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martes, 16 de mayo de 2017

Cine club Libertario. Ciclo: Resistencias al extractivismo en América latina

La expropiación histórica de los territorios, aguas, alimentos, saberes, plantas y animales en favor de la mercantilización es una constante que en latinoamérica se amplía, hace más de tres décadas, con la implantación del neoliberalismo  y la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales. A pesar de sus planes de muerte, la organización en defensa de los bienes comunes ha florecido desde perspectivas amplias que aglutinan a gentes, colectivos, movimientos y articulaciones en las calles y las montañas. El Cine Club Libertario, se inaugura con el ciclo: Resistencias al extractivismo en américa latina, con el próposito de ayudar a dimensionar la fuerza de los afectados y a visualizar la dimensión del monstruo al que nos enfrentamos. Además, de afilar una mirada crítica abonada con autonomía para cosechar libertad.

Viernes 19/may/5pm: La voz del Gualcarque. Honduras/2015.
Viernes 26/may/4pm: Liberación de La Madre Tierra. Colombia/2015-17
Viernes 02/jun/4pm: Serie documental: "Territorio crudo". Argentina/2015
Viernes 09/jun/4pm: IIRSA, la infraestructura de la devastación. Chile/2016


miércoles, 12 de abril de 2017

Campesinos de Jericó bloquearon acceso de funcionarios de AngloGold Ashanti a la mina La Quebradona

A las siete de la mañana de este martes, campesinos de la vereda Palocabildo en Jericó impidieron el paso de funcionarios de AngloGold Ashanti a la mina La Quebradona como una protesta a la intención de la compañía minera de establecer plataformas de exploración en el sector. 

Campesinos de la vereda Palocabildo de Jericó impiden el paso de los empleados de la Multinacional Minera AGA, el alcalde está presente, los empleados de la minera insisten en seguir su camino, los campesinos en no permitir su ingreso.

Ánimo campesino de Jericó y el Suroeste, defensores del agua y el territorio ¡Resistencia Civil!
 Los manifestantes estuvieron en el sitio hasta este medio día.

Mientras que los empleados insistían en seguir su camino, los habitantes de la vereda permanecían en su objetivo de impedir la exploración.

“Se están queriendo meter a las malas y nosotros no lo vamos a permitir. Nuestra tradición es campesina, cafetera, aquí no queremos minas”, explicó a este medio Rodolfo Tobón, habitante de la zona.

Los campesinos aseguran que su protesta no es contra los funcionarios, sino contra el daño al medio ambiente que ya han evidenciado en la región, supuestamente como consecuencia de las exploraciones de AAG.

“Quieren hacer plataformas cerca a unas fuentes de agua y no los vamos a dejar”, explicó Gustavo Arboleda, vecino de Palocabildo, quien aseguró que por varios años han expresado a la minera su rechazo.

“Les recordamos que nosotros no queremos minería en esta región. Hemos visto problemas con esas perforaciones”, aseguró Arboleda al mencionar las denuncias realizadas por la Mesa Ambiental de Jericó en relación a afectaciones en la quebrada La Fea, presuntamente a causa de actividades exploratorias de la compañía minera.

Los campesinos se retiraron de la zona luego de acordar con la multinacional la realización de una reunión el próximo martes 18 de abril a las 10 de la mañana. Esperan que el encuentro cuente con asistencia masiva de  campesinos, pueblerinos y finqueros para aumentar el apoyo a la oposición y lograr que que Anglogold Ashanti desista de instalar nuevas plataformas en el corregimiento.

En 2011, AAG inició perforaciones en Palocabildo y desde entonces enfrenta el rechazo de la comunidad, que se niega a aceptar la minería en su sector al considerar que la escasez de agua o su contaminación podría afectar de manera considerable los cultivos de café, principal actividad económica de esta comunidad.



miércoles, 29 de marzo de 2017

Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio


El día domingo 26 de Marzo se celebró la tan esperada consulta minera sobre la explotación del oro en la mina de oro de La Colosa, en Cajamarca (Tolima). 6.241 habitantes de Cajamarca salieron ese día a votar ante una sencilla pregunta “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. El resultado fue contundente: 98% de los votantes se expresaron a favor del NO a la megaminería. Apenas 76 personas votaron a favor del proyecto megaminero. Cajamarca estuvo de fiesta con este resultado[1]. Pero lo que vimos el domingo, no ha caído del cielo: es el fruto de muchos años de actividad infatigable por parte del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, de organizaciones sociales de todo signo, de organizaciones estudiantiles y colectivos juveniles, de la actividad de sindicatos campesinos como Astracatol, y, por supuesto, del Comité Promotor de la Consulta Popular sobre minería en Cajamarca. Durante años se ha venido haciendo sensibilización con la población, a través de charlas, campañas puerta a puerta, infografías y documentos explicativos de los impactos de la megaminería, sin olvidar las multitudinarias marchas-carnavales que se vienen celebrando todos los años en Ibagué, en defensa del agua, la vida y contra la minería. Ni tampoco debemos olvidar el ejemplo que dieron Piedras, que con un 99% de los votos, el 28 de Julio del 2013, dijo también en consulta popular NO a la megaminería[2]. Esta actividad ha costado represión, amenazas y persecuciones[3]. Pero con valentía y tesón, venciendo los múltiples obstáculos burocráticos que aparecieron en el camino, las organizaciones sociales lograron sacar adelante esta consulta en la cual el pueblo expresó su voz de manera inequívoca. 

No es necesario insistir una vez más en los efectos perjudiciales para el ambiente, las comunidades y la vocación campesina de Cajamarca que traería este proyecto minero, en lo cual ya he insistido en otras ocasiones[4]. Tolima es un departamento clave en la locomotora minera del santismo, y que “404.602.2 de sus 2´356.200 hectáreas han sido entregadas para labores extractivistas por medio de 713 títulos mineros a noviembre de 2013 y 526.107.2 hectáreas están por entregarse, ya que existen –a diciembre de 2013– 441 solicitudes de títulos mineros”[5]. La amenaza minera se cierne no sólo sobre las zonas rurales más apartadas, sino incluso sobre el mismo municipio de Ibagué[6]. La Colosa, empero, es el epicentro de esta febril locomotora minera, que no solamente afecta a las poblaciones de donde se extraerá el mineral en Cajamarca, sino también a municipios donde irían a dar los desechos y se realizarían actividades de lixiviación (municipio de Piedras), así como al sur de Tolima, donde se planean una serie de hidroeléctricas que tienen por objetivo satisfacer la enorme demanda energética de la multinacional minera detrás de este proyecto, la AngloGold Ashanti. Esta multinacional ha copado el 60% del municipio de Cajamarca -30.440 hectáreas-, con 21 títulos mineros[7], aunque carece de licencia ambiental para explotar La Colosa. El golpe que el pueblo de Cajamarca ha dado a este megaproyecto, de hecho, hiere a la locomotora en su punto más fuerte, en su pleno corazón.

