grupo de estudiantes, expresa el
progresivo desmonte de los beneficios a la comunidad estudiantil y la falta de
protección por parte de la institución a sus alumnos.
Durante esta reunión se evidenció el tono poco conciliador y
la falta de voluntad por parte de la asamblea administrativa de la universidad
de llegar a acuerdos serios y responsables con los representantes de los
estudiantes, pareció por el contrario que buscaban retroceder en los acuerdos
logrados en la primera reunión. Esta situación generó la reacción de los
alumnos-vendedores quienes entraron en una huelga de hambre en el primer piso
de la sede administrativa como acto de protesta, esta acción de los vendedores
despertó el apoyo de varios colectivos de estudiantes que decidieron acampa
junto a ellos como acto de solidaridad. Aproximadamente a la 1 de la mañana de
día 29 de octubre se conoció un comunicado de la rectoría amenazando con cerrar
la universidad por encontrarse bloqueada y tomada por un grupo de alumnos;
aunque como se observó más tarde, lo que se preparaba era una operación de la
policía y el ESMAD, quienes alegando tener una orden de la Gobernación entraron
al claustro y llegaron hasta el bloque de la sede administrativa. A pesar de la
tensión que generó la presencia de la policía, no se presentaron agresiones por
parte de la fuerza pública; los estudiantes desalojados se dirigieron a la
Unidad Permanente de Derechos Humanos donde continúan la huelga de hambre.