El 8 de agosto de 2008, fue privada de la libertad la
defensora de Derechos Humanos Liliany Patricia Obando Villota; su detención
realizada en el marco de la llamada “Farc-política”, constituiría el principio
de una larga cadena de persecuciones contra opositores y dirigentes políticos y
sociales que bajo la mal llamada “política de Seguridad Democrática” serían
judicializados con pruebas ilícitas e ilegales como los computadores del jefe
guerrillero “Raúl Reyes” supuestamente obtenidos en un operativo militar
conocido como “Operación Fénix”, violando derechos fundamentales y tratados
internacionales.
Liliany fue procesada por los delitos de rebelión y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas y tras un
largo proceso plagado de irregularidades, condenada por rebelión a 70 meses de
prisión domiciliaria y al pago de una multa de $707.000.000 millones de pesos
(cerca de 400 mil dólares). Durante el juicio que se prolongó por cerca de
cuatro años, esta defensora de Derechos Humanos fue recluida, en condiciones
inhumanas e indignantes en la cárcel de mujeres del “Buen Pastor”, negándosele
en nueve ocasiones su solicitud de prisión domiciliaria.
Ante esta arbitraria condena la defensa interpuso un recurso
de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero ésta se abstuvo de estudiar
el caso, por lo que actualmente el juez de conocimiento tendrá que determinar
el tiempo que le queda de condena, el cual deberá cumplir bajo arresto
domiciliario, pues gracias a la presión de organizaciones internacionales
defensoras de derechos humanos que han denunciado este aberrante hecho de
persecución política, la justicia colombiana tuvo que reconocer lo que se sabía
desde un principio: que Liliany no representa ningún “peligro para la sociedad”
y que al ser madre cabeza de familita le confería el pleno derecho a tener la
casa por cárcel.
Al momento de su detención los medios oficiales de
comunicación anunciaron con sus acostumbrados titulares amarillistas que había
sido detenida “una de las novias de Raúl Reyes” (El espectador, agosto 8 de
2008), y desconociendo el derecho constitucional que tiene todo(a) ciudadano(a)
a la “presunción de inocencia”, fue presentada como integrante de la Comisión
Internacional de las FARC, poniendo en riesgo su integridad personal y la de su
núcleo familiar, en particular de sus dos hijos menores de edad quienes en el
momento de la detención fueron objeto de agresiones simbólicas y amenazas por
parte de los organismos de seguridad que allanaron su residencia.
Liliany es egresada de la carrera de sociología de la
Universidad Nacional y en el momento de su detención se hallaba cursando el
posgrado en estudios políticos que imparte el Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones internacionales (IEPRI) en esta misma universidad. Sus temas de
investigación han girado en torno al conflicto armado y social colombiano y
concretamente se han concentrado en el campo de la sociología rural; como tesis
de maestría adelantaba un trabajo investigativo sobre la historia oral de la
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
Con Liliany, ya son varios los miembros de la comunidad
universitaria que han tenido que enfrentar procesos judiciales como
consecuencia de sus liderazgos sociales y su perspectiva crítica; no obstante,
las universidades públicas controladas por sectores tecnoburocráticos -cuyo
horizonte se desenvuelve dentro de las estrechas lógicas del mercado- nada han
hecho por defender los intereses de una academia inmersa, cada vez más, en las
dinámicas del conflicto armado y social que estremece al país. Bajo el discurso
de una supuesta “neutralidad” y el argumento de que “cada quien es responsable
ante la justicia de sus actos”, abandonan a sus profesores y estudiantes
críticos a su propia suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario