miércoles, 30 de septiembre de 2015

Primeras declaraciones de Feliciano Valencia desde la cárcel


“Están juzgando la misma Constitución Política, están encarcelando la protesta social y la jurisdicción indígena”, son algunas de las palabras que pronunció el líder indígena, Feliciano Valencia, en sus primeras declaraciones desde la cárcel de máxima seguridad San Isidro, en Popayán tras haber sido capturado (Ver: Sectores sociales e indígenas rechazan detención del líder indígena Feliciano Valencia)

Valencia, asegura que el soldado que fue capturado por la guardia indígena durante la Minga de 2008 en La María Piendamó, nunca fue secuestrado, “actuamos en tiempo, modo y lugar en el marco de la justicia indígena y se dio todas las garantías al soldado”, además añadió que el nunca participó directamente de la detención, que se hizo a todas luces de los medios de comunicación, “no pudo haber secuestro porque nunca se hizo a escondidas”, expresó.

“Al soldado se le permitió llamar a los familiares y se informó que estaba detenido por la guardia indígena”, dijo el líder indígena.

Así mismo, reiteró que en la Constitución Política de 1991 los pueblos indígenas fueron incluidos, y con el artículo 246 se permitió que las comunidades indígenas ejerzan su propio marco de jurisdicción.

Finalmente, Feliciano Valencia denuncia que toda esta acción se trata de una persecución política, pero confía en que las acciones jurídicas que se han instaurado en su defensa para que se le permitan regresar a sus territorios y seguir en su ejercicio de construcción de paz.



Proceso de paz, lucha de clases y las batallas del post-conflicto

La firma de un acuerdo en materia de víctimas en las negociaciones de paz[1], sellado con un simbólico apretón de manos entre el comandante máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el presidente Juan Manuel Santos ha dado mucho que hablar y ha llenado de esperanza a amplios sectores en torno al avance del proceso de paz adelantado con los insurgentes en La Habana. Es entendible el entusiasmo de no pocos sectores sociales que ven -¡al fin!- un gesto inequívoco de avance en unas negociaciones que, cíclicamente y en medio del secretismo, parecen estancarse. Hasta se le ha puesto una fecha tentativa, acordada por ambas partes, para la firma de un acuerdo definitivo: el 23 de Marzo. Y se ha dicho que dos meses después, es decir, a finales de Mayo, tendría que estar concluyendo el proceso de dejación de armas por parte de los guerrilleros de las FARC-EP. Este avance, que ocurre a un mes de las elecciones regionales, no está, desde luego, exento de los ritmos y cálculos de la política.

 ¿Presidente de la paz?

En medio del entusiasmo, se vuelve a hablar del “presidente de la paz”, de Santos posicionado como el hombre que pasará a la historia como el artífice de la paz, rumbo al Nóbel, etc.[2] Estas afirmaciones, entendibles en este enguayabamiento generalizado, pasan por alto que históricamente los únicos y grandes responsables del conflicto que se vive en Colombia son aquellas clases dirigentes representadas en la figura de Santos. Como lo decía con pluma magistral William Ospina, sorprende que “la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan”[3]. No podemos, desde la izquierda, ayudar a absolverlos ante la historia.

Pero también estas expresiones pasan por alto la complejidad del momento que se vive y que han llevado a este actual proceso. El Miércoles 23 detuvieron a siete estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja; continúa el asesinato sistemático y los hostigamiento a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, como lo indica el más reciente informe del Programa Somos Defensores[4]; la acción del Ejército y de paramilitares deja muertos en estas semanas en San José de Apartadó, Araracuara y Pradera, por nombrar solamente algunas localidades; las acciones del gobierno no van de la mano en absoluto con lo que se viene acordando en La Habana hasta el momento, y es más, toda su agenda legislativa va a contravía de lo acordado, profundizando la impunidad mediante el Fuero Militar y empujando el despojo mediante las ZIDRES, la profundización de los megaproyectos y hasta utilizando la ley de víctimas como nuevo mecanismo de despojo en el Yarí y Planadas, Tolima[5]; por último, el gobierno ha irrespetado todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con el pueblo movilizado, fundamentalmente con los campesinos, lo que llevó, a comienzos de Septiembre, a una nueva jornada de movilización, que incluyó la toma del Ministerio de Agricultura. Es decir, aun cuando haya sobradas razones para el optimismo respeto a las negociaciones, en el terreno, la realidad se ve mucho más difícil para el pueblo y los cálculos alegres son más fruto de un excesivo optimismo que de un análisis riguroso de la realidad.