El gobierno, con su tradicional actitud autista, ha dicho que no acatará la voz del pueblo. Esto no es de extrañar dadas sus tradicionales proclividades al incumplimiento a los de abajo y su servilismo con los de arriba, fruto de ese amangualamiento de políticos con empresarios; el caso Odebrecht es apenas la punta del iceberg. Buscarán la manera de seguir empujando hacia adelante el minero-extractivismo, aunque en ese proceso envenenen a medio país. El ministro de minas, Germán Arce Zapata ya salió a decir que la consulta no es vinculante[8], haciéndose eco de los intereses de la AngloGold Ashanti y actuando como vocero de ésta, pese a que, como demuestra la ONG Dejusticia, el fallo es vinculante por superar el umbral[9]. Recordemos, además, que la Corte Constitucional ya había tumbado, en Mayo del 2016, la disposición legal que prohibía a los entes locales oponerse a proyectos mineros en su territorio (artículo 37 de la ley 685 de 2001)[10]. Pero como siempre, cuando el pueblo se expresa de manera diferente a los intereses de la oligarquía dorada, entonces la democracia es transformada en una simple fórmula sin ningún contenido. A esta democracia muerta, oligárquica, amañada para hacer más ricos a los súper-ricos y servir a los mismos intereses de siempre, se opone el desarrollo de un movimiento democrático desde abajo, participativo, inclusivo, verdaderamente popular, que se está expresando en los numerosos conflictos medioambientales en Colombia. Este tejido social en ciernes, se construye desde el barrio, desde la calle, desde el campo, desde el mundo del trabajo, siendo su eje articulador el territorio y el municipio. El movimiento popular en Cajamarca nos demuestra que otras formas de democracia sí son posibles, así los poderosos no quieran escuchar.

El plebiscito ya fue en las urnas. Ante la negativa del gobierno de Santos de reconocer este contundente resultado y seguir profundizando su política económica de despojo, el próximo plebiscito será en las calles y los territorios de Tolima, donde el pueblo tolimense, a sus razones, tendrá que sumar la acción colectiva en defensa de la vida. Este es el proceso mediante el cual se construye poder popular. El pueblo cajamarcuno ya ha hablado y actuado en consecuencia: la AngloGold Ashanti y la Locomotora minera-santista ¡no pasarán!

José Antonio Gutiérrez D.


domingo, 26 de marzo de 2017

¡TENEMOS DERECHO A UN AIRE LIMPIO!

por Pablo Montoya*
*Escritor y profesor de la Universidad de Antioquia. Coordina la campaña SOS por el aire desde el ámbito de las universidades que conforman el G8 en Medellín.


Basta ya, señores políticos y señores empresarios, de mentiras y maniobras desvergonzadas. Una ciudad jamás podrá ser la más innovadora cuando no es capaz de garantizarles a sus ciudadanos un aire limpio.

Por segunda vez, Medellín y su zona metropolitana se han declarado en emergencia ambiental. Y nuevamente sus autoridades políticas toman medidas urgentes pero que no resuelven, en absoluto, la putrefacción atmosférica que padecemos. Una vez más han desatendido, con desdén necio, las propuestas de los ambientalistas y los informes de los salubristas.


Las medidas de este año, como las del año pasado, son a corto plazo y no tienen mayor eficacia para el futuro. Carecen del verdadero carácter preventivo que urgimos. Son medidas aferradas, en particular, al pico y placa. Pero ya sabemos que el sentido de esta medida ha sido aumentar las ventas de los carros y las motos. El pico y placa, digámoslo de una vez, es la ilusión mezquina de quienes venden carros y motos. Y son medidas falaces, estas que toman las autoridades políticas de la zona metropolitana del Valle de Aburrá, porque no confrontan con beligerancia, valentía e inteligencia el protagonista más nefasto en la incrementación de la crisis: el lobby automotriz, el lobby constructor y el lobby industrial. A los cuales habría que añadir el tipo de combustible, sucio y por supuesto costoso, que suministran los petroleros. Los dueños de tales lobbies, ante nuestros ojos estupefactos, se han pavoneado por Medellín y sus municipios limítrofes con un frenesí productivo espurio que nadie hasta el momento ha cuestionado y controlado.

Nuestro crecimiento urbanístico ha sido de proporciones tan desordenadas e improvisadas que le quitarían el aire a cualquier ciudadano cuerdo, pero le hacen pasar la lengua por la boca a quien es ávido del dinero. En otra región, civilizada y justa, hace tiempo que los desmesurados frutos económicos de esos lobbies estarían discutidos, investigados y sancionados. Solo aquí, en estas geografías plagadas de mafias impúdicas, son celebrados, aplaudidos y condecorados.

Estas autoridades nuestras, que no paran de auto alabarse con un grotesco sentido del narcisismo por sus viciados logros sociales que ellos, por lo demás, ponen en el cielo, son cínicas hasta el marasmo. Mandan a la ciudadanía a usar el transporte público en medio de la crisis cuando este es claramente insuficiente. Imponen el pico y placa de un momento a otro lanzando así a miles de personas a la incertidumbre laboral. Manipulan la información de los datos contaminantes y, por ende, no cumplen con el mayor deber ético de una autoridad política: mantener informada a la ciudadanía de los trastornos que sufren. Exigen comportamientos ecológicos cuando no invierten en verdaderas campañas de concientización ambiental. Les dicen a los ciudadanos que usen la bicicleta y la ciudad brilla por la ausencia de un circuito eficiente para este tipo de vehículos. Y son, para terminar este prontuario que es más largo de lo que ellos creen, tan insoportablemente autistas que nos siguen diciendo que lo de ellos, con su mediciones dadas en lugares no estratégicos, con sus mapitas tridimensionales, sus cifras y estadísticas varias y su señalamiento continuo a la angostura del valle-hueco en que vivimos, es transparente y de alta calidad profesional.

¡Basta ya, señores políticos y señores empresarios, de mentiras y maniobras desvergonzadas¡ Estamos hasta el coronilla de su contubernio tenebroso. Ya es más que evidente que la ciudad diseñada y regida por ustedes está llena de fallas. Por todas partes por donde se le mire el tal equilibrio alcanzado es solo apariencia. Y si este ha existido está fundado en negociaciones turbias. Una ciudad no puede ser la más educada cuando en su seno hay terribles desigualdades sociales, bandas narco paramilitares por doquier y cuando su juventud vive enlodada en la prostitución y la droga. Una ciudad jamás podrá ser la más innovadora cuando no es capaz de garantizarles a sus ciudadanos un aire limpio. Porque la principal grieta, la que nos muestra hoy ante el país y el mundo como una ciudad fallida, es esta crisis ambiental. Ustedes, es necesario decirlo sin ninguna vacilación, son los mayores responsables de tener ahora el peor aire de Colombia y uno de los más asquerosos del planeta. Y no sigan diciendo, por favor, que todos somos igualmente responsables.


Un alcalde como el que tenemos ahora, que es más una marioneta que otra cosa, o un alto empresario del lobby automotriz con propiedades lujosas en Miami, no tiene la misma responsabilidad en esto que cualquier ciudadano de a pie. No, señores, no sean descarados. Hay jerarquías en la responsabilidad de este tipo de crisis. Y ustedes se llevan holgadamente el primer lugar de este vergonzoso equívoco. Son ustedes, con su avaricia financiera y su corrupción obscena, los máximos responsables de que Medellín y la zona metropolitana esté así: atafagada de carros y motos e industrias. Son ustedes y, por supuesto, sus antecesores, los responsables mayores de que Medellín haya llegado a este punto deplorable. Es hora de que todos quienes conformamos la sociedad civil protestemos con fuerza y exijamos medidas no para satisfacer la angurria de los poderosos, sino las necesidades vitales de los ciudadanos. Y esta, la de tener derecho a un aire sano, es la más urgente ahora.

lunes, 20 de marzo de 2017

[Video] La amenaza de la minería a cielo abierto en el norte del Valle de Aburrá

En el municipio de Bello, en límites con Copacabana, departamento de Antioquia, desde 1982 funciona la empresa Escombrera Conasfaltos S.A. localizada en el barrio Guasimalito. Algunos ciudadanos han expresado que las consecuencias de la minería a cielo abierto en su territorio son nefastas e irreparables.
En entrevista con Jose Luis García, integrante de la Veeduría Ciudadana de Guasimalito, conocimos el proceso legal que la comunidad emprendió para frenar los efectos de la minería, es decir, las afectaciones sociales y el deterioro ambiental causado durante más de dos décadas de actividades mineras a cielo abierto.



