Esta ponencia habla de las colectivizaciones durante la
Guerra Civil española, y de cómo esas ideas han tenido después su manifestación
en el movimiento 15M que apareció en el Estado español en el año 2011.
Hace 80 años, el 18 de julio de 1936, los militares fascistas inician un golpe
de Estado contra la República española. Gran parte del país cae en sus manos en
poco tiempo. Pero tienen un problema: Barcelona. En la capital de Cataluña los
sindicatos de la CNT, la organización anarquista mayoritaria en el movimiento
obrero, organizan la resistencia. Los disparos y enfrentamientos se extienden a
toda la localidad. Antes de que acabe el día los militares han sido derrotados
y los obreros se hacen dueños de la ciudad.
Poco a poco las noticias sobre lo sucedido en Barcelona se extienden a otros
sitios, aumentando las resistencias, en Madrid, Valencia, etc. En más de la
mitad del país la resistencia al golpe triunfa comandada por las masas obreras
ante la pasividad y la pusilanimidad de las autoridades republicanas que una
vez más se niegan a dar las armas a las multitudes que defienden la democracia.
Los militares y fascistas han sido derrotados. Muchos empresarios y
terratenientes huyen a la zona nacional, las autoridades republicanas están
escondidas, paralizadas. Los obreros son de hecho los dueños de las
situaciones. Pero, ¿qué es la democracia para los obreros? ¿Cómo es una
democracia obrera?
Antes de que el aparato estatal pueda reaccionar, los trabajadores proceden a
construir un auténtico poder popular, incluso en el ámbito económico. Las
patrullas de control formadas por las milicias de los sindicatos se hacen
dueñas de los barrios obreros, un tribunal revolucionario sustituye a la
justicia burguesa y gran parte de la industria y del campo queda en manos
republicanas y es colectivizado en régimen de autogestión.
El 25 de julio el sindicato CNT de las Aguas de Barcelona advierte al pueblo
que la ciudad no tiene nada que temer por lo que respecta al suministro, ya que
el servicio queda totalmente garantizado por el Comité revolucionario obrero
que ha incautado la empresa. Lo mismo ocurre con los tranvías, los autobuses,
el metro, las redes ferroviarias, la industria de la madera, las agencias
marítimas en las que la iniciativa de la colectivización viene de trabajadores
sindicalizados en la UGT, el sindicato socialista, minoritario en Cataluña.
También gran parte de las factorías de la metalurgia y la construcción.
Un ensayo curioso hoy, que se habla tanto de bienes comunes y servicios
públicos socializados, fue el de las panaderías, constituyendo un mercado
diseminado por el territorio en la forma de hornos y obradores pequeños; en un
ambiente insano de locales anticuados los trabajadores pusieron un gran empeño
en que la producción se realizara en el menor número de hornos posibles,
mejorando las condiciones de seguridad e higiene y abaratando los costos. Por
ejemplo, ¿cómo se hizo la colectivización de los tranvías? Un grupo de obreros
armados se presentó en las oficinas de la Compañía de tranvías de Barcelona,
situada en la Ronda de San Antonio, esquina a la calle Campo Sagrado.
Incautándose de la misma y del fichero social que la Compañía poseía de los
obreros, siendo quemado en la mitad de la calle.
Mientras tanto, las empresas de propiedad extranjera que no podían ser
colectivizadas eran sometidas a mecanismos de control sindical y obrero. En la
Telefónica de capital norteamericano, el control se extendía a todos los
aspectos de la explotación, conservación, comunicaciones, construcción, incluso
a las operaciones cambiarias. La compañía no podía retirar dinero de los bancos
para la realización de pagos sin la autorización correspondiente del Comité de
control compuesto por los delegados del CNT y dos de la UGT. Este Comité era nombrado
por las asambleas de trabajadores, las atribuciones de la empresa se redujeron
a la administración de los ingresos y las salidas.
En el campo también ocurría con las tierras abandonadas por los fascistas. Se
establecían colectividades, organismos locales autogestionarios para realizar
el trabajo en comunas. Parte de ellas también establecían el pago a los
miembros en función de las necesidades familiares en lugar de las horas
trabajadas, así como formas de moneda social local. Las colectividades establecían
escuelas, hospitales, ateneos culturales, todos los servicios que faltaban en
pueblos que habían sido sometidos durante décadas y siglos a una situación de
atraso y miseria.