Aun cuando firme la paz, no se puede tildar a Santos como un “presidente de la paz”, cuando ha sido el represor de los paros agrarios, el ministro de los falsos positivos, el de los bombardeos a miembros de la delegación de paz de la insurgencia y el asesino de Alfonso Cano cuando estaba comenzando el proceso de negociación. Santos cuenta varios muertos del pueblo en su portafolio y un reconocimiento sobrio de su rol en las negociaciones, no puede convertirse en una euforia en la cual todos estos cadáveres deban ser barridos bajo la alfombra. Pero lo más grave de esta afirmación, es que quita el justo reconocimiento al pueblo colombiano que es quien en última instancia forzó el escenario que llevó a Santos a negociar. Santos no ganó las elecciones para negociar, sino que para continuar las políticas de Uribe Vélez, y fue el enrome contexto de movilización popular en ascenso entre el 2008 y el 2012, lo que finalmente forzó el escenario de negociaciones. Este proceso es una conquista de los de abajo, no una concesión gratuita de los de arriba. Desconocer este hecho, o minimizarlo para exaltar la figura del estadista, que es la tentación en la que ha caído parte de la izquierda, es entregarle las llaves de la paz en bandeja de plata a Santos, y con ella, entregarle la iniciativa política[6].

La relatividad de lo ganado

Lo ganado, con este acuerdo, no es menor. Principalmente, en materia de justicia, siendo derrotadas las tesis uribistas que repiten monotemáticamente “cárcel y más cárcel”, “impunidad”, y todo ese corillo indigestible, particularmente viniendo de boca de uno de los principales promotores de la cultura de la impunidad en las últimas décadas. En lugar de esta visión, se ha impuesto una visión de justicia que pone la reparación como eje de su quehacer. Una justicia que, sin llegar a ser transformadora, no es punitiva. Esto lo explica de manera clara un comunicado del CPDH,

domingo, 20 de septiembre de 2015

¿Qué hay detrás del conflicto fronterizo con Colombia?


Observar el problema que actualmente se vive en la frontera, solo desde una perspectiva de la lucha contra el contrabando de gasolina y de alimentos, es por demás pecar de ingenuos frente a una realidad que va mucho más allá  y que tiene sus motivaciones en intereses mucho más ambiciosos y perversos, que sobrepasa nuestras fronteras y que forman parte del reacomodo de planes hegemónicos que ya están en plena ejecución. 

Cuando analizamos la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 en el marco de la IIRSA, que incluyen 31 proyectos, la mayoría de ellos clasificados como “Proyectos Ancla” o de prioridad,  establecidos dentro del IIRSA como parte del eje andino, donde los proyectos denominados Paso de Frontera Cúcuta-San Antonio, Colombia-Venezuela,  la recuperación de la Navegabilidad por el Río Meta, Colombia-Venezuela y los pasos de frontera de Arauca, Saravena, Paraguachón, Puerto Carreño, San Miguel, Rumichaca, Río Mataje, Leticia y Darién, todos articulados con los corredores propuestos por la IIRSA tanto para Colombia  como para Venezuela.

Porque  la IIRSA necesita dar prioridad a los proyectos de Paso de frontera. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA),  dando prioridad no solo a la integración de Suramérica desde punto de vista de la infraestructura  física, sino  también jurídica, energética y económica, con la finalidad específica de superar las barreras geográficas para generar nuevos negocios, es una estrategia geopolítica tendiente a mejorar la integración suramericana como bloque económico para lograr de esta forma, obtener un mejor posicionamiento en el concierto global, iniciativa que además forma parte de las acciones de la política exterior norteamericana para el control del espacio andino y amazónico.