lunes, 13 de marzo de 2017

Medios de comunicación: Frente de lucha contra el extractivismo y por la preservación del ambiente

Vivimos hoy en la era más explosiva del desarrollo de infraestructura en la historia humana. Para mitad del siglo, la tasa sin precedentes de construcción de autopistas, presas, minas y plantas de energía; junto con el crecimiento de las ciudades, tejerá el mundo de hormigón. Supuestamente, esa ráfaga de actividad mejorará las vidas de millones de personas. Sin embargo, todo esto está llegando a expensas de un precio terrible para el mundo natural, en tanto perdemos selvas, estuarios, humedales, fauna e indígenas. A lo largo de las pasadas décadas, una tremenda ola de de desarrollo en infraestructura —y daño ambiental— que alguna vez dominó primordialmente los paisajes europeos y estadounidenses, ha arrasado a través de África, Asia y Latinoamérica. Y junto a ella han llegado campañas ambientales transnacionales con la determinación de minimizar el daño, proteger el hábitat y apoyar a los indígenas. Estos campañistas ambientales —típicamente superados tanto en artillería como en fondos por los desarrolladores corporativos— han trabajado diligentemente para eliminar proyectos potencialmente riesgosos o mitigar sus efectos negativos. 

Una estrecha relación con los medios de comunicación ha sido capital para las campañas más exitosas de defensa ambiental. ¿Pero qué tan importante ha sido el rol de estos medios? “Los medios de comunicación son esenciales para ‘correr la voz’ en cuanto a la infraestructura mal considerada —son la conexión clave entre los científicos que estudian estas cuestiones, quienes toman las decisiones y el público en general”, le dijo a Mongabay Bill Laurance, un distinguido profesor de investigación de la Universidad de James Cook, en Australia. “Con muchísima frecuencia los científicos esencialmente son ignorados por quienes proponen los proyectos y toman las decisiones, pero es mucho más difícil para ellos hacer algo, así que los medios pueden poner el reflector sobre un proyecto y mostrar por qué ambiental, económica y socialmente es una mala idea.

El megáfono mediático en acción

Laurance habla de su experiencia: ofreció cientos de entrevistas a medios de comunicación para ayudar a hacer públicos los potenciales costos ambientales en la Amazonía brasileña del proyecto Avança Brasil —una inversión propuesta por el gobierno de 40 mil millones de dólares entre el 2000 y el 2020 en una “avalancha” de nuevas carreteras, presas, líneas de energía, de gas y más infraestructura que habría entrecruzado la Amazonía brasileña y la habría abierto para ulterior explotación y urbanización. “Esto se volvió una enorme controversia tanto en Brasil como internacionalmente, y finalmente el gobierno se vio forzado a llevar a cabo una gran revisión interministerial que recomendó la cancelación de algunos de los proyectos más peligrosos”, dijo Laurance. Señaló otros proyectos recientemente cancelados, como la red de carreteras Ladia Galaska, en Sumatra, y la autopista Serengueti, en Tanzania —proyectos ambientalmente dañinos en los que cree que los medios jugaron un papel crucial en la educación del público.

John Reid, fundador del Conservation Strategy Fund, está de acuerdo en que los periodistas están en una posición única que los vuelve “claves” en las campañas exitosas contra los proyectos defectuosos de infraestructura. “Ni los defensores del medio ambiente, ni los científicos independientes ni los analistas tienen los millones de dólares que pueden desplegar los desarrolladores de los proyectos para sustentar sus proyectos con estudios. Sacarle la verdad a un amplio espectro de contribuyentes, consumidores de electricidad, legisladores y gente potencialmente impactada, es algo que solo los medios de comunicación pueden hacer”. La evidencia de tal éxito, señaló, se ha visto clara en relación a cierto número de proyectos, incluyendo la expansión del Canal de Panamá, la carretera BR-319, en Brasil, y la presa Bala en Bolivia. “Los medios de comunicación con frecuencia alertan al público de que estos proyectos están sucediendo. Y más allá de eso, hacen que los científicos, economistas y activistas independientes sean escuchados”, dijo Reid.

La fuerza imparable de la infraestructura

La necesidad de una mayor conciencia del público respecto a grandes proyectos de infraestructura ambientalmente riesgosos nunca ha sido tan grande. Más de 25 millones de kilómetros de carreteras nuevas han sido proyectadas a lo ancho y largo del planeta para el 2050, lo suficiente para darle la vuelta al mundo más de 600 veces. Nueve de diez serán construidas en países en desarrollo, y muchas en regiones con biodiversidad excepcional y ecosistemas protegidos. Es igualmente pasmosa la proliferación de los proyectos de presas propuestos en sitios claves de biodiversidad global. Por ejemplo, los planes actuales llaman a rebalsar cinco de los seis más grandes afluentes andinos que alimentan el río Amazonas, con más de 150 proyectos hidroeléctricos nuevos anunciados para su construcción en los próximos 20 años. Al otro lado del mundo, al menos 27 represas están planeadas para el afluente principal del río Mekong. Muchas de estas presas propuestas están siendo construidas para producir electricidad para proyectos mineros gigantescos. El hambre insaciable de los países más desarrollados por oro, escasos elementos terrestres, diamantes, zinc, acero y bronce han resultado en una carrera para minar los últimos lugares salvajes del mundo. La propuesta Arco Minero del Orinoco, en Venezuela, por ejemplo, impactaría casi 112 000 kilómetros cuadrados de territorio salvaje, gran parte del cual está constituido por selva.

Como en el pasado, esta marejada de construcción está siendo respaldada fuertemente por los gobiernos nacionales, beneficiando la industria y a los inversionistas extranjeros, frecuentemente al costo de los indígenas, las comunidades rurales y el hábitat. Pero muchos conservacionistas esperan ser capaces de mitigar el daño de los proyectos desacertados, o incluso de verlos cancelados —y los medios serán importantes para esos objetivos. De hecho, existen precedentes para tales esperanzas: históricamente la cobertura mediática ha jugado una parte clave para frenar algunos de los proyectos internacionales de megainfraestructura más ambiciosos.

A mediados de 1980, por primera vez el Banco Mundial detuvo los pagos de un préstamo debido a cuestiones ambientales y amenazas a poblaciones indígenas. El proyecto Polonoreste, de 1.5 mil millones de dólares, con inversionistas financiando una gran campaña de publicidad proautopistas para que la gente subiera a bordo del proyecto, había previsto pavimentar 1500 kilómetros de camino a través del corazón de la cuenca amazónica. Sin embargo, con la exposición de los medios agregándole poder a las protestas y realzando los riesgos que suponía el proyecto, esa campaña se encontró frente a una barrera de intensas críticas internacionales y locales de los grupos ambientales e indígenas. En marzo de 1985 el banco suspendió la financiación. “En la mayoría de los casos, la atención de los medios es lo que amplifica la consternación ciudadana respecto al proyecto”, le dijo Susan Park a Mongabay. Park, profesora asociada de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sídney, autora de un libro acerca de las interacciones del Banco Mundial con los ambientalistas, señala particularmente unos reportajes de investigación en el New York Times y en 60 Minutes que mostraban cómo el banco estaba financiando la destrucción del Amazonas. Ella destaca la mala publicidad como un factor de gran importancia en el retiro de los fondos.

domingo, 26 de febrero de 2017

LA FUNDACIÓN DEL CRIC Y LA LUCHA INDÍGENA DEL CAUCA EN LOS AÑOS 70

La extensión de la propiedad terrateniente en los 60, como la dominación del terraje, fueron los detonantes de las procesos de resistencia que desembocaron en la creación del CRIC en 1971. 

