Bogotá, D.C. 10 de noviembre de 2014
Ref: Abusos y arbitrariedad de JOSÉ A GUTIÉRREZ, defensor de
derechos humanos y asistente de integrantes de la Comisión Histórica del
Conflicto, en el bajo Caguán, Caquetá
“LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA” en 1984, G Orwell
Nuestra Constancia Histórica ante la continuidad del
desarrollo de operaciones militares sustentadas en la mentalidad del enemigo
interno y ante la ampliación de esa ideologización a quienes puedan tener
alguna relación investigativa, solidaria con los habitantes que permanecen en
regiones de conflicto armado, que afirman iniciativas ambientales,
agroecológicas, diferentes o diversas a las definiciones del uso que plantean
las políticas institucionales.
Nuestra Constancia Histórica de los abusos sufridos por un ciudadano, que
legalmente, está prestando su concurso para la solución del conflicto armado,
como JOSÉ ANTONIO, investigador del Departamento de Sociología de la
Universidad de Dublín (University College Dublin). El investigador y defensor
de derechos humanos ha participado por varios años en el área de derechos
humanos y en la solidaridad con organizaciones campesinas, indígenas,
afrocolombianas de base, entre ellas, las asociadas en FENSUAGRO, y la red de
Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, y nuestra Comisión, y en
su papel de asistente de investigación en la metodología de trabajo
participativo y de corroboración de las fuentes escritas se ha desplazado
durante días de la semana a las regiones para dar sustento o desvirtuar
hipótesis y tesis del trabajo investigativo.
Ante ustedes la fundamentación fáctica de los hechos ocurridos con ocasión de
la visita a comunidades y dirigentes comunales de Remolino.
*Miércoles 29 de octubre a las 10:30 a.m. mientras el
defensor investigador se reunía con pobladores y la Junta de Acción Comunal, se
produjeron dos sobrevuelos de helicópteros sobre la escuela en que se
encontraban reunidos.
El inusual sobrevuelo causó zozobra en los habitantes de la
región por coincidir justo en el lugar y hora de la reunión comunitaria con el
investigador de la CHCV.
*Jueves 30 de octubre a las 7:00 a.m. la embarcación en que
JOSÉ regresaría a Cartagena de Chairá fue retenida por un lapso de más de una
hora, sin autorizar la partida. 10 minutos después que la Armada autorizó su
navegación, río arriba, fue interceptada por una piraña artillada, causando
temor entre los pasajeros. Los efectivos regulares dieron la orden de retornar
a Remolino.
En Remolino, JOSÉ ANTONIO fue retenido e interrogado por más
de tres horas y media, aproximadamente hasta las 12 del mediodía.
A esa hora, el Capitán ESTRADA le permitió a JOSÉ retirarse.
La razón oficial del interrogatorio y la retención de JOSÉ
fue el no haberse registrado al ingresar a Remolino. El militar desconoce que no hay obligación constitucional de
hacer ninguna presentación al ingreso a alguna localidad. El regular desconoció
que no había presencia militar en el momento de la llegada de JOSÉ a Remolinos
y que se había registrado en dos retenes fluviales anteriores.
Los regulares sostuvieron que como JOSÉ estaba en una “zona
roja” debían confirmar su identidad por su seguridad, pese a tener todos sus
documentos en regla.
*Viernes 31 de octubre aproximadamente 9:00 a.m. en Peñas
Coloradas, JOSÉ fue abordado por efectivos de la Brigada Móvil 22 quiénes le
interrogaron acerca de las razones de su viaje.
Más adelante, en el puesto de control de Cartagena de
Chairá, unidades militares abordaron a JOSÉ. Un agente, vestido de civil, que
se identificó como integrante de la brigada Móvil 6, volvió a interrogarlo de
forma intimidatoria. Posteriormente, le expresó a JOSÉ que debía regresarse lo
más rápidamente a Bogotá.
De acuerdo con algunas fuentes locales, que por temor, no se
atreven a hacer públicos sus nombres, el motivo de la acción militar contra
JOSÉ era la búsqueda, como extranjero, de órdenes de captura o procesos penales
abiertos por estar apoyando a las comunidades rurales.
Nuestra Censura Ética ante las consecuencias de una
mentalidad militar que concibe a lo diferente como “enemigo militar”,
concepción que genera procedimientos absurdos, justifica abusos y violaciones
de derechos humanos sobre los líderes y comunidades rurales que habitan en
zonas de conflicto, y sobre defensores de derechos humanos o investigadores.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de una política de
represión contra pobladores en el Medio y Bajo Caguán que ha sido documentada y
confirmada en el proceso de corroboración e investigación de JOSÉ. Montajes
judiciales, detenciones masivas, empadronamientos, restricciones a la libre
movilización, a la alimentación, asesinatos de dirigentes sociales, una extensa
red de informantes que a cambio de dinero inventan historias.
Nuestra Censura Ética ante la incapacidad militar de
desmontar las estructuras paramilitares que operan en determinados espacios
territoriales de la región lo que se convierte en un altísimo factor de riesgo
a los derechos y libertades de las comunidades y líderes sociales, como ha ocurrido
recientemente con MISAEL CARO amenazado por paramilitares conocidos como
Águilas Negras. Mientras estructuras armadas institucionales pretendan
justificar sus abusos y violaciones de derechos humanos por la persecución a la
guerrilla de las FARC-EP, ninguna confianza ni reconstrucción del Estado de
Derecho será posible; mientras la omisión, la tolerancia y complicidad con
operaciones paramilitares sea otra regla de juego, ilegal, contra los civiles,
difícilmente se asentará un paz real.
Nuestra Censura Ética ante el preocupante acoso, persecución
y seguimiento que hemos conocido viven los líderes comunitarios JORGE VEGA, de
ASTRACAMCAG (filial de Fensuagro), MISAEL CARO PACHECO (ASOJUNTAS) y HAUNER
RESTREPO (ASOJUNTAS), en Cartagena del Chairá, así como de ALEXANDER DIAZ de la
Junta de Acción Comunal de Remolino.
La retención de JOSE ANTONIO después de haberse reunido con
estos dirigentes comunitarios, es prueba del déficit de garantías para los
dirigentes sociales bajo la llamada consolidación militar, así como el grave
riesgo al que están expuestos. Si el pretexto era la seguridad del defensor,
¿por qué las fuerzas armadas no brindaron garantías para su evacuación pronta
de la región y sí obstaculizaron su movilidad?
Ante este hecho contra el investigador y defensor de
derechos humanos, JOSÉ ANTONIO, nos asiste una profunda preocupación por las
garantías a la vida e integridad, libertades de los dirigentes comunitarios del
Medio y Bajo Caguán; nada de lo ocurrido pareciera indicar que se brindan garantías
para la labor en terreno de investigaciones en el marco de las conversaciones
de paz y mucho menos que se esté aclimatando la construcción de un ambiente
para la salida del conflicto armado.
Esperamos que este escrito permita a ustedes, conforme a sus
responsabilidades institucionales adoptar cuantas medidas sean necesarias, para
esclarecer los hechos aquí consignados y sobre todo posibilitar que los líderes
y comunidades del Caguán, puedan continuar habitando en sus tierras, con sus
apuestas de vida comunitarias, solidarias, agroecológicas y ambientales.
Con profunda preocupación,
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
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