miércoles, 30 de septiembre de 2015

Proceso de paz, lucha de clases y las batallas del post-conflicto

La firma de un acuerdo en materia de víctimas en las negociaciones de paz[1], sellado con un simbólico apretón de manos entre el comandante máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el presidente Juan Manuel Santos ha dado mucho que hablar y ha llenado de esperanza a amplios sectores en torno al avance del proceso de paz adelantado con los insurgentes en La Habana. Es entendible el entusiasmo de no pocos sectores sociales que ven -¡al fin!- un gesto inequívoco de avance en unas negociaciones que, cíclicamente y en medio del secretismo, parecen estancarse. Hasta se le ha puesto una fecha tentativa, acordada por ambas partes, para la firma de un acuerdo definitivo: el 23 de Marzo. Y se ha dicho que dos meses después, es decir, a finales de Mayo, tendría que estar concluyendo el proceso de dejación de armas por parte de los guerrilleros de las FARC-EP. Este avance, que ocurre a un mes de las elecciones regionales, no está, desde luego, exento de los ritmos y cálculos de la política.

 ¿Presidente de la paz?

En medio del entusiasmo, se vuelve a hablar del “presidente de la paz”, de Santos posicionado como el hombre que pasará a la historia como el artífice de la paz, rumbo al Nóbel, etc.[2] Estas afirmaciones, entendibles en este enguayabamiento generalizado, pasan por alto que históricamente los únicos y grandes responsables del conflicto que se vive en Colombia son aquellas clases dirigentes representadas en la figura de Santos. Como lo decía con pluma magistral William Ospina, sorprende que “la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan”[3]. No podemos, desde la izquierda, ayudar a absolverlos ante la historia.

Pero también estas expresiones pasan por alto la complejidad del momento que se vive y que han llevado a este actual proceso. El Miércoles 23 detuvieron a siete estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja; continúa el asesinato sistemático y los hostigamiento a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, como lo indica el más reciente informe del Programa Somos Defensores[4]; la acción del Ejército y de paramilitares deja muertos en estas semanas en San José de Apartadó, Araracuara y Pradera, por nombrar solamente algunas localidades; las acciones del gobierno no van de la mano en absoluto con lo que se viene acordando en La Habana hasta el momento, y es más, toda su agenda legislativa va a contravía de lo acordado, profundizando la impunidad mediante el Fuero Militar y empujando el despojo mediante las ZIDRES, la profundización de los megaproyectos y hasta utilizando la ley de víctimas como nuevo mecanismo de despojo en el Yarí y Planadas, Tolima[5]; por último, el gobierno ha irrespetado todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con el pueblo movilizado, fundamentalmente con los campesinos, lo que llevó, a comienzos de Septiembre, a una nueva jornada de movilización, que incluyó la toma del Ministerio de Agricultura. Es decir, aun cuando haya sobradas razones para el optimismo respeto a las negociaciones, en el terreno, la realidad se ve mucho más difícil para el pueblo y los cálculos alegres son más fruto de un excesivo optimismo que de un análisis riguroso de la realidad.

Aun cuando firme la paz, no se puede tildar a Santos como un “presidente de la paz”, cuando ha sido el represor de los paros agrarios, el ministro de los falsos positivos, el de los bombardeos a miembros de la delegación de paz de la insurgencia y el asesino de Alfonso Cano cuando estaba comenzando el proceso de negociación. Santos cuenta varios muertos del pueblo en su portafolio y un reconocimiento sobrio de su rol en las negociaciones, no puede convertirse en una euforia en la cual todos estos cadáveres deban ser barridos bajo la alfombra. Pero lo más grave de esta afirmación, es que quita el justo reconocimiento al pueblo colombiano que es quien en última instancia forzó el escenario que llevó a Santos a negociar. Santos no ganó las elecciones para negociar, sino que para continuar las políticas de Uribe Vélez, y fue el enrome contexto de movilización popular en ascenso entre el 2008 y el 2012, lo que finalmente forzó el escenario de negociaciones. Este proceso es una conquista de los de abajo, no una concesión gratuita de los de arriba. Desconocer este hecho, o minimizarlo para exaltar la figura del estadista, que es la tentación en la que ha caído parte de la izquierda, es entregarle las llaves de la paz en bandeja de plata a Santos, y con ella, entregarle la iniciativa política[6].

La relatividad de lo ganado

Lo ganado, con este acuerdo, no es menor. Principalmente, en materia de justicia, siendo derrotadas las tesis uribistas que repiten monotemáticamente “cárcel y más cárcel”, “impunidad”, y todo ese corillo indigestible, particularmente viniendo de boca de uno de los principales promotores de la cultura de la impunidad en las últimas décadas. En lugar de esta visión, se ha impuesto una visión de justicia que pone la reparación como eje de su quehacer. Una justicia que, sin llegar a ser transformadora, no es punitiva. Esto lo explica de manera clara un comunicado del CPDH,

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