En el Norte del Cauca el proceso de reforma agraria impulsado desde el INCORA abrió espacios de discusión y reflexión colectiva de campesinos e indígenas, articulados en la ANUC, sobre el derecho a la tierra y la reforma agraria. Además, militantes importantes no indígenas, como el sacerdote Pedro León Rodríguez y Gustavo Mejía, impulsaron procesos de lucha por la tierra entre campesinos e indígenas que permitió alcanzar un cúmulo de experiencias de organización popular que poco tiempo después serían importantes para la conformación del CRIC . Gustavo Mejía fundó para 1970 el Frente Social Agrario, FRESAGRO e impulsó las dos primeras asambleas del CRIC, su compromiso con la lucha por la tierra llegó a su fin cuando fue asesinado en Corinto el primero de marzo de 1974 . Por su parte Pedro León Rodríguez, conocido como el “cura rojo”, participó en procesos de lucha por la vivienda en Corinto, estuvo activo en los procesos de ocupación de tierra en Santa Elena y fundó el movimiento Unidad Popular que posteriormente se articuló a FRESAGRO luego, tras la formación del CRIC, convocó a los sacerdotes del Cauca a dar apoyo a la nueva organización. (1)

Otra vertiente de experiencias de lucha y organización que alimentó la creación del CRIC fue la lucha guámbiana por la liberación del Gran Chiman, en Silvia. En 1962 los Guámbianos fundaron el Sindicato Gremial Agrario de las Delicias, afiliado a la Federación Agraria Nacional luego, para acceder a un crédito agropecuario que les permitiera comprar la finca San Fernando, se trasformaron en la Cooperativa Agraria las Delicias. Desde la casa central de la finca empezaron un proceso de educación popular de los terrajeros del Chiman, poco a poco organizaron a la comunidad indígena e impulsaron la liberación de las tierras en Silvia . La experiencia de lucha por la tierra se expandió a Jámbalo y otros municipios del Cauca y, para 1970, conformaron el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Oriente Caucano cuya plataforma de lucha fue recuperar las tierras indígenas, respeto a las costumbres culturales, exigir el reconocimiento de sus autoridades, no al terraje y a toda forma de explotación del trabajo, participación política del movimiento, elevar el nivel social de las comunidades, ser escuchados por el gobierno nacional y respeto. (2).

Para los años 60 muchos cabildos del Cauca eran instituciones subordinadas a los intereses de terratenientes, políticos y la iglesia, de manera que, en ese momento, no existía un medio adecuado para adelantar la lucha por la tierra de los terrajeros. Era necesaria la construcción de una organización independiente a los cabildos para enfrentar el dominio terrateniente. La creación del CRIC en febrero de 1971 ofreció respuesta a esta necesidad de organización y lucha (3) .

Tanto las experiencias de organización de los indígenas Nasa articulados con el movimiento campesino en el norte, como el proceso de Guámbiano en Silvia en el oriente, desembocaron en la conformación del CRIC. Gustavo Mejía convocó a una reunión en San Fernando Silvia, con el fin de articular las experiencias de lucha, que hasta entonces se encontraban dispersas, en una nueva organización independiente de campesinos e indígenas, allí confluyó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Oriente Caucano, las organizaciones indígenas y campesinas del Norte del Cauca aglutinadas en FRESAGRO y la ANUC, como autoridades de cabildo y comuneros de los resguardos de Tacueyó, Toribió, San Francisco y Jambaló. En la reunión Gustavó Mejia propuso el nombre del CRIC para la nueva organización y la asamblea acogió, como plataforma de lucha, los 7 puntos de la plataforma del sindicato. Por su parte los cabildos de Caldono, Pioya y Pueblo Nuevo se negaron a participar en una organización en la que confluían procesos campesinos . Después de esta reunión la tarea fue recorrer todos los territorios y resguardos indígenas del Cauca para convocar a la reunión fundacional de la nueva organización. (4)

La asamblea constituyente del CRIC se realizó en Toribio el 24 de febrero de 1971, en ella participaron más de 2000 indígenas, confluyeron los cabildos de Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Pitayó, Quichaya, Quizgó y Guambía, de igual forma existió acompañamiento de organizaciones campesinas. La asamblea estableció allí los cuatro puntos centrales de lucha que se mantienen vigentes desde entonces unidad, cultura, tierra y autonomía. Como plan de acción se estableció la exigencia de expropiación de las tierras que eran de los resguardos y entrega de los títulos a las comunidades, ampliación de los resguardos a través del INCORA, modificación y rechazó de la ley 89 de 1890 que trataba a los indígenas como menores de edad, participación de los indígenas en la modificación de las leyes, eliminación de la División de Asuntos Indígenas, no al terraje y creación del CRIC.

En la primera asamblea del CRIC se presentó un fuerte rechazo a la ley 89 pero, para el mismo año, se encontraron manuscritos dejados por Manuel Quintín Lame en un rancho al sur del Tolima, que fueron recogidos en el documento conocido como “En defensa de mi raza,” de él se llevaron 100 ejemplares a la segunda asamblea del CRIC, realizada en la Susana Tacueyó, el 6 de septiembre de 1971. La influencia de los manuscritos de Quintín hizo que la asamblea transformara su posición frente a la ley 89, ya que esta, pese a tener elementos racistas, sin embargo garantizaba el carácter inalienable de las tierras de los resguardos y reconocía la jurisdicción de las autoridades indígenas en sus territorios. De allí en adelante se introdujo, dentro de la plataforma de lucha del CRIC, “hacer conocer las leyes indígenas” y utilizarlas a favor del movimiento en lucha por la tierra .(5)




VÍDEO: La Resistencia del Maíz

La lucha por la tierra en la Hacienda la Emperatriz no solo trata las reivindicaciones materiales, ambientales y culturales de las comunidades indígenas sino que, además, esta tierra tiene un fuerte valor simbólico ya que en la Emperatriz se planeó y organizó la masacre de 20 indígenas nasa el 16 de diciembre de 1991, en lo que se conoce como la masacre del Nilo.

Días después de los acontecimientos de la masacre el Estado colombiano realizó un acuerdo por 15.600 hectáreas de tierra que hoy, 26 años después, no ha cumplido en su totalidad. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en este caso y, para el año 2000, condenó al Estado por su responsabilidad directa en la masacre. La masacre del Nilo en 1991 partió en dos la historia del movimiento indígena del Cauca, ya que desde 1971 el movimiento venia con una dinámica constante de ocupaciones colectivas de tierra pero, después de la masacre, se detienen los procesos de recuperación. Es solo hasta el año 2005 cuando se retoman los esfuerzos por la recuperación y liberación de tierras. 

Teniendo viva la memoria de la masacre, el ciclo actual de lucha por la tierra inició con la liberación de la hacienda la Emperatriz, lo que constituye un reclamo por tierra, justicia y dignidad. Desde que inició el proceso la comunidad indígena a realizado diferentes acuerdos con el Estado, lo que implicó la salida de la comunidad de los predios a la espera de la realización de los acuerdos, pero el Estado nunca cumplió, por lo que desde comienzos de marzo de año 2015 retoman el proceso de liberación con la promesa de nunca más volver ha salir de la hacienda hasta que las tierras regresen a las comunidades indígenas.

