La batalla contra la impunidad en Colombia es como percutir
en piedra. A golpe de tesón y paciencia infinita se conquistan paso a paso, y
muy trabajosamente, pequeños derechos. El cineasta Juan José Lozano, realizador
junto con el periodista Hollman Morris del documental “Impunity”, contribuye
con este trabajo audiovisual a denunciar lo que realmente ha supuesto la
violencia paramilitar y, en concreto, la aplicación de la Ley de Justicia y
Paz, impulsada por el presidente Uribe en 2005, para –aparentemente- depurar
las responsabilidades por los crímenes de las bandas paramilitares. Se trató,
realmente, de “Una gran operación de mercadotecnia y lavado de imagen”,
sentencia Lozano.
Presentado en junio de 2011, el documental intenta abrirse camino poco a poco
entre el silencio que impone la Colombia oficial. Pero ha de sortear numerosos
obstáculos en su recorrido, tal vez porque recuerda verdades como puños: Sólo
se han producido dos condenas “parciales” (en aplicación de la Ley de Justicia
y Paz) contra responsables de la violencia paramilitar, después de 3.500
masacres cometidas; el 98% de los crímenes han quedado en la impunidad; algunos
de los principales cabecillas han sido extraditados a Estados Unidos, imputados
exclusivamente por delitos de narcotráfico, lo que les exonera de cargos por
asesinatos en las comunidades campesinas. Muy pocos políticos han pisado la
cárcel. Según Juan José Lozano, “hoy continúa el paramilitarismo en Colombia,
aunque disimulado como violencia común; y también queda impune”.
“Impunity” contribuye a la restauración de la memoria de las víctimas. De las
personas y familias que han sufrido la violencia paramilitar. ¿Cómo está
funcionando la distribución del documental?
Trabajamos para que llegue cada vez a más gente. Pero es difícil. Dos de las
seis grandes distribuidoras cinematográficas que operan en Colombia se negaron
a la comercialización; no tanto por censura como por miedo, o porque se
autocensuraron ellos mismos. Las cuatro restantes, o no estaban de acuerdo con
el contenido o no le veían una viabilidad económica. Pero hay dos cuestiones de
fondo que hacen difícil la comercialización: el documental plantea una denuncia
política de gran calado; y el mercado capaz de absorber los trabajos
documentales es, en términos generales, muy débil. Fíjate que a pesar de dar
copias gratis no hemos podido distribuir el documental en las salas
cinematográficas.
¿Qué alternativas te has planteado para que la iniciativa tenga salida?
Como las televisiones colombianas también se negaron a la emisión, por el
propio contenido y porque permiten poco espacio para el género documental, el
trabajo no está alcanzando a un público masivo. Se está distribuyendo
principalmente en ámbitos urbanos y, sobre todo, universitarios (unas tres
presentaciones al mes). Además, ha sido seleccionado en varios festivales de
cine; ahora se exhibe en Francia y, a partir del otoño, en Bélgica. En
septiembre se emitirá en el canal franco-alemán de televisión Arte y en otros
10 canales televisivos. Pero el objetivo es superar los círculos que podríamos
denominar elitistas y llegar al gran público.
Señalas dos fases en la elaboración el documental. Recibisteis amenazas y al
final la realización no transitó por el trazado inicial.
Cuando en 2005 empezamos a realizar el documental, contamos con todas las
autorizaciones judiciales para acompañar a las víctimas, y estar además con
ellos en la busca de restos. Pero a medida que comenzaron las presiones sobre
funcionarios de justicia y fiscales, también nuestro trabajo se complicó. En
2009, al recibir la segunda amenaza de muerte, dejamos de grabar en Medellín.
Tuvimos el documental tres meses parado y, entonces, decidimos imprimir un giro
a nuestro trabajo, que consistió en echar mano de material de archivo. Esto fue
posible gracias al apoyo de fiscales y abogados comprometidos, y asociaciones
de solidaridad con las víctimas. Tras un montaje de más de un año resultó un
producto, si quieres más árido, pero también más riguroso.
Citas a un jefe paramilitar –Ever Veloza- como icono de una época y paradigma
de la violencia y la represión en las comunidades campesinas. ¿Por qué?
Por muchos motivos. En primer lugar, porque se confesó responsable de 5.000
asesinatos. Comandó, además, dos bloques paramilitares en dos regiones económicamente
estratégicas, como el Valle del Cauca y Urabá. Se trata de un personaje muy
cínico, pero también el que más colaboró con la justicia y con las familias
para localizar fosas comunes o los restos de las víctimas. Hace tres años que
Veloza se halla preso en Nueva York. Pero más allá de estas razones, el
personaje permite entender muy bien el fenómeno de la violencia paramilitar en
Colombia. Ever Veloza es un parado de 20 años cuando se enrola en un escuadrón.
Es muy eficaz en su trabajo y pronto va escalando posiciones.
Dices que la Ley de Justicia y Paz se diseñó como un “gran montaje”, pero que
en determinado momento el proceso “se le fue de las manos al estado”. ¿A qué te
refieres?
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