La IIRSA está estructurada a partir de “Ejes de Integración y Desarrollo”, que agrupan numerosos proyectos en una estrategia espacial única. El enfoque con el cual fueron propuestos los ejes de integración, y formulados los proyectos, busca consolidar los corredores donde ya existe un alto tráfico de personas y mercancías, y por otro lado necesita abrir nuevas vías de comunicación con las áreas poco pobladas pero con gran potencial de desarrollo por la existencia de recursos energéticos, minerales  y las  zonas aptas para la agricultura de gran escala. Lo que genera una  alta dependencia económica y política de nuestros países por  la extracción intensiva de nuestros recursos naturales: EXTRACTIVISMO.  

Ahora bien, como este análisis no se trata de profundizar sobre el IIRSA, sino de cómo la ejecución de los proyectos denominados Paso de Fronteras deben ser consolidados por ser de prioridad ya debían estar concretados y en fase final tal como los establece la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010. Allí se centrará este análisis para entender lo que hay de trasfondo en el “conflicto fronterizo” actual.

Estos proyectos que venían avanzando con la anuencia concertada de los gobiernos tanto de Venezuela como deColombia, y por lo que en un primer momento significaron los “acuerdos de paz” que se llevan a cabo en Cuba, ha venido teniendo un revés toda vez que se decidiera en una buena parte de los mandos medios y bajos de los grupos insurgente mantenerse dentro de la insurgencia dejando a las cúpulas y altos mandos de la FARC solos en sus negociaciones de rendición en La Habana. De igual manera la resistencia ejercida por los grupos indígenas frente a la explotación del carbón y otros minerales contra las empresas transnacionales que hoy explotan y  los desalojan de sus tierras, así como la defensa de la biodiversidad, sin dejar de mencionar el avance de los  grupos paramilitares vinculados al narcotráfico que fueron creados por los estados y usados como aliados en la lucha contra la insurgencia y que hoy también reclaman su espacio.

En este sentido se hace necesario para ambos gobiernos la incursión de fuerzas militares y la declaratoria de estados especiales o de excepción que les permita ocupar la zona y facilitar la concreción de los corredores de frontera, de esta manera lo que luce como una acción de “respeto” a la soberanía de Venezuela y la reacción de Colombia de proteger a sus conciudadanos de la agresión del vecino abusador, no es más que una acción concertada para ejecutar cuanto antes los mandatos del IIRSA.

Como podemos ver, el llamado que se hace a crear una NUEVA FRONTERA DE PAZ, no es una idea trasnochada de un presidente que se subestima en su capacidad,  todo esto no es más que  la necesidad de concretar una frontera que le permita a las compañías transnacionales y explotadoras la paz necesaria para sacar con libertad nuestros recursos naturales  y fomentar el libre comercio de su mercancía. La gran verdad es que estamos frente a una gran actuación ejecutada por unos actores que lo hacen con mucha finura, mientras el pueblo ajeno a sus intenciones y encandilado por la arremetida mediática tanto oficial como privada se para y aplaude su propia desgracia.

La paz con justicia social se conquista en las calles

Los Diálogos de Paz que se celebran desde octubre de 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP han posibilitado que se abran importantes escenarios de discusión sobre temas fundamentales en el devenir de la realidad del país. La agenda establecida por las partes alrededor de temas como: desarrollo agrario integral, participación política, víctimas, cultivos ilícitos y fin del conflicto, así lo confirma. 

 Sin embargo, cuando estamos prontos a cumplir tres años del proceso de diálogos, es claro que la vía de la solución política al conflicto social y armado aún no divisa un puerto seguro de llegada. No solo porque se dialoga en medio de una fuerte confrontación armada que continúa inundando de sangre los campos y ciudades colombianas, sino porque además desde el gobierno Santos no se detiene la arremetida económica, política e ideológica contra obreros, campesinos pobres, pequeños mineros, estudiantes, intelectuales comprometidos, comunidades indígenas y afro descendientes, quienes diariamente vemos pisoteados nuestros anhelos de bienestar y dignidad. 