El proceso de lucha a sido largo y difícil, con constantes intentos de desalojo, violencia desmedida por la fuerza publica que utiliza armas de fuego contra las comunidades y el asesinato de Lorenzo Largo el 29 de noviembre del 2007, y del joven Guillermo Pavi el 10 de abril del 2015, ambos asesinados por agentes del ESMAD. "La resistencia del maíz" recoge los acontecimientos vividos por las comunidades en el ultimo intento de desalojo realizado el 14 de octubre del 2016, en donde fueron destruidos los asentamientos y los cultivos de maíz de las comunidades, pero se registra también el proceso de lucha y resistencia, la reconstrucción de los asentamientos y la realización de nuevos cultivos de maíz que, además de presentarse como una alternativa a la crisis alimentaria para las comunidades, su cosecha es una victoria del movimiento indígena que continua haciendo uso y posesión de las tierras.

En estos momentos se espera la realización de nuevos procedimientos de desalojo contra la comunidad indígena asentada en la Emperatriz, por lo que se hace un llamado a centrar esfuerzos en la construcción de redes de solidaridad con el movimiento indígena nasa.


jueves, 23 de febrero de 2017

VÍDEO: Participación y defensa del territorio Caso Samana San Carlos Antioquia

Comunidades definen NO permitir que mas mega proyectos afecten sus territorios, sus relaciones, su cultura, su tranquilidad, la diversidad biológica única que tienen, el agua, la vida. Un proceso creciente de defensa de la vida, el agua, el territorio la tranquilidad


LIBRO: Geopolítica del Despojo


Este libro es resultado de un trabajo de investigación y recopilación de diferentes fuentes durante alrededor de diez años, en los cuales, se buscó identificar las dinámicas del proceso de robo del territorio y conocimientos asociados a este.

El libro consta de cinco capítulos:

El primer capítulo evidencia la estructura del robo del agua y las semillas desde un análisis global de las instituciones encargadas de construir dichos planes, hasta las políticas locales que generan el robo del agua y las semillas, este capítulo tiene un aparte especial sobre el caso de las hidroeléctricas y el proceso de privatización del sistema de producción eléctrico en Colombia, acompañado de una infografía que resume los procesos de lucha y las problemáticas de las comunidades frente a dichos proyectos en casos específicos de América Latina.

El segundo capítulo muestra el conflicto de las comunidades locales frente a proyectos de infraestructura, explotación de recursos y proyectos de conservación dentro del contexto de guerra Latinoamericano, según el sistema de corredores biológicos. Este capítulo viene acompañado de cinco infografías para analizar la problemática por regiones (Pacifico, Orinoquia- Amazonia,Guajira- Sierra Nevada- Catatumbo, Putumayo y Buenaventura).

El tercer capítulo muestra casos particulares de la historia del robo de tierras en Colombia frente a proyectos extractivos,  en la región del Catatumbo con los Bari, en el Magdalena medio con los Yariguies, en los Llanos Orientales con Sikuanis, en el alto Putumayo con los Kamëntsá e Inga, en el Valle del Cauca y norte del Cauca con los afros y en el sur del Cesar con los campesinos.

El cuarto capítulo resume un análisis teórico de acumulación por despojo con casos históricos del conflicto armado en Colombia.

El quinto capítulo  hace un recuento del sistema de militarización en América Latina y Colombia, junto con un análisis de la estrategia militar para asegurar territorios a las empresas transnacionales.  Este capítulo viene con dos infografías, una sobre bases gringas en América Latina y otra sobre los batallones energético – viales que resguardan los proyectos minero energéticos, hidroeléctricas y oleoductos de Colombia.


En resumen, este libro plantea un análisis amplio de los procesos de robo de territorios, sus mecanismos de aseguramiento y legalización implementado a lo largo de la historia del conflicto, con lo cual la estrategia de pos conflicto se constituye en una manera de invisibilizar la realidad y asegurar el acceso de las transnacionales a nuevos territorios.

domingo, 19 de febrero de 2017

[Documental] IIRSA, La infraestructura de la devastacion

Actualmente nos encontramos frente al mayor re-ordenamiento territorial efectuado en el continente desde la invasión europea. El mapa político que conocemos de Sudamérica está siendo silenciosa y constantemente redibujado a nuestras espaldas. Mega obras de infraestructura se construyen en estos momentos en cada rincón de nuestra Abya Yala (Sudamérica): Carreteras, túneles, puertos, hidroeléctricas, hidrovías, con el fin de facilitar, intensificar, agilizar y encadenar la extracción de los bienes naturales, rediseñando la geografía del continente e imponiendo una territorialidad neoliberal total en función del saqueo capitalista.

La IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) no es simplemente una adecuación técnica-material, sino que constituye más bien una avanzada colonizadora jamás imaginada -en términos económicos, políticos y culturales- sobre todo el subcontinente.

El documental es resultado del trabajo común de individualidades y colectivos del norte semiárido de la región chilena, que desde la investigación, reflexión y debate del tema, -y siendo testigos de la desinformación casi absoluta que existe sobre todo en Chile al respecto- hemos venido generando acciones y estrategias para la visibilización, difusión y contrainformación del conflicto, buscando agitar desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria para la resistencia de los pueblos, desde las ciudades, campos, mares contra la dominación y devastación de nuestra tierra, de la cual somos parte.

El documental se realizó durante el invierno de 2016 en el norte semiárido, a partir de la compilación y recuperación de imágenes, videos, y documentales amacenados en la red que nos tomamos la libertad de descargar, reutilizar y resignificar en este video-documental: IIRSA La Infraestrutura de la Devastación.



martes, 7 de febrero de 2017

El levantamiento Wayuu y la represión que no es noticia

De nada parece haber servido la detención de seis líderes Wayuú y de un menor bien entrado la noche en el kilómetro 70 de la vía férrea del tren del carbón, en el territorio de Katsaliamana (Vía Uribía-Cuatro Vías), en La Guajira. Este domingo se han redoblado los bloqueos del tren del carbón en los kilómetros 133 (Ichichon), en el 114 (Pushouria) o en el 123 (Waratat). La acción represiva del ESMAD en la noche del sábado 5 de febrero, pasadas ya las 11 p.m., y la detención de siete personas (seis autoridades tradicionales y un menor de 16 años) buscaba, como confesaba el coronel Tito Yesid Castellanos Tuay, comandante de la Policía Guajira que al judicializar a los líderes quedara desbloqueada la línea férrea. El plan les salió mal. De hecho, las comunidades han reaccionado con más decisión y este domingo se han producido nuevas detenciones en los kilómetros 133 y en el 123. En la noche del domingo, después de intensas negociaciones, los siete detenidos del sábado fueron liberados. 

Las autoridades tradicionales que estuvieron 24 horas en poder de la Policía en Maicao son Alberto Uriana, de Yawasira; José Luis Uriana, de Irrotca; Ulitojoy Ipuana Epieyu, de Juyaparalen; Salvatin Urariyu, de Oulushen; Ramiro Uriana, de Sikep; José Gómez, de Pioulekat.

La noticia de la protesta masiva del pueblo Wayuú ha estado completamente invisibilizada en los medios de comunicación masivos que, sin embargo, suelen dedicar tiempo y espacio a cada muerte de un niño o una niña por desnutrición en la zona. La mina de El Cerrejón, propiedad de BHP Billiton, Anglo American y Glencore, insiste en que el bloqueo de la línea férrea no tiene que ver con la operación minera, aunque para líderes y lideresas wayuu el tema de la consulta previa tiene una relación directa con esta corporación. Varios activistas denunciaban la presencia de carros y funcionarios de El Cerrejón junto a los de la Policía en la estación de Maicao.