El anarcosindicalista José Negre indicaba en marzo de 1937, en una conferencia
en Barcelona, cuál era el concepto dominante en el seno del proceso
colectivizador: “La socialización es un régimen social en el cual los campos,
las fábricas, talleres y todos los instrumentos de trabajo son propiedad de la
sociedad, es decir, de todos en general y de nadie en particular. En el sistema
de socialización, campos, fábricas y talleres quedan en manos de los
productores, como asimismo la facultad de organizar la producción, trasporte y
distribución de los productos, pues a nadie compete dicha misión más que a los
trabajadores encuadrados en sus organismos sindicales, en sus sindicatos de
industria y en las federaciones y confederaciones de los mismos. El señalar el
volumen de producción, es decir la cantidad de productos que deben producirse
para cubrir las necesidades de la sociedad, a dónde deben transportarse y cómo
deben distribuirse será competencia de organismos superiores que se crearán
para atender las necesidades de toda la sociedad, para coordinar la compleja
vida de la relación social, de la sociedad en su conjunto”.
Estos organismos de coordinación de conjunto se van creando, instituyendo
federaciones de ramo, industria y colectividades agrarias. El ejemplo más
acabado es el llamado Consejo de Aragón, la zona donde la colectivización
agraria es más completa, donde se instituye un gobierno basado en la democracia
directa y en la autogestión por parte de los campesinos. El Consejo de Aragón
tiene su correspondencia económica. Antonio Gambau Gil representante de la CNT
de Abastos en el almacén de la Colectividad de Castel lo explica así: “El
sistema que tenía como misión coordinar las necesidades de conjunto de las
colectividades aragonesas era la Federación regional de colectividades. Una
especie de banco sin cajas fuertes ni dinero. Su labor consistía en
contabilizar las disponibilidades, es decir, los excedentes de producción de
las colectividades y las necesidades de las mismas. Si una colectividad tenía
la necesidad de ayuda, la Federación con la disponibilidad de otras comunidades,
se la presentaba sin cobrar por ello ningún crédito. Por otra parte, aquellas
colectividades con excedentes tampoco percibían ningún interés por sus
depósitos que en sí constituían un fornido de solidaridad para los demás y
hacia sí mismos”.
Para dar una idea de la dimensión del proceso indiquemos los datos que nos da
el historiador Alejandro Rodríguez Díaz de Torres para los principales espacios
geográficos implicados. Aragón: 450 colectividades máximo, integradas por más
de 300.000 personas. Cataluña, colectividades agrícolas 297 mínimo, 400 máximo,
70.000 integrantes, promedio 350 colectividades a 250 personas cada una.
Colectividades industriales 80% de los 700.000 obreros en empresas colectivas,
1.020.000 personas implicadas. Levante: 503 colectividades agrícolas mínimo,
con unos 130.000 integrantes familiares, 30.000 personas implicadas en
colectividades industriales. Solo son ejemplos, podríamos dar más. El proceso
implicó a toda la España republicana y todos los estados económicos, desde los
pueblos vitivinícolas de Castilla La Mancha hasta empresas cinematográficas de
Madrid.
El proceso colectivizador fue derrotado. Las contradicciones y enfrentamientos
en el seno de los sectores populares, el rearme y la vuelta al poder de la
burguesía republicana en la zona leal apoyada por el estalinismo que entendía
que primero había que ganar la guerra y luego hacer la revolución provocando la
desmoralización de las masas obreras catalanas junto con la derrota militar
final, llevaron a la disolución a sangre y fuego de las colectivizaciones.
De nada parece haber servido la detención de seis líderes
Wayuú y de un menor bien entrado la noche en el kilómetro 70 de la vía férrea
del tren del carbón, en el territorio de Katsaliamana (Vía Uribía-Cuatro Vías),
en La Guajira. Este domingo se han redoblado los bloqueos del tren del carbón
en los kilómetros 133 (Ichichon), en el 114 (Pushouria) o en el 123 (Waratat).
La acción represiva del ESMAD en la noche del sábado 5 de febrero, pasadas ya
las 11 p.m., y la detención de siete personas (seis autoridades tradicionales y
un menor de 16 años) buscaba, como confesaba el coronel Tito Yesid Castellanos
Tuay, comandante de la Policía Guajira que al judicializar a los líderes
quedara desbloqueada la línea férrea. El plan les salió mal. De hecho, las
comunidades han reaccionado con más decisión y este domingo se han producido
nuevas detenciones en los kilómetros 133 y en el 123. En la noche del domingo,
después de intensas negociaciones, los siete detenidos del sábado fueron
liberados. 
