En febrero del 2011, un artículo en el diario Canadiense
Business Financial Post declaró: “Colombia, cuyas reservas de oro fueran fuente
de poder para el Imperio Español, está nuevamente de moda… Casi de la noche a
la mañana, su adormecida industria minera de oro ha despertado con furor, y el
país es ahora una meca para las compañías mineras junior buscando la nueva gran
reserva para explotar.”
Hoy, aproximadamente el 90% del territorio del departamento de Antioquia ha
sido cedido a licencias mineras, principalmente para exploración de algún metal
precioso. A pesar del vigente proceso de paz que busca concluir la brutal
guerra interna que ha azotado al país por más de 50 años, la nueva fiebre de
oro simultáneamente fractura peligrosas divisiones sociales en un entorno
frágil.
Las municipalidades en el suroeste de Antioquia se han
sustentado por generaciones principalmente gracias a la producción de café y la
ganadería.
En el poblado de Jericó, declarado un Pueblo Patrimonio de
Colombia en julio del 2013, la división social es obvia: un sinfín de casas y
negocios exponen orgullosamente banderolas blancas que leen: “No a la Minería”.
Gran parte de la población activamente rechaza la licencia de exploración
minera otorgada a la Minera Quebradonda, subsidiaria local de la compañía
sudafricana AngloGold Ashanti, que cubre alrededor de 50,000 hectáreas de
Jericó y municipalidades vecinas.
Nirvana Valencia, dueña de un restaurante en Jericó,
declara: “¡Mas que nada nos sentimos atacados porque nadie nos preguntó si
queríamos o no la minería!” Mónica Marín, 32, peluquera, comenta: “Muchos de
mis clientes son trabajadores de la mina. Claro, ahora me beneficia. A ellos
que tienen un trabajo actual en la mina también. Pero, ¿y el medio ambiente?
¿Cómo vamos a quedar el día de mañana? ¿Romper todo para qué? La situación está
muy tensa ya que mucha gente se está pasando al ‘no’. Pero los que están a
favor de la mina son muy cerrados.”
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