El Cerrejón incluye una mina a cielo abierto de carbón térmico que produce más de 32 millones de toneladas al año, un ferrocarril de 150 kilómetros de largo y un puerto marítimo de cargue directo capaz de recibir buques de hasta 180.000 toneladas de capacidad.

Lo que el pueblo Wayuú reclama con estos bloqueos es que se respete su autonomía política, que el Estado intervenga de verdad para solucionar la crisis de soberanía alimentaria que se traduce, entre otras formas, en la muerte por desnutrición de 108 menores en 2016 y, en lo que llevamos de 2017, de 6 niños y niñas; y que se aplique y respete la consulta previa para proyectos en sus territorios.


La ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) emitió esta madrugada un comunicado en el que denunciaba “que, a media noche de hoy, miembros del ESMAD quienes llegaron en dos camiones, atropellaron a las Autoridades Wayuu y de la comunidad de Katsaliamana Municipio de Uribia”.

sábado, 4 de febrero de 2017

Nuevos desplazamientos genera el proyecto Hidroituango en el Municipio de Toledo Antioquia

Con abuso de poder, violencia y generando miedo en la población avanza el megaproyecto Hidroituango. Un nuevo desalojo forzoso se llevó a cabo en la playa la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo Antioquia solicitado por Empresas Públicas de Medellin EPM; esta acción fue llevada a cabo el 1 de febrero de 2017 por decenas de hombres de la Policía, el Ejército, la vigilancia privada de EPM, un abogado de EPM, el secretario de gobierno y la Inspectora municipal. Advierten que los desalojos continuaran pues tienen que desocupar los predios de la empresa. 

En el Cañón del Cauca ya son más de 500 familias que han sido desplazadas por Hidroituango, muchas de ellas son víctimas del conflicto armado y revictimizadas por el megaproyeto; sin embargo el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia alerta sobre los próximos desalojos que se prevén para dar paso a la obra, pues la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras, que en su mayoría no fueron censadas o que con las irrisorias indemnizaciones no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su hábitat natural.

JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN, alcalde del municipio de Toledo Antioquia, tal y como lo hizo su antecesor, emitió un amparo policivo solicitado por EPM y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias afectadas por Hidroituango, en la acción ejecutada también intervinieron empleados de EPM quienes destruyeron las humildes casas de la comunidad barequera que allí se encontraba obteniendo su medio de vida, por tanto, exigimos a la procuraduría y demás autoridades competentes una investigación e informe al respecto pues la presencia y actuación indebida de obreros que por ser una obra cuyo accionista mayoritario es la Gobernación de Antioquia tienen mayor responsabilidad en el respeto de los derechos que los particulares. Esta situación tiende a agravarse en la zona pues los alcaldes de Ituango Hernán Álvarez y el del municipio de Valdivia Jonás Henao han admitido las solicitudes de amparos policivos que se encuentran en trámite.

Dichas posturas preocupan a la población, y más aún cuando mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016 la administración de Toledo esgrimió los mismos argumentos que hoy fueron expresados por el abogado de EPM que asistió al desalojo lo que demuestra que EPM es la que administra los municipios afectados por Hidroituango y los alcaldes municipales obedecen las órdenes de esta empresa.  Además en los procesos y procedimientos las únicas pruebas válidas son las que presenta la empresa, el derecho de contradicción y debido proceso desapareció en la zona.

Por otra parte, durante el desalojo perpetrado en la Arenera argumentaron que el barequeo no es legal, contradiciendo el Código Minero Colombiano y confundiendo a la población víctima en un territorio en el que el barequeo ancestral debe ser protegido dado su carácter de patrimonio cultural inmaterial. La Utilidad Pública fue otro de los argumentos, según su interpretación, el hecho de que en una matrícula inmobiliaria  aparezca la palabra utilidad pública implica que las personas que se encuentren  allí deben salir huyendo, pues esta figura asegura el dominio de la empresa sobre el territorio. A esto se sumó la afirmación de que la zona es de minería restringida (Art. 35 Ley 685 de 2001) lo que sólo aplicaría si afectara la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio, pero no hay ningún tipo de obra en el sitio en donde se presentó el desalojo.

Entre las personas desalojadas están Gregorio Chavarría y Rudy Estela Posada, líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia quienes recibieron amenazas de muerte el 11 de julio de 2015 en las que desconocidos les ordenaban salir de las playas del río Cauca. Además de ser víctimas del conflicto armado, son hoy nuevamente revictimizados por Hidroituango y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA quien no ejerce el debido control sobre esta obra. Esta autoridad emitió el Auto 2161 del 01 de junio de 2015 y generó obligaciones para Hidroituango en relación a los desalojos, aún hoy no emite  ningún informe al respecto.

Este desalojo constituye otra violación a los derechos humanos y DESCA cometida contra líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que también fueron víctimas del desalojo forzado de marzo del año 2015 en el que más de 80 familias perdieron sus pertenencias, pues la alcaldía de Toledo, Antioquia, aseguró que las tendría en custodia y no las devolvió a pesar de habérselas solicitado; la denuncia sobre dicho suceso no ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía hasta el momento, durante el desalojo las victimas preguntaron a la inspectora de policía Isabel Cristina Duque Pino por estos enseres y ella expreso que se le salga de las manos pues eso había sido la administración anterior.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡El río Cauca nos abraza, EPM nos desplaza!




lunes, 23 de enero de 2017

¿Por qué otra vez, los San Luisanos marcharemos por la defensa del Río Dormilón?

La manifestación iniciará desde el día viernes 27 de enero en horas de la tarde con la elaboración de carteleras y estampación de camisetas.  En la noche se realizará un video foro donde también se informará a la comunidad la situación que actualmente se presenta en relación con el río. 

El día 28 de enero, la comunidad iniciará una marcha a las 8 de la mañana con sus mensajes alusivos, desde la cabecera urbana hasta el puente de la vereda San Francisco sobre el río Dormilón (aproximadamente 45 minutos), con el fin de manifestarse activamente en el evento de socialización de alternativa de uso del agua para proyecto hidroeléctrico, programado por la alcaldía y la empresa a la cual fue otorgado permiso de estudio hídrico por CORNARE.

Esta invitación a la acción colectiva se soporta en las siguientes motivaciones:
Hace ya casi dos años, el 11 de marzo de 2015, más de 300 sanluisanos acompañados por ciudadanos y movimientos sociales del Oriente Antioqueño y el departamento, nos movilizamos en una marcha por la autopista Medellín – Bogotá desde el puente de El Santuario hasta la sede principal de Cornare.
Su propósito fue exigir a la autoridad de gobierno ambiental Cornare, que resolviera a nuestro favor el procedimiento de declaratoria de caducidad de las concesiones que había otorgado a una empresa para que usara el 75% de las aguas del río Dormilón en la producción de hidroenergía.  La comunidad ya había denunciado públicamente las condiciones de inequidad, injusticia, riesgo ambiental y engaño que caracterizaba este proyecto.

En desarrollo de esa manifestación, fue celebrado un diálogo en el auditorio de Cornare entre los marchantes y los directivos de la Corporación Ambiental.  En éste se produjeron dos situaciones de alto valor para la comunidad sanluisana: Primero, se conocieron las Resoluciones que revocaban los permisos de uso del agua del río Dormilón y devolvía nuevamente los derechos a los sanluisanos sobre este patrimonio ambiental.

Segundo y no menos importante, hubo acuerdo y compromiso entre las partes, CORNARE y comunidad, para trabajar por el futuro del río Dormilón tal como lo soñamos los sanluisanos: su protección y conservación para seguir disfrutando los innumerables servicios ambientales que éste nos provee.  Como quedaría plasmado días después en la sistematización del proceso ciudadano de defensa de este patrimonio ambiental, “trabajaríamos por el desarrollo de una política pública de protección y conservación del río Dormilón”.

