Con abuso de poder, violencia y generando miedo en la
población avanza el megaproyecto Hidroituango. Un nuevo desalojo forzoso se
llevó a cabo en la playa la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo
Antioquia solicitado por Empresas Públicas de Medellin EPM; esta acción fue
llevada a cabo el 1 de febrero de 2017 por decenas de hombres de la Policía, el
Ejército, la vigilancia privada de EPM, un abogado de EPM, el secretario de gobierno
y la Inspectora municipal. Advierten que los desalojos continuaran pues tienen
que desocupar los predios de la empresa.
En el Cañón del Cauca ya son más de 500 familias que han
sido desplazadas por Hidroituango, muchas de ellas son víctimas del conflicto
armado y revictimizadas por el megaproyeto; sin embargo el Estado Colombiano se
niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos
internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el
desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado
en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se
brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida,
asistencia letrada, entre otros.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia alerta sobre los próximos
desalojos que se prevén para dar paso a la obra, pues la planeación y permisos
otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca
es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras, que en su mayoría
no fueron censadas o que con las irrisorias indemnizaciones no les ha sido
posible sobrevivir y por ello han retornado a su hábitat natural.
JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN, alcalde del municipio de
Toledo Antioquia, tal y como lo hizo su antecesor, emitió un amparo policivo
solicitado por EPM y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias
afectadas por Hidroituango, en la acción ejecutada también intervinieron
empleados de EPM quienes destruyeron las humildes casas de la comunidad
barequera que allí se encontraba obteniendo su medio de vida, por tanto,
exigimos a la procuraduría y demás autoridades competentes una investigación e
informe al respecto pues la presencia y actuación indebida de obreros que por
ser una obra cuyo accionista mayoritario es la Gobernación de Antioquia tienen
mayor responsabilidad en el respeto de los derechos que los particulares. Esta
situación tiende a agravarse en la zona pues los alcaldes de Ituango Hernán
Álvarez y el del municipio de Valdivia Jonás Henao han admitido las solicitudes
de amparos policivos que se encuentran en trámite.
Dichas posturas preocupan a la población, y más aún cuando
mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016 la administración de
Toledo esgrimió los mismos argumentos que hoy fueron expresados por el abogado
de EPM que asistió al desalojo lo que demuestra que EPM es la que administra
los municipios afectados por Hidroituango y los alcaldes municipales obedecen
las órdenes de esta empresa. Además en los procesos y procedimientos las
únicas pruebas válidas son las que presenta la empresa, el derecho de
contradicción y debido proceso desapareció en la zona.
Por otra parte, durante el desalojo perpetrado en la Arenera
argumentaron que el barequeo no es legal, contradiciendo el Código Minero
Colombiano y confundiendo a la población víctima en un territorio en el que el
barequeo ancestral debe ser protegido dado su carácter de patrimonio cultural
inmaterial. La Utilidad Pública fue otro de los argumentos, según su interpretación,
el hecho de que en una matrícula inmobiliaria aparezca la palabra
utilidad pública implica que las personas que se encuentren allí deben
salir huyendo, pues esta figura asegura el dominio de la empresa sobre el
territorio. A esto se sumó la afirmación de que la zona es de minería
restringida (Art. 35 Ley 685 de 2001) lo que sólo aplicaría si afectara la
estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio,
pero no hay ningún tipo de obra en el sitio en donde se presentó el desalojo.
Entre las personas desalojadas están Gregorio Chavarría y
Rudy Estela Posada, líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia quienes
recibieron amenazas de muerte el 11 de julio de 2015 en las que desconocidos
les ordenaban salir de las playas del río Cauca. Además de ser víctimas del
conflicto armado, son hoy nuevamente revictimizados por Hidroituango y la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA quien no ejerce el debido
control sobre esta obra. Esta autoridad emitió el Auto 2161 del 01 de junio de
2015 y generó obligaciones para Hidroituango en relación a los desalojos, aún
hoy no emite ningún informe al respecto.
Este desalojo constituye otra violación a los derechos
humanos y DESCA cometida contra líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que
también fueron víctimas del desalojo forzado de marzo del año 2015 en el que
más de 80 familias perdieron sus pertenencias, pues la alcaldía de Toledo,
Antioquia, aseguró que las tendría en custodia y no las devolvió a pesar de
habérselas solicitado; la denuncia sobre dicho suceso no ha tenido respuesta
por parte de la Fiscalía hasta el momento, durante el desalojo las victimas
preguntaron a la inspectora de policía Isabel Cristina Duque Pino por estos
enseres y ella expreso que se le salga de las manos pues eso había sido la
administración anterior.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡El río Cauca nos abraza, EPM nos desplaza!
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