Hace un par de meses desde las altas esferas del
Estado en cabeza de Juan Manuel Santos, se ha venido cocinado en la
cabeza de todas las personas que residimos en Colombia un miedo por el posible
apagón que se podría generar si las personas de a pie no ahorran energía y agua
en el marco de los estragos del mentado “Fenómeno del niño”. Más allá del
hipócrita reclamo del Estado frente a las ciudadanas al mismo tiempo que es
permisivo con los desmanes que genera la gran Minería, la corrupción
innata del sector Energético del país, entre otras, en esta oportunidad
queremos ahondar en las formas históricas por las cuales el Estado ha optado
para seguir controlando a su población, siempre recalcando la falta de
regulación de las colombianas cuando es hora de ahorrar, y por consiguiente,
lavando su imagen frente a la crisis energética a la que se enfrenta el país.
Para ello trataremos de enfocar este artículo en 3
factores a saber: los aspectos sociales, ambientales y estructurales que
posibilitan esta situación.
La culpa la tiene el incrementado consumo de las ciudadanas.
El Estado enfatiza su estrategia de miedo apuntando a las
viviendas de estratos 1, 2 y 3 de las principales ciudades de Colombia, en las
que se destacan, Bogotá, Medellín y Cali. Apunta a este grupo focal
argumentando que es el sector de la sociedad que más consume energía según
estadísticas de la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME-[1], esto no nos sorprende, pues
sencillamente las viviendas de estratos 1, 2 y 3, albergan alrededor de 43 de
los 45 millones de personas que habitan en Colombia. He ahí que el gobierno se
esté dirigiendo a la inmensa mayoría de colombianas.
Descaradamente el Estado promueve una campaña de consumo con
bombos y platillos llamando a la solidaridad, haciendo el papel de
víctima frente al consumo desaforado de la población sin mencionar las causas
reales del actual estado de las cosas. Por ejemplo, no hace mea culpa frente a
la obsesión de convertir a las ciudadanas en entes de consumo, vendiendo sin
control el último televisor o teléfono celular, promoviendo que en
festividades como la Navidad se ilumine las casas con luces estrambóticas
y electrodomésticos de alto consumo, entre otros artilugios propios del fetichismo
de la mercancía según rezan los valores del capitalismo.
El Problema real es el Fenómeno del Niño.
Ya hemos señalado en anteriores escritos[2] la hipocresía por parte del Estado,
al limpiar su imagen frente al ecocidio capitalista que viene cometiendo, en
diferentes regiones, apostándole a su aplanadora minero-Energética, que se
supone sería el motor que potenciaría de la economía nacional de
una forma nunca antes vista. Para tal fin, no se ha titubeado en solucionar
“gerencialmente” aquellos elementos considerados como un estorbo para las
finanzas del país al querer desechar las rentas que generaba una empresa
estatal como ISAGEN, montando la pantomima según la cual todas las colombianas
–léase el Estado- estábamos perdiendo plata con dicha empresa ya que era
inviable según el manejo maniqueo de cierta información. En consecuencia, debía
ser vendida al ¿“mejor”? y único postor, ¡como siempre una Multinacional que si
encuentra la rentabilidad que el Estado niega.!
Su argumento se enfoca a su vez, en que debemos cuidar
fuentes naturales como lo son los ríos, olvidando que gracias a sus
jugadas, estos se van privatizando y terminan por convertirse en una palabra
más en los libros de Ciencias Sociales carente de todo significado sin nada
tangible en la realidad, tal como sucede en el caso del Río Sambingo, el cual
desapareció gracias a la minería ilegal, cuestión que no deja de ser un
coletazo del modelo extractivista que desde hace unos años se viene tratando de
imponer en la agenda pública de manera inconsulta en plena concordancia con la
fase Neoliberal del Capitalismo[3] criollo.