Lamentablemente para nuestros intereses comunitarios y el menoscabo de la credibilidad en la  institucionalidad del Oriente Antioqueño, CORNARE no ha cumplido con el solemne compromiso que realizó ante el pueblo que llegó a sus instalaciones a solicitar su protección.

De cara al compromiso de CORNARE en el rol de autoridad oficial para emitir una normativa que le otorgue legitimidad jurídica a la política pública de protección y conservación del río Dormilón, elude su promesa manifestando en relación a una posible declaratoria de Área Protegida que: “…entre los estudios que soportan las prioridades de conservación para Antioquia y para la región de CORNARE, el río Dormilón no ha hecho parte de éstas…” (Oficio 130-1110 del 6 de abril de 2016).
Al contrario de lo prometido con la comunidad, meses posteriores a la reunión con los manifestantes del 11 de marzo de 2015, CORNARE expidió permiso a la empresa (ahora bajo el rótulo de Taborda Vélez y Cía) para llevar a cabo estudios y “proyección de obras para su futuro aprovechamiento en el sector hidroenergético”.  Igualmente a la empresa Integral S.A (bajo el rótulo jurídico de I-DOS), para que hagan lo propio en zona del río Dormilón y Samaná Norte que meses antes iba a ser inundada con la hidroeléctrica Porvenir I, cuya licencia fue negada por la ANLA.

La alcaldía y el Concejo Municipal tampoco asumen sus competencias y voluntades para proteger lo que la comunidad demanda.  El Concejo municipal, ante la solicitud de que usen los instrumentos legales que les da el Estado en ejercicio de la autonomía municipal, han “cedido” esta valiosa competencia, manifestando que  “Desde el punto de vista legal son las CAR y el Ministerio del Medio Ambiente, las que están facultadas para regular el uso del agua“.

La alcaldía municipal, desconociendo todo el proceso ciudadano de más  de 4 años en que ha defendido y solicitado la protección del río como patrimonio ambiental, ha claudicado a las intenciones de la empresa en detrimento de este querer ciudadano, por intereses puramente economicistas, con la promesa de que le VENDERÁN parte de ésta.

En conclusión, el pueblo de San Luis está desprotegido de sus autoridades locales y ambientales, y expuesto al poder económico que llega a través de empresas comerciales privadas, a las cuales nada les significa este patrimonio ambiental que San Luis ha protegido, conservado y vivido.

Hacemos un llamado a la ciudadanía de San Luis, del Oriente Antioqueño y la comunidad en general, para que, ante la negligencia de las entidades gubernativas por proteger este valor natural, invoquemos la voluntad del pueblo a través de nuestro legítimo derecho a la manifestación y la protesta pacífica. 

Que el río Dormilón sea un ejemplo de resistencia y lucha por el patrimonio ambiental del Oriente Antioqueño y del país.

Vigías del río Dormilón



miércoles, 30 de noviembre de 2016

CARNAVAL POR LA VIDA DIGNA LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PERMANENCIA EN CONDICIONES DE DIGNIDAD.

En el 2015 nos sorprendió ver a multitud de organizaciones y comunidades carnavaliando por las calles de los barrios de alta ladera de la comuna 6. Más de 29 organizaciones y 11 barrios de la ciudad nos encontramos para reivindicar nuestro amor por la vida digna, la libertad y la justicia social. Esto nos mostró que era posible ser diferentes y encontrarnos para construir juntos, que la diferencia enriquecía las expresiones del Carnaval por la Vida Digna, que le daba sentido a la lucha, pues era la manifestación de un discurso contra hegemónico en el que las clases populares expresan una resistencia ante la imposición de un modelo económico capitalista excluyente, empobrecedor, autoritario, a través de su cultura espontánea, carnavalesca, humorística. 

Hemos aprendido en estos 7 años que el Carnaval es una manera de resistir con alegría, fuerza y valentía en el territorio, es una manera de encontrarnos para apoyar mutuamente las luchas que hemos decidido iniciar con el ánimo de construir un mundo donde quepan muchos mundos.

El humor carnavalesco, la burla, la ironía, el placer, como expresiones de lo popular, son el enemigo más peligroso del poder, desde la plaza pública, desde la multitud incontrolable, que se ríe de lo impuesto, del impostor, del poderoso. La Ideología dominante, de los de arriba, tiende a ocultar las expresiones populares alternativas, que en sus múltiples caras, en su polifonía, se escapan de las manos de la dominación cultural a través de la vida que ríe, del carnaval, de la fiesta. La historia oficial es la de los de arriba que silencian la voz de los abajo que, con todo esto, siguen existiendo con sus voces calladas en busca de huecos, grietas, oportunidades de expresión y resistencia.

Por tanto el carnaval es una herramienta deconstructiva esencial, es decir, un recurso de distanciamiento y rebeldía contra los valores, principios o ideas rígidas que la hegemonía cultural extiende por todos los intersticios de la sociedad.

Lo que queremos, o lo que pensamos, es un mundo nuevo, o un sistema nuevo de gobierno donde el gobierno obedece y el pueblo manda. No copia del que ya hay o darle un agregado a lo que ya hay. No hay libro, manual que nos diga cómo. Ese libro o manual, todavía no está escrito, está todavía en los cerebros con imaginación, en los ojos listos con mirada de algo nuevo que se quiere ver, en los oídos muy atentos para captar lo nuevo que se quiere.

No esperamos que alguien venga y luche por nosotros. No le pedimos a nadie que viniera a luchar por nosotras. Cada lucha es de cada quien, y debemos apoyarnos mutuamente, para que esa lucha sea colectiva, de todos. Quien lucha tiene el derecho de decidir a dónde lleva su camino y con quién camina. El apoyo es respeto y no dirección ni mando. Nadie nos va a liberar, sino nosotros, nosotras mismas.

Es por esto que los invitamos a disfrutar a través del Carnaval por la Vida Digna, este 10 de diciembre en el barrio las independencias, comuna 13, de un espacio de encuentro donde nuestras luchas y resistencias suenen en una polifonía de músicas y expresiones populares, manifestando toda la riqueza de la diferencia, la alegre rebeldía, policromatica, amplia y recogedora.

Acompáñenos a construir un mundo donde el pueblo manda para el bien del mismo pueblo.
Atte: Mesa Interbarrial de Desconectadxs. E-Mail: mesainterbarrialmedellin@gmail.com



jueves, 3 de noviembre de 2016

La Universidad Nacional está engañando a los antioqueños

Campesinos del corregimiento Palocabildo de Jericó, Antioquia, denunciamos ante la opinión pública el bochornoso papel al que se ha comprometido jugar la Universidad Nacional de Colombia para tratar de engañar a los colombianos, en especial a los habitantes del suroeste antioqueño. 


Ha sido puesta la Universidad Nacional al servicio de la multinacional minera Anglogold Ashanti para intentar justificar procesos mineros en regiones pacíficas dedicadas a la agricultura y al turismo, zonas de gran importancia en la conservación del patrimonio natural e hídrico regional que, como la nuestra, quedaría devastada social, económica y ambientalmente por el procesamiento de 612 millones de toneladas de rocas extraídas de las montañas cuyas aguas surten los acueductos veredales de corregimientos y veredas de los municipios de Jericó y Támesis, para obtener cobre, oro y plata, metales que serán en su totalidad exportados en beneficio del gran capital internacional.