Lo cierto es que el Estado Colombiano ha impedido que aspectos de primer orden en la constitución de la sociedad colombiana como son: el modelo neoliberal, el régimen político y la doctrina militar sean abordados en los puntos que han sido discutidos hasta la fecha. En el escenario político, para Santos, Uribe, Vargas Lleras, Fajardo etc., pese las contradicciones entre  las distintas  fracciones burguesas que ellos representan ha sido de común acuerdo cumplir el lineamiento del Departamento de Estado (USA): No se negocia conterroristas. Al contrario, tienen claro que a  éstos se les persigue, somete y  neutraliza. Por lo tanto, al sentarse en mesas de diálogos asumen que no existen adversarios políticos, lo cual hace que el orden social sea incuestionable y, por ende, se niegue cualquier intento de construir un proyecto político alternativo que enfrente la hegemonía del capital transnacional. 

No es gratuito que desde los grandes medios de desinformación masiva, se esté imponiendo una visión de la democracia colombiana desde la matriz de análisis Gobierno - oposición, donde la oposición al gobierno de Santos es encabezada y gira entorno a Álvaro Uribe Vélez (AUV); quien es presentado como la única alternativa a las políticas estatales, de las cuales en realidad es artífice y beneficiario. Simplificaciones mediáticas que exacerban las pequeñas diferencias existentes entre ambos a la hora de aplicar el recetario neoliberal, el cual se basa principalmente en la entrega de las riquezas y recursos naturales a las multinacionales, así como el disciplinamiento y control de la toda la sociedad para que las ganancias de las mismas sean cada vez más escandalosas. 

No nos digamos mentiras. Es claro que al igual que en el pasado, los actuales diálogos de paz han sido pensados desde la óptica burguesa como una táctica para desactivar las múltiples resistencias que se dan en todo el territorio colombiano, con la firme intención de acceder a espacios y recursos naturales vedados históricamente por la organización popular. Es por ello que las fuerzas populares y democráticas debemos estar listas para conquistar con la movilización y confrontación abierta los derechos y libertades que se nos quieren negar en las mesas de interlocución, negociación y diálogo con el Gobierno.  Porque la paz son cambios surgidos de las luchas populares y no el vano silencio de los fusiles en medio de la prolongada miseria.


Refugiados: ni Dios, ni Amo, ni Estado

Ni Dios, ni Amo, ni Estado. La vieja consigna anarquista resume perfectamente la sensación de estupor y vergüenza frente a lo que está ocurriendo en Europa con los migrantes y refugiados.
Cuando buscamos las causas últimas de este largo y profundo desastre, nos topamos inevitablemente con la maldita trilogía: 

Ni Dios: Estamos viendo en estos días aciagos, imágenes de gentes deambulando entre el barro de los bosques balcánicos, famélicas y deshidratadas, personas que han tenido que abandonar con lo puesto sus casas, sus vidas, sus proyectos… que, llegada la hora de la oración, extienden su alfombrilla y rezan de cara a La Meca. ¿Qué más necesitan sufrir para aceptar que su dios permanece sordo y mudo frente a sus desventuras sencillamente porque no existe? ISIS, Al Qaeda y al fondo, agazapado, el sionismo… La religión sigue llenando la historia de odio y sangre, sigue representando su sempiterno papel de atizadora necesaria de todo tipo de penurias y conflictos.

Ni Amo: Como suele suceder, el Amo, o lo que es lo mismo, el sistema capitalista, es cualquier cosa menos inocente en el tema que nos ocupa. Detrás de la gran ola de refugiados, que no ha empezado este verano, aunque así quieran hacérnoslo creer los grandes medios de desinformación, están los intereses del capitalismo global, especialmente los relacionados con la industria de la guerra, los negocios del petróleo y los llamados “minerales estratégicos”. El capitalismo es por su propia esencia amoral, la ética no cotiza en bolsa y por tanto es totalmente ajena a sus centros de interés. Su carácter depredador no sabe nada de emergencias humanitarias ni de nada que no tenga que ver con sus objetivos de negocio.

