Fuente:
http://www.arcoiris.com.co/
No es noticia novedosa la convocatoria de un paro armado en
Arauca. Cada año se convocan tres o cuatro al año, los cuales disminuyen de
manera significativa la movilidad por carreteras y afectan el comercio
fundamentalmente en los municipios del piedemonte y la región del Sarare:
Saravena, Fortul, Arauquita y parte de Tame, donde la capacidad de intimidación
es mayor.
En Arauca vive el 1% del total de la población del país,
allí hubo una producción petrolera significativa, de 1.200 millones de
barriles, los cuales le permitieron al país volver a ser autosuficiente y
exportar. Arauca aportó entre el 87 y el 2000, cerca de 35% del petróleo total
producido y cerca de 15 puntos del total del PIB, en el mismo período. Pero eso
no se refleja en sus niveles de desarrollo. Tanto el gobierno central como
muchas voces sociales y académicas reclaman lo poco que ha dejado en el departamento
la renta petrolera en los últimos veinte cinco años. Las guerrillas no son
ajenas a esa situación, pues en alianza con la clase política, son responsables
de parte de los precarios resultados.
Los indicadores sociales son bajos, la pobreza y la debilidad
productiva campean, en palabras del actual gobernador de Arauca, Facundo
Castillo: “existen 35% de necesidades básicas insatisfechas, una mortalidad
materna del 69 por cien mil%, en el contexto económico Arauca en cuanto a
competitividad se encuentra en el puesto 23. Los araucanos nos hemos olvidado
de que nuestra principal fuente de economía es la ganadería y la agricultura,
los Arauquiteños son los que más producen cacao, maíz. Tame produce la gran
mayoría del plátano, Arauca es quien más produce arroz, pero tienen una gran
necesidad… “.
En este contexto de riqueza y pobreza, la guerrilla
permanece como una fuerza activa. Luego de una abierta confrontación entre FARC
y ELN que dejó cerca de 1200 muertes entre 2005 y 2010, 80% de ellos civiles,
ahora actúan mancomunadamente, y por eso el paro lo promueven ambos. Este año
han atacado en siete ocasiones a la fuerza pública y han vuelto sabotear de
manera constante la infraestructura petrolera y energética. La última vez, el
25 de junio, contra la estructura de energía 478 de propiedad de ISA entre el
sector de Caranal y el caserío La Pesquera en el municipio de Arauquita, la
cual fue dinamitada. El pasado 23 de junio una torre de energía eléctrica en la
vereda La Unión, en el mismo municipio afectó la línea de interconexión
nacional entre los campos petroleros de Samoré, Banadía y Caño Limón, sabotajes
que dejaron sin electricidad a todo el departamento por seis días.
Estos hechos, relacionados con la explotación de recursos
naturales en el departamento de Arauca se producen en medio de la fuerte
militarización por parte de Ejército y Policía y de los estrictos controles que
ambos organismos implementan en sectores urbanos, rurales y vías terrestres de
la zona, de los cuales son objeto principalmente los pobladores de esa región.
El actual ciclo de violencia está asociado a la ampliación
de la explotación petrolera, a la cual se oponen organizaciones indígenas y
campesinas, que han producido varias movilizaciones y ocupaciones de
infraestructura petrolera, en demanda de mayor participación de las comunidades
en el negocio petrolero, la ocupación de mano de obra de la región y en lo
fundamental en la concertación de las condiciones en que se debe ampliar la
explotación petrolera.
En este clima de conflictos sociales, las guerrillas de ELN
y FARC inician una campaña de sabotaje que voces autorizadas de la región
interpretan como el viejo recurso de sabotear y presionar para luego entrar a
negociar con las empresas y la administración departamental la participación en
contratos y prioridades de inversión. Es la vieja práctica de un cogobierno no
declarado, entre el Estado local y los subversivos, pese a que la acción de la
justicia y la fuerza pública, permanece en Arauca.
En Arauca la fuerza pública cuenta con 22 mil efectivos que
no pueden controlar a una fuerza de 2500 irregulares, sumando el conjunto de
fuerzas guerrilleras y milicianas de FARC y ELN. Se trata del territorio con
mayor presencia armada por kilometro cuadrado que existe en el país y donde se sigue
dando una confrontación que involucran a fuerzas sociales en medio de un
complejo ajedrez donde las fichas de la semana, están marcadas con el rotulo:
“Paro armado”.
