El caso de la Operación Andrómeda que recientemente destapó
la revista Semana ha prendido las alarmas. Lo poco que ha salido a conocimiento
público, es que agencias de la Fuerza Pública (militares y policías) han estado
haciendointeligencia y contrainteligencia a diversos actores
sociales, principalmente a quienes han estado promoviendo las negociaciones en
La Habana. También se supo que, una vez se destapó la operación, la evidencia
empezó a ser destruida y ahora sólo queda lo que la Fiscalía incautó en el
allanamiento dos días después.
En un primer momento vimos un Presidente Santos aireado y
consternado por lo que llamó “la infiltración de la ultraderecha” en las
agencias de inteligencia. Quizá lo primero que uno asociaría respecto de
filtraciones de información sensible fueron las coordenadas en las que
delegados de la guerrilla iban a ser recogidos por el Ejército y que el ex
presidente Uribe publicó en su cuenta twitter antes de la operación, poniendo
en riesgo a quienes allí participaban; o también las fotos tomadas a los
delegados principales de la guerrilla allá en Cuba, que también publicó este
personaje. Aun no se ha esclarecido cómo Álvaro Uribe recibió esa información
clasificada. Posiblemente se valió de agencias que trafican con información de
este tipo. Posiblemente fueron los de la Operación Andrómeda.
Sin embargo, un día después vimos un Presidente Santos
diferente: de la noche a la mañana la Operación Andrómeda le pareció ser legal.
En efecto, el argumento para justificar la existencia –que incluso Santos
desconocía- de la Operación Andrómeda, es que no hay nada de ilegal en el hecho
de monitorear de forma secreta el espectro electromagnético, de acuerdo con la
Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia; Ley que –vale la pena
decirlo-, no recibió la atención mediática de los medios de comunicación
masivos, y en últimas, fue aprobada de forma desapercibida por el pueblo
colombiano.
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