“El derecho a la protesta social ha sido una tradición
histórica del movimiento indígena colombiano y, un instrumento de
reivindicación de nuestros Derechos como pueblos”. Esta afirmación hace parte
del comunicado con el que el pasado 12 de octubre, la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC) declaró el comienzo de la “Minga indígena, social y
popular en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía”.
Según Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, se
calcula que aproximadamente 100.000 indígenas harán parte de esta movilización,
en la que junto a sus peticiones suman al descontento de otros sectores
populares, como los cafeteros, lecheros, estudiantes, paperos, paneleros,
camioneros, afrocolombianos y campesinos, entre otros.
Por ello, al anuncio de esta masiva movilización acudieron
los representantes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Congreso de los
Pueblos y la Mesan Amplia Nacional Estudiantil (MANE), a la vez que se conoció
el respaldo de otros procesos, como las dignidades agropecuarias.
Criminalización
Uno de los resultados del pasado Paro Nacional Agrario fue
la consolidación de nuevas modalidades para quebrantar el derecho a la protesta
social. Por vías de hecho y de aparente ‘derecho’, las fuerzas institucionales
infiltraron, estigmatizaron y judicializaron a cientos de ciudadanos.
Consciente de esto, el consejero mayor de la ONIC señaló que
la guardia indígena tiene instrucciones de capturar, sin importar el bando del
que provengan, a quien pretenda deslegitimar esta minga mediante actos ajenos a
la voluntad del colectivo indígena. Es así como públicamente rechazaron
“cualquier intento de infiltración, cooptación y constreñimiento por parte de
los agentes del Estado y de grupos armados ilegales”.
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