"Cuando me bajaron de la patrulla y después de echarme
un spray picante en la cara me dejaron en una mesa, y allí empezaron a pegarme,
bajándome los pantalones y me pegaron en las nalgas, yo gritaba y lloraba, y
ellos me decían que era una perra, que me callara"
En los últimos 3 años la Comuna 8 de Medellín ha vivido el
recrudecimiento del accionar militar de grupos armados y su confrontación con
la fuerza pública; en el medio una población empobrecida, desplazada
forzadamente del campo a la ciudad, habitando barrios sin acueducto,
alcantarillado, vías y equipamiento colectivo. Miles de familias que derivan el
sustento del trabajo informal y en las cuales las niñas y los niños, abandonan
la escuela por proteger sus vidas y por falta de medios para mantenerse en el sistema
escolar, más de 100 familias afrodescendientes obligadas a desplazarse al
finalizar el año 2012, reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes,
explotación sexual y trata de mujeres niñas y jóvenes; son solo algunas de las
problemáticas de derechos humanos que describen la grave crisis humanitaria que
vive la comuna 8, agravadas por la creciente militarización y control social
que ejerce la policía en la zona, constituyéndose como responsable de la
conflictividad social y armada, en contravía de sus obligaciones
constitucionales en el marco del estado social y de derecho.
Los hechos violentos protagonizados por la policía el pasado
20 de enero de 2013, en contra de varias mujeres menores de 18 años y un hombre
de 16 años, que en términos de la convención de los derechos de los niños (ONU)
ratificada por Colombia, son niños en tanto no han alcanzado la mayoría de
edad; reflejan el nivel de vulnerabilidad de la población en general, y en
particular de la infancia y la juventud, y la encrucijada entre violencia
social y violencia institucional que viven día a día en las comunas de la
ciudad.
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