La Alcaldía de Medellín, a través de la inspectora Gloria
Patricia Arango Díaz, desarrolló varios desalojos forzados de viviendas
ubicadas en el sector El Oasis del barrio Moravia, centro de la ciudad. Estos
episodios ocurren de manera reiterada y la comunidad asegura que se
profundizaron luego de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-
en octubre de 2014.
Según declaraciones de Vanessa Álvarez, integrante del
Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle, el Escuadrón Móvil Antidisturbios
–Esmad-, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Subsecretaría de
Espacio Público, la Secretaría de Infraestructura y la inspectora Arango,
llegaron en el 21 de mayo a las 6 de la mañana al sector: “La inspectora
mencionó que los desalojos fueron socializados”, comentó Álvarez. La población
reclamó porque en ningún momento hubo información previa más allá de “un papel
que nos pegaron en la casa”, según afirmaciones de una de las víctimas de las
acciones.
Colombia Informa constató que la resolución que autorizaba
la diligencia era poco clara. No se indicó la dirección de las casas que serían
desalojadas y tampoco se tenía claro qué pasaría con las personas que salieran
del sector. La comunidad por su parte aseguró que la inspectora Arango no pudo
establecerse ningún diálogo. Además las familias desalojadas no tenían definido
a dónde serían llevadas.
Según la resolución de la Alcaldía que autorizaba la
diligencia, la orden era practicar 14 desalojos de viviendas habitadas en su
mayoría por desplazados por el conflicto armado procedentes de diferentes
municipios de Antioquia. Incluso algunos de los habitantes de El Oasis se
encontraban en el sepelio de familiares fallecidos en el desastre natural
ocurrido en días pasados en Salgar y ante la amenaza de quedar sin vivienda
tuvieron que salir al instante para Moravia.
Los habitantes de Moravia, que han construido sus viviendas
a través del convite y la acción solidaria entre la comunidad, se mostraron
unidos oponiéndose a los desalojos a través de arengas y exigencias por la
permanencia en el territorio.
Ocurrieron dos desalojos y un tercer intento fue
impedido por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la comunidad.
Allí habita una familia conformada por tres menores de edad y una madre cabeza
de hogar de edad que vive en Moravia hace 20 años y es desplazada del Urabá.
Ella decidió encerrarse con sus hijos para que no destruyeran su casa. Ante la
unión, oposición y resistencia de los habitantes del sector no se desarrollaron
más desalojos. Esta es la cuarta vez en lo que se lleva del año que no cesan
los hostigamientos a la población del sector.
Las acciones se lograron detener por algunos días debido a
una acción de tutela realizada por la comunidad. Los congresistas Alberto
Castilla y Victor Correa, quienes apoyaron a la comunidad a través de la
presencia de integrantes de sus Unidades de Trabajo Legislativo en el lugar de
los hechos, exigieron ser garantes de una mesa de concertación para resolver la
situación de El Oasis. Sin embargo, las autoridades se negaron a aceptar su
participación.
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