La luna de miel de Santos con los movimientos populares ha
comenzado a agotarse. Pasado el entusiasmo en la lucha electoral contra los
uribistas y habiendo quedado atrás el momento en que la “paz” parecía ser una
tolda en la que cabía todo el mundo, la política de Santos para su segundo
período se revela calcada a la del primero: apagar incendios cuando estalla
alguna crisis, mamar gallo a la protesta social con negociaciones que no lleven
a ninguna solución real, reprimir la protesta legítima y militarizar los
territorios, criminalizar a los movimientos populares. Todo esto mientras se
sigue avanzando a todo vapor con la locomotora minero-enérgica y la entrega de
los recursos naturales del país, con el consecuente despojo en contra de las
comunidades. Ya no hay cabida para las vanas ilusiones de sectores de izquierda
que, ignorando la naturaleza del santismo, creían que podrían dar un giro
“progresista” a la gestión del presidente. Incluso aquellos que se imaginaron
en algún cargo burocrático, han visto sus esperanzas destrozadas, al constatar,
con la nominación del gabinete, que la mermelada no alcanza para todos.
El encantador de serpientes muestra su cara real, nuevamente; se evidencia la
manera en que Santos se burló de los sectores populares para aplacar el
descontento acumulado contra su gestión y garantizar un clima de gobernabilidad
conducente a su re-elección. Los dirigentes de la Cumbre Agraria ya han
protestado que el gobierno no les cumplió nada de lo prometido cuando se
desactivó el paro agrario de finales de Abril y principios de Mayo, y amenazan
nuevamente con salir a la calle [1]. Pero Santos ya ganó su re-elección así que
podrá reprimir tranquilo, todo lo que quiera, sin mayores consecuencias
políticas en lo inmediato.
Sin embargo, pese a las vacilaciones, al desgaste y los equívocos de la
dirigencia de izquierda, el pueblo colombiano, con la persistencia de ese viejo
topo que mencionara Marx, sigue socavando, de manera casi imperceptible, las
bases del régimen. Es la dinámica misma de la lucha de clases, no la
política de aparatos en la estratosfera, la que va iluminando los caminos para
forjar una alternativa popular, libertaria, en la actual coyuntura. Los paros
cívicos que han sacudido al Putumayo, al Pacífico nariñense y caucano, a la
Guajira y al Urabá, son síntomas visibles de este malestar profundo que recorre
al país desde la periferia, que se expresa en una resistencia multiforme,
tenaz, valiente y creativa.
Urabá
En esta región se vivió un paro de trabajadores bananeros y
platanicultores del 4 de Agosto al día 6, convocados por Dignidad Platanera,
entre otras cosas, por la reducción del pago de la caja de plátano de 9 a 8
dólares, situación económica que se agravó por el vendaval de Julio que afectó
5.000 hectáreas de plátanos. Como si eso fuera poco, empresas comercializadoras
multinacionales como Unibán y Banacol no han pagado a 5.000 productores, a
algunos hace incluso 11 semanas, adeudando un total de $2.200.000.000. Todo lo
cual se suma a una situación de abandono absoluto de la región y la falta de
servicios básicos como la electricidad[2] (ver Apéndice 1).
El bloqueo de miles de personas en protesta finalmente logró hacer que el
gobierno decretara la emergencia, así como algunos paliativos, subsidios y
apoyos económicos con los cuales mantener a flote el sector en medio de la
crisis[3]. También lograron que los pulpos de Banacol se comprometieran a pagar
¾ partes de lo adeudado para poner fin a la protesta, comprometiéndose a pagar
el resto en un plazo de tres meses[4]. Sin embargo, el precio que tuvo que
pagar el pueblo urabeño para lograr esta victoria parcial fue altísimo: 24
heridos, 14 de ellos por impacto de bala (entre ellos cuatro menores de edad),
y un joven de 23 años, muerto de un disparo al tórax, en el corregimiento de
Currulao (Mutatá), así como 23 capturados que han quedado en libertad como
parte del acuerdo de levantamiento del paro[5].
