domingo, 29 de enero de 2017

ACCIÓN DIRECTA CONTRA SUS LEYES Y TERROR

Por: El (A)guijón. 

A pocas horas para entrar en vigencia el Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, el cual contempla las reglas del comportamiento y conducta ciudadana, más que ser un documento que contempla más de 300 situaciones en 243 artículos que rigen la conducta y el comportamiento de los ciudadanos en el país; es a todas luces una ley hecha a la medida de los regímenes totalitarios en tanto que con la amenaza constante de la Ley Penal y la sanción vía multa, restringe y prohíbe todo intento de movilización institucionalizando así la criminalización.  

En Colombia las estrategias y medidas que criminalizan la protesta social han estado al orden del día. Ha sido recurrente por parte del estado colombiano que, ante el incremento de la movilización y la protesta social y popular, motivada por la creciente desigualdad política, económica y social, los gobiernos de turno busquen crear nuevos delitos, incrementar las penas de otros, o generar reformas puntuales al código penal. Cambios que no buscan mejorar las condiciones socio-económicas del pueblo colombiano sino generar las situaciones adecuadas para multar, señalar, estigmatizar, perseguir y encerrar.

El nuevo código se ha presentado como  un compendio de normas y límites que busca lograr una mejor convivencia  entre  los colombianos y dar solución a los problemas de seguridad generados en el país. Nada más falso. Sabemos que, por más “buenas intenciones” que tengan los gobiernos por combatir la inseguridad ciudadana, gestada y alimentada por el estado y la burguesía, lo que se busca es generar inmovilidad social y a largo plazo prohibir la protesta social y popular como herramienta imprescindible para la transformación social.

Además de ser un código netamente prohibicionista, tiene como novedad altas sanciones económicas para quienes incumplan las normas que van desde $82 mil hasta $625 mil. En su presentación el presidente Santos aseguró que dicho proyecto está estructurado en la búsqueda de la prevención del delito y la dotación a la policía de nuevas herramientas para la resolución de conflictos. ¿Será que no son suficientes el garrote y la pistola?

Entre tantas prohibiciones contempladas en el nuevo código sobresalen varios artículos que dan cuenta de sus “buenas” intenciones: 1- Se prohíbe que jóvenes menores de 14 años participen en manifestaciones o protestas públicas sin la compañía de sus padres. Por ello, los adolescentes entre los 14 y 18 años que deseen manifestarse podrán hacerlo con autorización escrita de sus padres. 2- Se contempla la prohibición para hacer grafitis en bienes culturales o zonas que no fueron habilitadas para estas expresiones artísticas y políticas. Quien viole la norma debe limpiar y dejar el bien afectado (pintado) en las mismas condiciones en las que estaba. ¿No fue suficiente con el crimen de estado del graffitero Diego Felipe Becerra para enviar un mensaje claro y contundente a todo aquel o aquella que mediante el arte expresa sus sentimientos de oposición y crítica contra un sistema que promueve la desigualdad, la injusticia y el terror?. 3-Toda reunión o desfile público que altere o atente contra la convivencia, la libre movilidad o los derechos fundamentales, especialmente los de los menores de edad, será disuelto por la Policía Nacional. De la misma forma, ésta podrá impedir la realización de reuniones, marchas o desfiles públicos que no hayan sido comunicados oportunamente o cuando éstos no cumplan las condiciones señaladas por la autoridad.

Todo lo anterior no es para llenarnos de miedo y a esperar con las manos cruzadas a que la situación cambie. Sabemos que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, con una clase dominante asesina y enemiga del pueblo y, con una extendida ausencia de derechos sociales, económicos y políticos, en donde la protesta social es una forma de reivindicación no solo legitima, sino necesaria. 


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