Con el interés de adentrarse en la discusión de la
construcción del nuevo Plan de Desarrollo de Medellín que guiará el
destino para el próximo cuatrienio 2016-2019, el Instituto Popular de
Capacitación (IPC) presenta este documento con una serie de planteamientos que
van desde la crítica hasta la invitación, partiendo de re-conocer inicialmente
la organización del Plan en sus siete dimensiones estratégicas y los retos,
programas y proyectos que componen cada una de ellas.
En el presente análisis, el Observatorio de Derechos Humanos
y Paz del IPC, apoyado por Misereor, profundiza en el apartado de Seguridad,
Derechos Humanos y Paz, que hace parte de la Dimensión 2 del anteproyecto del
Plan de desarrollo, denominada: “Entre todos recuperamos la seguridad y la
convivencia ciudadana”.
En su ejercicio de reflexión y aportes desde la crítica, el
Observatorio concluye que el apartado de Seguridad, Derechos Humanos y Paz, parte
de un exiguo y descontextualizado diagnóstico que resulta limitado e
insuficiente, lo cual conduce a la formulación de unos programas, proyectos, y
retos inadecuados e impertinentes para resolver las graves problemáticas de la
ciudad.
Un grave vacío en el diagnóstico, consistente en la falta de
claridad sobre el tipo de organizaciones criminales y armadas que tienen
presencia en el territorio, las formas como operan, los territorios en los que
actúan y el tipo de intereses y lógicas que motivan su radicación en la ciudad
de Medellín y en el Valle de Aburrá.
En su análisis, el Observatorio identifica temas tan
graves como complejos, tan históricos como estructurantes, que pasan de agache
en el paisaje del nuevo plan de desarrollo en general y en el planteamiento de
una nueva política para la seguridad en Medellín.
Algunos de esos temas son: el lavado de activos, la
delincuencia organizada y sus negocios transnacionales, los casos de grandes
delincuentes que pagaron condenas en EU y han salido en libertad sin tener
procesos pendientes en Colombia, la insistencia en cámaras de seguridad que no
resuelven el crimen organizado, las intervenciones populistas en determinados
territorios como el centro, y la corrupción en la fuerza pública.
De otro lado, se cuestiona el enfoque de seguridad que se
promueve en la propuesta de Plan, dado que éste da continuidad a los postulados securitarios de
las denominadas políticas de seguridad democrática, arraigadas desde
el año 2002. A lo cual se suma que la lógica de actuación dentro del Plan
es contradictoria en términos del enfoque de Derechos Humanos.
Un aspecto sobre el cual llama la atención el documento, es
el proyecto de “Incentivos para los organismos de seguridad y justicia” (2.1.3.4.),
no solo por el antecedente inmediato de las ejecuciones extrajudiciales, mal
llamadas “falsos positivos”, suscitadas en gran medida por la
existencia de alicientes y presiones para incrementar los resultados en materia
de seguridad, sino porque los mismos se extienden a los organismos de justicia,
máximos responsables de salvaguardar los derechos y garantías de las personas
en eventuales procesos judiciales.
Así mismo, se ponen en cuestión asuntos problemáticos, que
entran en contradicciones, tales como: el papel de la fuerza pública, la
institucionalidad, su función y acción en los diversos niveles y roles, y el
marco relacional con las organizaciones de la sociedad civil.
Observatorio de Derechos Humanos y Paz
Instituto Popular de Capacitación.
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