El próximo 30 de mayo será la hora cero para el Paro
Nacional Minga Agraria, Étnica y Popular, con la finalidad de exigirle al
gobierno del presidente Santos el cumplimiento de los acuerdos pactados en
negociaciones anteriores y acciones inmediatas frente a las políticas
económicas que afectan a las comunidades y territorios.
Este Paro surge como respuesta a los diferentes
incumplimientos por parte de Santos a los pliegos de exigencias pactados
anteriormente con el movimiento social y a la profundización de las políticas
económicas en los diferentes territorios del país y se ha construido a partir
del diálogo entre las comunidades y organizaciones que hacen parte de la Cumbre
Agraria Étnica y Popular.
Estos son los 8 puntos que el gobierno Nacional ha
incumplido:
Tierras, territorios y ordenamiento territorial: En
este punto las comunidades le han exigido al gobierno que sean ellas las que
redefinan como se organiza el territorio, que se reconozca al campesinado como
sujeto de derechos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los
territorios indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias, los
territorios afrocolombianos. Territorios que se ha visto afectados por la
nplementación de un modelo agroindustrial y mineroenergético que esta genenrando
despojo en los territorios.
La economía propia contra el despojo: Las diferentes
organizaciones y comunidades exigen al gobierno que se derogue la ley ZIDRES
que ha promovido inversión por parte multinacionales y agroindustriales,
afectando a los pequeños productores campesinos, las comunidades rurales y sus
prácticas culturales. A su vez plantean la defensa de la soberanía y seguridad
alimentaria a través de proyectos institucionales que estén hechos a partir de
la realidad de las comunidades. De otro lado expresan que las comunidades
también deben participar de la construcción de lo que sería una Reforma
Tributaría que incluya las problemáticas de los sectores populares.
Minería, Energía y Ruralidad: Las últimas licencias
otorgadas en diferentes partes del país a multinacionales para la explotación
del subsuelo ha incumplido con los acuerdos sobre la moratoria minera, la
obligación de las sentencias de consulta previa a las comunidades para los
proyectos de extracción y explotación del subsuelo, y el replanteamiento de una
política minero energética más amigable con la tierra.
Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia: Las
comunidades y organizaciones exigen al gobierno la derogación de la ley de
Seguridad Ciudadana, garantías y respeto a los derechos humanos para las
comunidades, debido a las situaciones de hostigamientos que se han presentado
en diferentes territorios , a su vez exigen que se establezca una política real
que confronte al paramilitarismo que se encuentra activo y amenaza a las
comunidades diariamente.
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