Ni Estado: En estos tiempos revueltos estamos comprobando hasta la náusea para que sirven los Estados. Brutalidad policial y militar contra los refugiados indefensos, vallas y concertinas para impedir el libre tránsito de las personas, mercadeo indecente sobre las cuotas de migrantes que le corresponden a cada cual, campos de concentración que recuerdan épocas aún más oscuras y que creíamos superadas… Las fronteras entre Estados están haciendo valer su función represora y creando grandes atascos humanos que se justifican con la necesidad falsa y bastarda de no abrir la mano para no provocar un “efecto llamada”, como si hiciera falta llamar a nadie cuando la disyuntiva es esquivar una muerte probable o afrontar una muerte segura. Los Estados están cumpliendo a la perfección el papel para el que fueron creados. Lo que parecen ignorar es que es imposible ponerle puertas al campo. Ahora parecen sorprendidos de su incapacidad para detener y gestionar las sucesivas y crecientes avalanchas, cuando son sus propias políticas carroñeras las que las han provocado. Entretanto, siguen ocultándonos que, a partir de la invasión soviética de Afganistán, la CIA y el MOSAD, con la colaboración entusiasta de los Servicios Secretos europeos, han estado detrás de la creación y el patrocinio de Al Qaeda y posteriormente de ISIS, mientras ahora los portavoces de los gobiernos de Europa, EEUU e Israel se lamentan con cinismo inaudito de que los huevos de esas serpientes que ellos mismos han incubado les hayan estallado entre las manos.

Analizar la situación desde un punto de vista libertario, nos puede ayudar, más allá de la inanidad de una coyuntura hecha de nacionalismos estrechos y elecciones lampedusianas, a entender de manera integral las razones últimas de esta abominable catástrofe humana que en ningún caso es fruto de la fatalidad sino de la conjunción nefasta de los intereses esas tres grandes lacras: la Religión, el Capitalismo y el Estado.

sábado, 5 de septiembre de 2015

Patriotismo, Chovinismo y otras estupideces


Aunque no queríamos caer en el cliché de hacer un paralelo entre la estrategia mediática de los medios de comunicación de la élite colombiana, con la Alemania de los 40´s, no podemos tratar de explicarnos esta situación sin tener en cuenta “los 11 Principios de la Propaganda” del Ministro de Propaganda de la Alemania Nacional-Socialista Paul Joseph Goebbels. (http://www.grijalvo.com/Goebbels/Once_principios_de_la_propaganda.htm)

Acá es donde creemos que un ejercicio interesante por parte de una “audiencia Crítica” debe leer estos principios y confrontarlos con lo que recibimos todos los días en los medios, y no solo para esta coyuntura, sino como un ejercicio práctico para analizar todas las noticias.

Se rasgan las vestiduras los portadores de la Dignidad de la patria al ver imágenes de “compatriotas” cruzando el Rio Tachira llevando neveras, camas, colchones y demás, huyendo del monstruo socialista del Siglo XXI. –Principio de la vulgarización-

Salen en Noticieros, revistas, periódicos, redes sociales, en el bus o en la calle diciendo que pobres seres humanos – porque en esa condiciones si son seres humanos-. Llegan al punto rojo de la frontera políticos, periodistas y fuerzas militares a documentar el sufrimiento de estos pobres pobladores. –Principio de orquestación-

Es aquí donde la audiencia ávida de noticias morbosas y del sufrimiento ajeno despierta el más ferviente patriotismo, cerrando el ciclo de la estrategia de propaganda para la consolidación de un modelo homogéneo de pensamiento respecto a una postura ideológica. –Principio de la unanimidad-
Es en lo que se ha convertido todos los espacios de los noticieros privados como RCN, Caracol, NTN24, CM&, Red + Noticias, Cable Noticias, etc. Convertir la información en un burdo análisis de la pobreza y la ruina humana en forma de desplazamiento. –Principio de la transfusión-

