Desde la asunción del gobierno Lugo, en agosto 2008 ese
proceso de cambio se ha traducido, entre otras cosas, en una calma en la
conflictividad social, disminución de las movilizaciones sociales, aumento de
las ganancias de los especuladores financieros e inmobiliarios y de las
multinacionales de los agronegocios, y en una sostenida política de
criminalización de los movimientos sociales en lucha, llegando al extremo de
militarizar algunas zonas geográficas del país, con la excusa del surgimiento
de una “guerrilla” que secuestró a un empresario ganadero.
Con todo, el gobierno de Lugo implicó un cambio en la
dinámica política del país, y por vía del ejecutivo vino a fortalecer a un
nuevo jugador en la escena política: el progresismo de izquierda. Este progresismo
de izquierda logró incrementar sus vínculos con los sectores populares a través
de la gestión de programas y proyectos sociales y culturales, lo que le dio una
visibilidad preocupante para los dos partidos tradicionales (ambos de derecha:
el liberal y el colorado), de cara a las próximas elecciones (2013).
Preocupante sobre todo para el partido liberal en tanto una parte interesante
de su dirigencia de base y media, establecía una alianza con la izquierda
progresista.
La amenaza del uso del juicio político como instrumento para
sacar a Lugo del ejercicio del poder ejecutivo se hizo una constante desde los
primeros días de la presidencia Lugo, al mismo tiempo que el gobierno, para
combatir esa amenaza intentó, en general, dos caminos: controlar la conflictividad
social y expandir la alianza gobernante hacia la derecha, incorporando a
sectores del partido colorado al gobierno, El control social se hizo a través
de los mecanismos clásicos de uso por gobiernos progresistas: combinación de
negociación y cooptación con represión intensiva. La presencia en cargos de
gestión y decisión en el ejecutivo de militantes y dirigentes de izquierda, así
como de dirigentes de ongs, permitió sostener al gobierno un intercambio fluido
de opiniones con los movimientos y organizaciones sociales, hacerlas parte de
la gestión de proyectos y dotarles de recursos para llevar a cabo iniciativas y
propuestas en el ámbito social, al mismo tiempo que en ámbitos de salud y otras
áreas sociales, se incorporó masivamente a dirigentes o agentes sociales,
estrechando el vínculo con las organizaciones sociales de base. La represión
asumió dos vías principales: una, indirecta, fue a través de los partidos
políticos de izquierda o progresistas que llamaron sistemáticamente a sus bases
y entorno a no criticar y no entorpecer con movilizaciones “el proceso” y la
segunda vía, directa, fue criminalizar a los movimientos sociales que
aparecieran más “radicales”, vinculándolos con el supuesto “terrorismo” que
lleva el nombre de EPP, una suerte de guerrilla surgida en el norte del país,
con orígenes y desarrollo no muy claros, pero muy bien usado para justificar
una dura represión a los movimientos campesinos de la zona.
La combinación de ambos factores provocó un inmovilismo de
los movimientos sociales que duró toda la era Lugo.
Por otra parte, la cultura prebendaria colorada como forma
de hacer política no fue combatida con éxito por parte de la izquierda y el
progresismo en el poder. Salvo excepciones, las prácticas prebendarias y
corruptas del coloradismo, sobre las cuales se asentaban sus relaciones
electorales, fueron reproducidas por la izquierda en el poder, siendo alguna de
estas prácticas filtradas a la prensa de derecha quienes la usaron para tildar
a la izquierda de corrupta, en el afán de lavar la cara a la derecha, hasta el
momento la representante por antonomasia de la corrupción. Tal es así, que
incluso la práctica del arreo (llevar masas de gente a manifestaciones y
movilizaciones a cambio de algunas compensaciones monetarias o alimenticias)
también fueron usadas por la izquierda.
Es en este escenario, que se da la matanza de Curuguaty
(viernes 15 de junio 2012) en la cual 11 campesinos y 6 policías fueron muertos
en una balacera iniciada por la policía. Las muertes policiales, de acuerdo a
declaraciones de testigos campesinos, se debieron a “fuego amigo”, todas menos
una. La matanza fue aprovechada por la prensa derechista (casi la única
existente en el país) para culpar a los campesinos, calificándolos de asesinos,
delincuentes y terroristas, esto sin haber llevado a cabo ninguna
investigación, medianamente seria sobre los hechos.
La izquierda se sumió en el estupor, el gobierno sólo aceptó
la versión policial (funcional a la estrategia mediática de la derecha de
criminalizar a los campesinos en lucha por la tierra) y los movimientos
campesinos tomaron la iniciativa para solidarizar y actuar en terreno para
ayudar a los campesinos y campesinas sin tierra que estaban siendo perseguidos,
reprimidos y encarcelados en la zona.
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