Pacífico (Nariño y Cauca)
En ocho municipios del Pacífico de Nariño (El Charco, La
Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, Barbacoas, Magüi
Payán y Roberto Payán) y tres del Pacífico de Cauca (Guapi, Timbiquí y López de
Micay), con epicentro en Iscuandé, se viene desarrollando desde el 10 de Agosto
un paro cívico convocado por las organizaciones afrodescendientes y campesinas,
cuyo principal eje articulador ha sido exigir que se investigue y sancione a
las autoridades corruptas. Pero el movimiento no solamente denuncia la
corrupción estructural del aparato estatal, sino que además ofrece como salida
la asamblea nacional constituyente y la creación de mecanismos de democracia
directa y participativa que permitan una fiscalización permanente de la
comunidad hacia las autoridades. Llaman también la atención y exigen respuesta
a la situación social calamitosa de esos municipios en temas como salud,
infraestructura, vivienda y educación. Por último, también el movimiento exige
la paz con justicia social, un fin a la militarización de estos municipios,
cese al fuego bilateral y protestan contra la presencia de multinacionales en
sus territorios (ver Apéndice 2). Unas 240.000 personas se han sumado a este
movimiento que ha paralizado totalmente la Costa Pacífico en estos
departamentos[6].
Aún cuando todavía no se presentan actos de violencia física contra los
manifestantes, medios alternativos señalan que se ha bloqueado de manera
premeditada la señal de Internet en esta región para aislar su voz del resto
del país[7].
Putumayo
Desde el lunes 11 de Agosto, 52 comunidades y cuatro
cabildos indígenas del corredor Puerto Vega-Teteye se han declarado en paro
cívico protestando la ampliación de las licencias ambientales para las
petroleras a expensas de los derechos de las comunidades, así como la militarización
del territorio y la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos, que
en opinión de las comunidades movilizadas, busca “aburrir al campesino” para
desplazarlo y así despojarlo de su tierra para ponerla a disposición de la
locomotora minero-energética[8]. La propuesta de las comunidades se resume a
tres puntos: derogatoria de la licencia ambiental para las petroleras, fin de
las fumigaciones y respeto a los derechos humanos[9] (ver Apéndice 3).
Guajira
En una entrevista con Semana, la pediatra norteamericana
Alicia Genisca decía que “la experiencia de desnutrición en Colombia es igual
que en Etiopía”[10]. La situación de la Guajira es una de las más catastróficas
en este panorama: el departamento cuanta con 37.000 niños desnutridos, siendo
este un problema de carácter crónico; 30% de los niños menores de 5 años están
desnutridos y mueren dos niños al día por falta de atención, deshidratación o
hambre. Es decir, por pura pobreza. Y lo peor es que aún estas alarmantes
cifras son un subregistro: el mismo reportaje de Semana cuenta el caso de un
wayú, Francisco Uriana, que ha perdido cinco hijos por física hambre y no ha
reportado ninguno a las autoridades por las dificultades que existen para
movilizarse desde las zonas rurales[11]. Como él, hay miles de casos.
La reciente sequía, que causó la muerte de 23.000 cabezas de ganado, ha vuelto
explosiva la crisis permanente en que vive ese departamento. Pero esta crisis
ambiental es expresión de la profunda desigualdad, la falta de acceso a
recursos o a infraestructura adecuada, así como el impacto a largo plazo,
ambiental y socio-económico que ha tenido la megaminería, particularmente la
explotación carbonífera en la región, donde están las explotaciones del
Cerrejón. Esto motivó que desde el 11 hasta el 12 de Agosto miles de guajiros
se declararan en paro cívico exigiendo que se atendieran sus demandas: mejoras
en la provisión de servicios e infraestructura, que el 20% de las regalías que
genera el departamento se queden para financiar la inversión social, apoyo a
proyectos productivos sostenibles –principalmente de carácter agropecuario y
turístico-, mayor planificación en la utilización de los recursos naturales y
creación de un fondo especial para pagar la deuda social del gobierno con el
departamento[12] (ver Apéndice 4).
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