Pero más allá de esto, queremos preguntarnos sobre la mal llamada solidaridad que esta situación despertó como un fenómeno a tener en cuenta para explicar una sociedad con instintos tan morbosos como la sociedad colombiana (ojo! Hablamos de sociedad colombiana solo a los pobladores de las grandes urbes de Colombia, ya que es allí donde reside el público objetivo de estos grandes medios).
Como anarquistas creemos en la solidaridad efectiva que se crea en situaciones de dificultades en donde aflora el sentimiento de empatía para acompañar, apoyar, y luchar por el oprimido, como no lo han enseñado las múltiples experiencias internacionales y nacionales de solidaridad efectiva, como la campaña en solidaridad con Sacco yVanzetti aprovechando que acabamos de pasar por la “Semana Internacional de Solidaridad con lxs Presxs Anarquistas”.

jueves, 3 de septiembre de 2015

La “reparación a las víctimas” como un nuevo mecanismo de despojo

El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas. Éste consiste en quitar sus posesiones a pobres que, supuestamente o en la realidad, se hayan beneficiado por acciones de la insurgencia, y entregarlas al Fondo de Reparación de las Víctimas. Mientras tanto se le quita a los pobres, no se ha tocado a uno sólo de los ganaderos ricos y terratenientes que han acumulado más de 7 millones de hectáreas robadas a sangre y fuego al campesinado durante las últimas tres décadas. Para estos latifundistas y agroindustriales, el gobierno ha inventado el eufemismo de “ocupantes de buena fe”. La buena fe, se sabe, es patrimonio de los ricos; los pobres siempre actúan de mala fe. 

Dos casos demuestran esta peligrosa tendencia. Por una parte, está la situación de cerca de 280.000 hectáreas en partes de los llanos del Yarí, San Vicente del Caguán y parte de Cartagena de Chairá (Meta y Caquetá) que serían, según las autoridades, fincas de las FARC-EP, compradas o adquiridas en territorios baldíos, actualmente en manos de testaferros[1]. Con total desparpajo, la estridente periodista española Salud Hernández, apologista del uribismo (y del paramilitar Carlos Castaño)[2], ha distorsionado la realidad colombiana al punto de hacerla irreconocible, afirmando, sin siquiera sonrojarse, que las FARC-EP, y no su círculo de asociados políticos, serían los terratenientes más grandes de Colombia[3]. Esto, en un país en el cual, según el Censo Agropecuario, el 41% de las 113.000.000 de hectáreas censadas, se encuentran en manos del 0,4% de los propietarios, mientras que el 70% de las Unidades de Producción Agropecuaria tiene menos de 5 hectáreas, ocupando apenas el 5% del área censada[4]. Con asombro, vimos un sensacionalista capítulo de “Los Informantes” en el cual se hacía un “reportaje” sobre las supuestas fincas de los insurgentes, así como la presunta utilización de indígenas en el área para hacerse de territorios. En él, entrevistaron a burócratas de toda laya, pero sin embargo, no se entrevistó a uno sólo de los propietarios afectados o a personas de esas comunidades[5]. Así de prolijo es el mediocre periodismo colombiano. Estas tierras, curiosamente, están en territorios que han sido solicitados para prospección petrolera[6].

El segundo ejemplo lo constituye el caso que hoy viven los vecinos del barrio Simón Bolívar en Planadas, Tolima, quienes fueron informados en Junio, durante un operativo desproporcionado e intimidatorio por parte de la DIJIN y de la Brigada Móvil 8 del Ejército, que sus viviendas serán incautadas por las autoridades para “reparar a las víctimas”[7]. El año 2000, según la Fiscalía, las FARC-EP habrían invadido esos terrenos baldíos y dividido los lotes para repartirlos entre personas sin vivienda, en su mayoría desplazados por el incremento de la violencia paramilitar en esa región de Tolima. Sin embargo, las propiedades fueron regularizadas el 2004, adjudicándose títulos de propiedad, llegando los servicios públicos y construyéndose las viviendas sólidas con el esfuerzo comunitario y con algún apoyo de la Fundación Carcafé. Hasta la fecha, las familias de 24 viviendas han sufrido de “secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo”, pero todas las 136 familias del barrio se encuentran viviendo una auténtica pesadilla porque saben que quieren arrojarlos a todos a la calle, incluidos los más de 300 niños que viven ahí. En las inmediaciones, se está ampliando el aeropuerto militar y ya al barrio lo tienen convertido en un ghetto enrejado. Cabe destacar que, debido al hecho que la mayoría de los habitantes del barrio han sido desplazados, este nuevo hecho constituye una re-victimización de esta población que se verá forzada nuevamente a desplazarse.

