Por: El (A)guijón.
A pocas horas para entrar en
vigencia el Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, el cual contempla
las reglas del comportamiento y conducta ciudadana, más que ser un documento
que contempla más de 300 situaciones en 243 artículos que rigen la conducta y
el comportamiento de los ciudadanos en el país; es a todas luces una ley hecha
a la medida de los regímenes totalitarios en tanto que con la amenaza constante
de la Ley Penal y la sanción vía multa, restringe y prohíbe todo intento de
movilización institucionalizando así la criminalización.
En Colombia las estrategias y
medidas que criminalizan la protesta social han estado al orden del día. Ha
sido recurrente por parte del estado colombiano que, ante el incremento de la movilización
y la protesta social y popular, motivada por la creciente desigualdad política,
económica y social, los gobiernos de turno busquen crear nuevos delitos,
incrementar las penas de otros, o generar reformas puntuales al código penal. Cambios
que no buscan mejorar las condiciones socio-económicas del pueblo colombiano
sino generar las situaciones adecuadas para multar, señalar, estigmatizar,
perseguir y encerrar.
El nuevo código se ha presentado
como un compendio de normas y límites que busca lograr una mejor
convivencia entre los colombianos y dar solución a los problemas de
seguridad generados en el país. Nada más falso. Sabemos que, por más “buenas
intenciones” que tengan los gobiernos por combatir la inseguridad ciudadana, gestada
y alimentada por el estado y la burguesía, lo que se busca es generar
inmovilidad social y a largo plazo prohibir la protesta social y popular como herramienta
imprescindible para la transformación social.
Además de ser un código netamente
prohibicionista, tiene como novedad altas sanciones económicas para quienes
incumplan las normas que van desde $82 mil hasta $625 mil. En su presentación el
presidente Santos aseguró que dicho proyecto está estructurado en la búsqueda
de la prevención del delito y la dotación a la policía de nuevas herramientas
para la resolución de conflictos. ¿Será
que no son suficientes el garrote y la pistola?
Entre tantas prohibiciones
contempladas en el nuevo código sobresalen varios artículos que dan cuenta de
sus “buenas” intenciones: 1- Se prohíbe que jóvenes menores de 14 años
participen en manifestaciones o protestas públicas sin la compañía de sus
padres. Por ello, los adolescentes entre los 14 y 18 años que deseen manifestarse
podrán hacerlo con autorización escrita de sus padres. 2- Se contempla la
prohibición para hacer grafitis en bienes culturales o zonas que no fueron
habilitadas para estas expresiones artísticas y políticas. Quien viole la norma
debe limpiar y dejar el bien afectado (pintado) en las mismas condiciones en
las que estaba. ¿No fue suficiente con el crimen de estado del graffitero
Diego Felipe Becerra para enviar un mensaje claro y contundente a todo aquel o
aquella que mediante el arte expresa sus sentimientos de oposición y crítica contra
un sistema que promueve la desigualdad, la injusticia y el terror?. 3-Toda
reunión o desfile público que altere o atente contra la convivencia, la libre movilidad
o los derechos fundamentales, especialmente los de los menores de edad, será disuelto
por la Policía Nacional. De la misma forma, ésta podrá impedir la realización
de reuniones, marchas o desfiles públicos que no hayan sido comunicados
oportunamente o cuando éstos no cumplan las condiciones señaladas por la autoridad.
Todo lo anterior no es para
llenarnos de miedo y a esperar con las manos cruzadas a que la situación
cambie. Sabemos que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo,
con una clase dominante asesina y enemiga del pueblo y, con una extendida
ausencia de derechos sociales, económicos y políticos, en donde la protesta
social es una forma de reivindicación no solo legitima, sino necesaria.