El pasado 18 de diciembre, hacia las 8.00pm de la noche,
Martin Monsalve integrante de Ríos Vivos Antioquia fue retenido por dos hombres
encapuchados y fuertemente armados, que no se identificaron y le amenazaron de
muerte, en el camino que conduce hacia la playa La Arenera del municipio de
Toledo, a unos 500 metros del puente Pescadero que comunica los municipios de
Toledo e Ituango. Martín logró escabullirse y mientras huía le gritaron
“Tenemos que coger a una de estas gonorreas vivo” “ya subimos a rematar a esos
del Plan”; refiriéndose a las familias barequeras que se encuentran en La
Arenera y se preparaban para una Audiencia Popular masiva al día siguiente
convocada por el Movimiento ante la notificación de desalojo ordenada por el
Inspector de Policía de Toledo por una acción promovida para el proyecto
Hidroituango por Empresas Públicas de Medellín EPM. Los atacantes tenían dos
balsas en la ribera del río y por sus expresiones puede presumirse un intento
de secuestro.
Esta grave amenaza se produce mientras Martín esperaba a los
líderes del equipo de derechos humanos del Movimiento, Isabel Cristina Zuleta,
Jorge Mario Goez y Katherine Delgado quienes habían planeado ingresar a la
playa La Arenera para acompañar a las familias y realizar la Asamblea Popular.
El equipo, había decidido no llegar esa noche a la playa por retrasos en el
vehículo en el que se transportaban y como medida de autoprotección no se
movilizan en la noche. Sin embargo, es claro que los hombres que abordaron a
Martín conocían previamente de la llegada de los líderes y los estaban
esperando, nunca antes se había presentado un ataque hacia Martín o alguno de
los barequeros que permanecen en la zona, pero si hacia el equipo de derechos
humanos del Movimiento que ha tenido múltiples amenazas por su labor en defensa
del ambiente y los afectados por Hidroituango. El lugar donde se produjo la
amenaza tiene vigilancia permanente de Empresas Públicas de Medellín EPM y el
Ejército Nacional a través del Batallón Bajes adscrito a la Cuarta Brigada.
Este nuevo hecho se produce mientras avanza el proceso de
desalojo que afectará a decenas de familias campesinas y barequeras que habitan
La Arenera, quienes siendo desplazados por la violencia, han desarrollado sus
medios vida en el Cañón del Río Cauca. El Gobierno Nacional, se había
comprometido ante la CIDH a no desarrollar desalojos y no vulnerar lo derechos
de los afectados por represas en Colombia, afirmó que los afectados se les
mejoraría la vida con estas obras, que no desalojaba sino que reubicaba.
Las familias que serían desalojadas no fueron reconocidas en
su mayoría como afectadas por Hidroituango y no han recibido, por parte del
Estado ni EPM, ninguna alternativa ni propuesta que permita satisfacer sus
derechos mínimos fundamentales. Si se produce el desalojo las familias
quedarían en una situación extrema de vulnerabilidad, sin medios de
subsistencia. Cerca de 400 familias afectadas por Hidroituango han sido desalojadas
de manera forzosa por Hidroituango sin cumplir las directrices internacinales,
en todos los casos por medio de la violencia armada, con grandes pérdidas
económicas, robos y daños de los escasos bienes de la población humilde
asentadas en el Cañón del Río Cauca.
Por lo anterior exigimos:
Se suspendan de inmediato los desalojos solicitados por
Empresas Públicas de Medellín EPM por el proyecto Hidroituango
Se realice un censo que integre, de manera real y efectiva,
a todos los afectados por la represa y que posibilite alternativas de vida
digna para ellos.
Se garantice la vida e integridad física de los integrantes
del Movimiento Ríos Vivos y todos los afectados por represas y el derecho a
defender el medio ambiente.
Se dé cumplimiento estricto a las obligaciones
internacionales de respeto a los derechos de las familias afectadas por la
represa, cuyo desalojo ha sido ordenado.
¡Ríos para la vida, NO para la muerte!
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