Para lograr la aceptación de jericoanos y tamesinos, Anglogold Ashanti ha firmado un convenio por la “minería bien hecha” con la Universidad Nacional que se centra en campañas de propaganda y soporte a la empresa entre las poblaciones afectadas en Antioquia y Tolima. En desarrollo de estas campañas, Minera Quebradona, nombre optado por Anglogold Ashanti en Jericó y Támesis, ha organizado un “foro educativo” con la Facultad de minas de la sede de Medellín para el próximo 26 de octubre en Jericó, cuya “invitación personal e intransferible” se puede leer más abajo.

Entre las personas que representan la Universidad Nacional en estas maniobras de engaño se destaca un personaje que ha venido ganando un repudio creciente entre los habitantes de las regiones afectadas por proyectos mineros indeseados, se trata del geólogo Oswaldo Ordoñez, quien en su entrega a las multinacionales no vacila en calificar a la población opositora de la destrucción minera como “ambientalismo yidahista” y recurrir a todo tipo de argucias para complacer a los saqueadores internacionales de los patrimonios naturales. Este hombre es para nosotros PERSONA NO GRATA y como tal será recibido en nuestro municipio.

Las directivas actuales de la Universidad Nacional deben tener presente que como ciudadanos colombianos contribuyentes con nuestros impuestos al mantenimiento de la educación pública, no aceptamos y deploramos profundamente el papel que le están asignando a la Universidad Nacional como aliada de Anglogold Ashanti para conducir a la ruina propia de los pueblos mineros colombianos esta región que jamás ha sido minera, que ha mantenido, quiere sostener y va a defender con decisión la vocación agropecuaria y turística que nos ha permitido vivir con dignidad y alegría.

Por tanto, rechazamos y nos oponemos activamente a las operaciones de desinformación y de manipulación de Anglogold Ashanti y la Universidad Nacional en nuestra región, en particular, al “foro” convocado para el 26 de octubre en el municipio de Jericó.

Campesinos del corregimiento Palocabildo, Jericó
Mesa Ambiental de Jericó


lunes, 31 de octubre de 2016

Queremos vivir, decidir y seguir construyendo nuestros territorios. Oriente Antioqueño.


El pasado 22 y 23 de Octubre en el municipio de San Luis Antioquia, se realizó el 8vo Festival por el Agua y la defensa del territorio y la vida, este espacio contò con la participacion de más de mil lideres, lideresas de diferentes municipios: Sonsón, Carmen de Viboral, Rionegro, Medellín, San Luis, San Carlos, San Francisco, Argelia, Nariño, quienes se dieron cita para pensarse como región y discutir sobre sus principales problemas, al tiempo que definían rutas de articulación y acción, para hacer frente a diversas amenazas.

Las comunidades advierten de manera clara:
La llegada de diversas Multinacionales que han iniciado ya, la implementación de manera impositiva y a veces inconsulta, de megaproyectos de gran impacto socio-ambiental en sus territorios, constituyéndose en una amenaza concreta para la tranquilidad de los pobladores de la region.

Asì mismo, advierten sobre la falta de una consulta bien informada, acceso a datos ciertos y veraces sobre los impactos de estos megaproyectos y es que, las empresas difunden información parcial, amañada y con un lenguaje técnico desde donde se invalida el pensar de las comunidades.

Así mismo, los adelantos de obra no solo impactan el territorio, sino que limitan el acceso de la comunidad a ciertas zonas de sus territorios de donde derivan su actividad productiva de subsistencia como la pesca y la minería artesanal, todo este escenario va modificando las dinámicas y lógicas productivas de la región, acentúa la perdida de sentido de futuro propio, entre otras problemáticas.

Es reiterado el reclamo de las comunidades a las entidades estatales por no proteger los intereses de las poblaciones, privilegiando los intereses foráneos, esto, sin medir las consecuencias sociales y ambientales derivadas; entre ellas, resaltan los efectos adversos de cara a la conservación de las fuentes de agua.

No se ha tenido en cuenta la voz de las poblaciones de manera vinculante, asì que, la Participación efectiva queda en duda, en tanto que el estado, sus instituciones locales, regionales y en lo nacional, no priorizan las decisiones y debates dados en escenarios veredales, corregimentales, municipales; la institucionalidad se ha limitado a convocar para informar lo que las empresas indefectiblemente harán, no dejando más opciones que vender o mal vender sus tierras; además, en sus socializaciones, utilizan un lenguaje técnico que busca invalidar el saber de las comunidades.

La Ley de Justicia y paz, tiene un espíritu centrado en los principios de verdad, justicia, reparación y No Repetición, estos, sobre todo el de NO Repetición, deberían prevalecer por sobre el concepto de utilidad pública, en tanto estos Mega-proyectos provocarán ahora, nuevas expulsiones por vía jurídica.
Hoy la región cuenta con comunidades que recién han retornando y vienen reconstruyendo sus vidas, sus redes sociales, sus vínculos con el territorio, sus dinámicas de producción, entre otras, esto, luego de la brutal violencia vivida en los 80, 90 y entrado el nuevo siglo.

En el Festival, tambièn se generaron discusiones y propuestas en torno al papel de las mujeres, de los jóvenes, los niños y niñas, la continuidad de la vida y cultura campesina, reclamos a las dinámicas y cultura urbanas por no considerar la importancia de la producción campesina, entre varios temas discutidos.


domingo, 11 de septiembre de 2016

Una vez más Caquetá rechazó la presencia petrolera

Con la movilización que adelantaron este viernes miles de personas en cada uno de los municipios del Caquetá, se evidenció una vez más el fuerte rechazo que tienen las empresas petroleras en esta región del sur del país. 

En Florencia, por ejemplo, la marcha convocada en contra de la exploración y explotación petrolera logró reunir a más de mil personas quienes partieron desde la Universidad de la Amazonia y desde el colegio Normal Superior, con la idea de llegar hasta el parque Santander. Durante el recorrido, se escucharon consignas y proclamas a favor del agua y en contra del trabajo que adelantan las empresas petroleras en municipios del norte y el sur del Caquetá.

Junto a la marcha que se vivió en Florencia de manera masiva, también se organizaron movilizaciones en otros municipios del departamento, donde de forma numerosa la comunidad rechazó no solo el ingreso de las empresas petroleras sino también el abuso de la Fuerza Pública contra algunos manifestantes de El Paujil y La Montañita.

Arturo Mayorga, diputado de la Asamblea Departamental y uno de los promotores de la marcha, aseguró que junto a la Mesa Departamental por la defensa del agua, y a instituciones como Aica y otros sectores sociales, se logró convocar a la comunidad para que saliera a las calles por tercera ocasión en los últimos meses, con el propósito de dar a conocer la posición de la ciudadanía frente a los procesos exploratorios que adelantan empresas como Ecopetrol y Emerald Energy en el Caquetá.

“Marcharemos para rechazar los abusos de la Fuerza Pública hacia la población caqueteña, y reclamando una mesa de negociación que atienda los requerimientos del pueblo caqueteño”, aseveró Arturo Mayorga, al tiempo que explicó que parte de los disturbios que se han registrado en el norte del departamento han sido, según él, provocados por la misma Fuerza Pública. “Esperamos que la Fuerza Pública acabe su provocación para con los pobladores; realmente la población caqueteña ha sido un ejemplo de pacifismo, y en momentos en que han sido provocados han sabido contenerse”, afirmó.

Por fortuna, las concentraciones de este día viernes se desarrollaron en total calma y al finalizar el evento en la ciudad de Florencia los organizadores aseguraron que la jornada podría calificarse de manera exitosa no solo por la cantidad de personas que salieron a marchar, sino por el mensaje que cada vez es más fuerte en la región, sobre la negativa al ingreso de empresas minero-energéticas al Caquetá.