Las organizaciones armadas paramilitares permanecen vigentes
a pesar de la tan sonada desmovilización que surgió tras la negociación entre
los mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Bloque Central
Bolívar (BCB) con el pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El Putumayo y Nariño, los llanos orientales, el Catatumbo, el Sur de Bolívar,
el Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia y todas sus montañas,
Córdoba, Urabá, el Valle, Chocó y el Eje Cafetero, son zonas donde día a día estas
organizaciones se movilizan libremente, despliegan sus intereses económicos
relacionados con la tierra que despojaron y que siguen despojando, regulan
estructuras económicas legales (juegos de azar, venta de propiedades, ganadería
extensiva, infraestructura, agroindustria), se especializan en el control de
muchas formas de criminalidad (impuestos obligatorios, vacunas y extorsión,
micro-tráfico, prostitución, robo de autos) y se nutren de las economías del
narcotráfico y de la minería ilegal.
Es precisamente la diversidad y cantidad de regiones que controlan lo que les
permite acomodarse a las formas económicas locales y tejer redes y alianzas con
sectores políticos y de la Fuerza Pública. Es así como esta gran red a la que
hoy equivocadamente le llaman “Bacrim”, no es otra cosa que la configuración de
un proyecto armado, político y económico a gran escala que ha permitido la
legalización del despojo de tierras, el establecimiento de la economía minera
de gran escala, la regulación del sistema electoral bajo la opresión armada y
la reconfiguración del sistema político, penal y judicial.
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