Por Miguel Ángel Beltrán V.
El sociólogo e historiador –y actualmente preso político-
Miguel Ángel Beltrán Villegas apoyado en fuentes orales y escritas, hace una
reconstrucción histórica de la olvidada “Guerra de Villarrica”, sesenta años
después que se diera inicio a ésta. En ella analiza la política anticomunista
del general Rojas Pinilla y de las élites colombianas, la operación de
exterminio que libró el ejército contra estas pacíficas regiones agrarias, así
como la resistencia armada popular a esta agresión militar, para concluir en la
necesidad de desmitificar la memoria oficial que trata de eludir la gran
responsabilidad que ha tenido el Estado colombiano en el origen y prolongación
del conflicto social y armado.
Hace sesenta años, el 4 de abril de 1955, el comando del
destacamento “Sumapaz” de las Fuerzas Armadas Colombianas distribuyó entre
los pobladores del oriente del Tolima, millares de volantes en los
cuales anunciaba que el área comprendida por los municipios de Icononzo, Pandi,
Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica, Cabrera y Ospina Pérez había
sido declarada “zona de operaciones militares”. En dichas circulares se
informaba que a partir de la fecha, se decretaba el “toque de queda de la
región” entre las 6pm y las 5am, al mismo tiempo que se prohibía la venta de
bebidas alcohólicas, el tránsito de personas sin portar el salvoconducto
expedido por el comando militar, y se notificaba que quienes incumplieran tales
disposiciones serían “tratadas por las tropas del ejército como enemigas de la
zona de operaciones en la campaña” (1). Con esta última advertencia de “tierra
arrasada” se dio inicio a uno de los más dolorosos capítulos de nuestra
historia del siglo XX conocido como “la guerra de Villarrica”.
Esta guerra reviste particular importancia a la hora de
analizar las responsabilidades en el conflicto armado colombiano, pues son
varios los elementos históricos que allí se conjugan, entre otros: la
agresión militar por parte del Estado contra pacíficas regiones agrarias como
ya lo había hecho en el sur del Tolima y lo haría de nuevo en Marquetalia; el
uso desproporcionado del aparato militar para acallar cualquier expresión de
oposición política y social; la mentalidad profundamente anticomunista de las
élites bipartidistas y de la jerarquía eclesiástica; la aplicación de tácticas
contrainsurgentes contra la población, que incluyen el estímulo a bandas
armadas; el papel de los Estados Unidos y de otras naciones en la potenciación
del conflicto colombiano; la utilización del sistema jurídico como instrumento
de guerra y, el uso legítimo de las armas por parte de un grupo de
campesinos para defender su integridad y la de sus familias.
El anticomunismo de Rojas y de las élites colombianas
La instauración del régimen militar del general Gustavo
Rojas Pinilla, constituyó una apuesta de las élites económicas y políticas
colombianas para hacer frente a la violencia partidista que se afianzó con el
asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán (1948), y que fue el telón de
fondo sobre el cual emergieron dos experiencias de resistencia armada con
raíces históricas diferentes: por un lado, las guerrillas de filiación liberal
que conservaban los efluvios románticos de las guerras civiles libradas por el
partido en el siglo XIX; y por otro, las guerrillas comunistas las cuales
continuaban una larga tradición organizativa que desde los años treinta habían
recurrido a la autodefensa armada para hacer frente al ataque de los
latifundistas y de fuerza pública.
Con el apoyo de los directorios políticos tradicionales
(salvo la fracción laureanista que había sido desplazada del poder), pregonando
una política de “paz, concordia y convivencia nacional” y combinando persuasión
con coacción y engaño, el general Rojas Pinilla logró la desmovilización de las
guerrillas orientadas por el partido liberal, las cuales tenían en los Llanos
Orientales uno de sus mayores bastiones. Así, en el transcurso de pocos meses
centenares de combatientes liberales hacen entrega de sus armas, mientras las
guerrillas comunistas –asentadas principalmente en Cundinamarca y el sur del
Tolima- optan por desmovilizarse conservando sus armas. Durante el primer año
de gobierno, la violencia redujo notablemente sus índices, lo que tranquilizó a
las élites bipartidistas que anhelaban una “vuelta a la normalidad” para el
desarrollo de su actividad política y económica.
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