Estas acciones por parte del gobierno representan, ante todo, un simulacro de reparación cosmética donde, en realidad, no ha habido nada. La política de víctimas del gobierno ha sido un fiasco estrepitoso y mediante estas acciones, como siempre inclinadas exclusivamente hacia la insurgencia, buscan dar la apariencia de acciones justicieras mientras la injusticia sigue siendo la ley en todo el país. Esto representa, además, un castigo en contra de personas que han vivido en zonas de control o influencia guerrillera, en nada diferente a las doctrinas contra-insurgentes del pez y el agua con los cuales se abusó de la población civil durante buena parte del siglo XX y del XXI. No se puede ignorar la realidad del conflicto, ni que los movimientos insurgentes han construido legitimidad en vastas zonas del país, en muchos casos, desarrollando políticas sociales donde el Estado ha sido incapaz o no le ha interesado hacerlo. Que sean las FARC-EP las que hayan garantizado el derecho a la vivienda o a la tierra a sectores vulnerables, no es algo por lo cual se deba criminalizar a la población. Esta situación revela, una vez más, el nulo interés de Santos en solucionar las causas estructurales del conflicto, así como la naturaleza mezquina y revanchista de la oligarquía colombiana.

Lo más escandaloso del caso, es que el propio Santos se apoya desvergonzadamente en lo discutido en el proceso de paz para avanzar en la expropiación de campesinos. Según él, el Banco de Tierras contemplado en los acuerdos parciales de La Habana, creado con el fin de reparar a las víctimas del despojo, saldría de tierras que se incautarían en zonas de influencia insurgente[8]. Si así es como el Estado pretende interpretar mañosamente los acuerdos del proceso de paz, entonces el post-conflicto sería un festín para quienes se han enriquecido a manos llenas durante el conflicto, mientras que los pobres vivirán una violencia y un despojo sin precedentes. De seguir así las cosas, se vendría una paz a la guatemalteca, una paz más violenta que la guerra. Si se va a sacar de los pobres para, supuestamente, reparar a las víctimas, estamos entrando a un camino muy peligroso pero el cual es bien conocido por el gobierno desde la época de la guerra del trapo rojo con el trapo azul… el de poner a pobres contra pobres y reforzar esa guerra caníbal entre los más necesitados. Mientras los pobres se matan entre ellos, los ricos se hacen finalmente con las tierras y sus recursos naturales. A río revuelto, ganancia de pescadores dicen por ahí.

Dejar pasar esto, cruzarse de brazos ante esta infamia, tendría consecuencias terribles para la perspectiva de que el país pueda superar, efectivamente, el actual conflicto social y armado. Hace rato que los derechos humanos (o mejor dicho, una interpretación burda de éstos) vienen siendo utilizados por el gobierno colombiano como un arma más de la guerra contra-insurgente[9]. Pero esto es elevar esta doctrina a un nivel totalmente nuevo. La utilización del discurso de las “víctimas” para seguir adelantando el despojo en zonas de interés para el bloque dominante, es una de las cosas más graves que están ocurriendo en estos momentos en Colombia. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es una perversión del espíritu de todo lo que ha reclamado el movimiento popular colombiano, la cual servirá para seguir despojando, re-victimizando y desplazando a campesinos pobres, mientras que sigue la acumulación de tierras y riquezas por parte de los latifundistas y la élite dorada que rodea a Santos. Para esto, mejor sería no tener Ley de Víctimas.

José Antonio Gutiérrez D.
1º de Septiembre, 2015