Mientras los territorios de las comunidades sufren problemas
de sequía, la empresa gasta cerca de 17 millones de litros de agua al día [1]
en su proceso de explotación carbonífera.
Entre tanto, cada persona en la Guajira sólo tiene acceso a
0.7 litros de agua al día. Por eso las comunidades exigen que se suspenda la
actividad del Cerrejón en esta temporada de sequía y se privilegie el derecho
humano al agua.Estas y otras reivindicaciones se socializarán durante las
jornadas por la vida que se desarrolla este fin de semana en La Guajira. Amén
de la solidaridad que ha generado la crisis ambiental en la región, es
necesario que el país le exija al Cerrejón que deje de gastar de manera desmesurada
el agua de las comunidades.
Desde hace más de 30 años, las comunidades indígenas y afrocolombianas ancestralmente
asentadas en el departamento de La Guajira (Colombia), están obligadas a
convivir con las graves consecuencias de la explotación minera de una de las
minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, el Cerrejón.
Más de 69.000 Hectáreas del territorio en el sur de La Guajira son propiedad de
la empresa transnacional y con lo cual se confina a las comunidades en
territorios reducidos que amenazan su sobrevivencia. La explotación carbonífera
abrió un cráter enorme en esta región; expertos señalan que por cada millón de
tonelada de carbón explotado, quedan aproximadamente 10 millones de toneladas
de desechos en los territorios; es decir que de los 34,6 millones de toneladas
de carbón producidas en el 2012, la empresa Cerrejón generó alrededor de 340
millones de toneladas de desechos como tierra estéril.
Mientras los territorios de las comunidades sufren problemas de sequía, la
empresa gasta cerca de 17 millones de litros de agua al día [1] en su proceso
de explotación carbonífera que funciona las 24 horas y que ha producido una
permanente contaminación del aire, suelo y agua. Estas afectaciones han
generado daños acumulados en los territorios y han causado múltiples
enfermedades en las comunidades que sufren su impacto.
La falta de regulación adecuada de la industria extractiva en Colombia, una
institucionalidad orientada más hacia la protección de los intereses económicos
que de los derechos de las comunidades y el alto grado de impunidad de las
violaciones a los derechos constituyen grandes obstáculos en el acceso a la
justicia.
La consulta previa, libre e informada, derecho fundamental de las comunidades,
es ignorada por Estado y las empresas, que ven en ella un obstáculo para sus
intereses y buscan reducirla a un mero trámite de legitimación de éstos. Así se
evidenció en 2012, en el caso del proyecto P-500 que pretende desviar el Río
Ranchería, principal río del departamento. Aquí el Cerrejón y el Estado
colombiano adelantaban trámites obteniendo firmas de las comunidades a cambio
de alambres de púas, hilazas, motores fuera de borda y chivos[2].
Por la gravedad de la situación comunidades indígenas han decidido realizar
procesos propios e independientes de consulta autónoma y con ello incorporar
una reflexión sobre todos los aspectos que afectan la vida colectiva, la
permanencia en el territorio y la sobrevivencia para las actuales y futuras
generaciones: “No vamos a aceptar trámites engañosos que ellos llaman consulta
para responder de que sí nos pueden cortar la cabeza. El río es nuestro cuerpo,
nuestra sangre, nuestro ser.”
Frente a temas como la irreversibilidad de los daños, el desvío del poder a
favor de los intereses empresariales, la evidente devastación ambiental y los
daños culturales, sociales y territoriales en La Guajira, las comunidades
promueven:
JUEVES, 7 de agosto: Tribunal: Agresión minera al territorio con acompañamiento
de jueces nacionales e internacionales para visibilizar los daños acumulados
generados por la empresa del Cerrejón.
VIERNES, 8 de agosto: Recorridos por los sitios sagrados que se han visto
agredidos por la explotación minera.
SÁBADO, 9 de agosto: Dos jornadas de consulta autónoma de las comunidades wayúu
de Provincial y Tamaquitos II sobre la expansión carbonífera.
SÁBADO, 9 de agosto: Conmemoración de los 13 años de impunidad del desalojo de
la comunidad afrocolombiana de Tabaco.
Estas actividades tendrán lugar en el marco del debate nacional por la sequía,
donde se hace indispensable que la sociedad se concientice de la relación entre
este fenómeno climático y las actividades extractivas
Objetivos
Ofrecer a las comunidades afectadas, un espacio de denuncia por los daños de la
minería de carbón en La Guajira.
Promover la reflexión y análisis en el país sobre las responsabilidades
de los estados y las empresas en la generación de conflictos socioambientales y
en la violación de derechos humanos asociadas a la minería. Contribuir al
fortalecimiento del movimiento social y de su autonomía en la defensa y
protección de los territorios.
Convocan
Resguardo Indígena Wayúu de Provincial
Comunidad de Tamaquitos II
Resguardo Indígena Wayúu Cerrohatonuevo
Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de La Guajira
(AACIWASUG)
Junta Social de Pro-Reubicación de Tabaco
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Censat Agua Viva
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