viernes, 29 de abril de 2016

(desde $hile) Caminata de lxs sin voz

"Llegamos al aislado penal de Lebu, donde observamos una cárcel pequeña, con 137 internos privados de libertad, de ellos, aproximadamente 80 condenados, varios gendarmes del mismo Lebu y algunos sumariados enviados del norte. Al presentarnos y mencionar que nuestra visita ya estaba tramitada, los mismxs gendarmes nos manifiestan que debido a su mala coordinación no estaban al tanto de esta, lo que demoro la entrada".


Comunidades afro del Cauca son agredidas por el Esmad

27 abr. CI.- Más de 2000 afrodescendientes del suroccidente del país protestan hace más de dos días en la vía Panamericana. La respuesta fue el envío de miembros de la Policía, pertenecientes al Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-, quienes han agredido a varios manifestantes. Una comisión del Gobierno y la comunidad se reúne para buscar soluciones, mientras 300 personas concentradas en la Alcaldía de Santander de Quilichao exigen al gobierno el cumplimiento de los acuerdos. 

Cientos de personas protestan desde hace dos días en la carretera Panamericana, en el sitio conocido como Quinamayo, Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. 

Según denuncian las comunidades, las protestas se han tornado violentas tras la llegada del Esmad, los cuales lanzaron gases lacrimógenos, golpearon a varias personas y han generado varias acciones provocadoras contra las comunidades afro que realizan las protestas.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca explica que las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca bloquean la vía Panamericana debido a los incumplimientos del gobierno. Las comunidades denuncian que el gobierno incumplió algunos acuerdos pactados, como el Acuerdo de la Salvajina por parte del ya extinto INCODER. En él se comprometió entre otros a entregar territorios a estas comunidades.

Las comunidades denuncian el desconocimiento por parte del gobierno nacional que niega la existencia de población afro en el departamento del Cauca para no hacer la consulta previa para la implementación de la doble calzada en la vía que del norte del departamento que conduce a Popayán. Condenan los daños ambientales en sus territorios y las precarias condiciones de las comunidades que se dedican a la minería artesanal; señalan que las comunidades se cansaron de los engaños y mentiras del gobierno que no atiende sus peticiones ni garantiza el ejercicio pleno de sus derechos y su autonomía.



ESO DEL DERECHO PENAL COMO ANTÍPODA DEL PERDÓN Y LA TOLERANCIA


Ese clamor generalizado, tal vez inconsciente por robustecer las penas parece responder al desarrollo de un enfrentamiento contra lo que conocemos como delito. Es probable que esa ira histórica que hemos guardado por más de 500 años haya empezado, de manera atávica a surgir disfrazada de violencia, esta ferocidad, no es secreto para nadie se ejecuta en dos rostros, uno, que busca atacar de frente el fenómeno de la delincuencia por medio de las denominadas vías de hecho y el otro, depositando la confianza en un estado fallido para que nos obsequie quimeras de seguridad envueltas en delitos y penas, es decir derecho penal.

La situación tiene un trasfondo supremamente complicado cuando uno se sienta a analizar la problemática desde una óptica cultural sociológica y antropológica; aunque de alguna manera, compartimos algunas costumbres, un territorio, ciertos rasgos genéticos determinados, lo seguro que es que no compartimos una identidad histórico cultural, no quiere significar esto que sea imperativo una masificación ideología o un adoctrinamiento, sino la creación o fortalecimiento de lazos de solidaridad que denoten efectivamente la alteridad, concepto necesario para forjar una colectividad fuerte.

Desgraciadamente, esa fratria que trata Freud en su texto Tótem y Tabú, está encontrando ahora días, peana en el odio y la violencia. Cuando Freud empieza su estudio antropológico con algunas comunidades de Oceanía, África y América, se da cuenta que los vínculos entre los miembros de la comunidad tienen soporte, no en los lazos sanguíneos, sino en ligaduras de solidaridad, división justa del trabajo y por supuesto en una creencia generalizada, el miedo al tótem, el respeto a ese tótem y a sus mandamientos, traspolando a hoy esa idea de las comunidades totémicas, lo único que ahora une a las personas que habitan esta tierra denominada Colombia, es ese odio casi atávico que surge en forma de violencia y revancha.

Cuando la colectividad es capaz de compartir en igual forma la victoria y la derrota histórica, hay una fuerte ligazón que posibilita la acción de cambio colectiva, pero cuando estos nexos son inexistentes, la colectividad se puede crear entorno a la violencia despiadada, no por la cantidad de sangre o viseras que sea capaz de proporcionar, sino por la deshumanización de la sociedad actual.

Cuando nos escupen en la cara la idea de que la disminución de la criminalidad no tiene nada que ver con las necesidades sociales ni con el raigambre social, surge como adalid de cambio y protección la figura del derecho penal, a más cantidad de letra muerta que establezca delitos mayor sensación de seguridad y claro, cuanto más duras las penas, esta quimera de tranquilidad crece inmediatamente.


miércoles, 20 de abril de 2016

Comunidades de Marmato (Caldas) en Alerta por amenaza de violento desalojo

Sin acuerdos sobre desalojos, formalización y títulos mineros en la comunidad del municipio de Marmato, departamento de Caldas, culminaron las reuniones sostenidas el pasado 13 de abril de 2016 entre la comunidad de Marmato y la Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, el Alcalde de Marmato, Julio Vargas, el Personero Municipal, Wilson Castro, el Director de Corpocaldas, Juan David Arango Gartner, y delegados de la compañía canadiense Gran Colombia Gold, la Gobernación de Caldas, la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría General de Caldas, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, en la cual se discutió la problemática minera que aqueja a nuestra población a raíz de la actuación de diversas multinacionales y del Gobierno Nacional. 

Voceros del Comité Cívico Pro-Defensa de Marmato y de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato-Asomitrama- advierten que pese a que los mineros de Marmato ratificaron en la reunión su voluntad de diálogo para intentar evitar el desalojo de las minas El Ceibal y El Palo, y posteriormente de otras 70 que tienen amparos administrativos interpuestos por la transnacional canadiense, la posición de la empresa y del gobierno nacional se centró en solicitarle a los mineros que abandonen los puestos de trabajo y firmen contratos con la compañía, tal y como intentaron hacerlo en 2011.

“Ante esta única opción, reafirmamos que se ha solicitado de tiempo atrás que a través de visitas técnicas, la opinión de las agencias del Estado y la valoración de peritos, se determine si estas 2 minas están ubicadas en la Zona Alta o en la Zona Baja del Cerro El Burro, en los términos que fijó el Decreto 2223 de 1954, propuesta que ha sido rechazada por la empresa”, aseguran los presidentes Yamil Amar Cataño (Comité Cívico Pro-Defensa) y Mario Tangarife (Asomitrama), respectivamente.

Los dirigentes comunitarios  recalcan mediante comunicado de prensa divulgado nacional e internacionalmente que los derechos de decenas de minas ubicadas en la zona alta del Cerro El Burro (que la compañía reclama como suyos), se extinguieron al dejarlas de explotar por más de año y medio, razón por la cual la compañía Gran Colombia Gold no posee estos títulos mineros.

“No se puede pretender que desconozcamos el ordenamiento minero colombiano al avalar una ilegalidad que hemos denunciado por años ante distintas instancias del gobierno, siendo desoídos sistemáticamente”, indica el documento de las comunidades.