Las ciudades colombianas viven una crisis tan extendida en
todos sus ámbitos que al investigar la movilización social y ciudadana en los
centros urbanos, nos damos cuenta que los reclamos abarcan temas tan variados
como la infraestructura vial, la seguridad, la garantía de derechos sociales,
el cuidado del ambiente, entre otros.
Esta realidad de problemáticas y conflictos esparcidos por
todas las localidades y comunas de las ciudades colombianas, se enmarca en un
contexto más amplio de crisis generalizada de las ciudades en Colombia. Sin
hablar de la crisis de los campesinos, y de las comunidades indígenas y
afrodescendientes.
No es si no mirar las cifras para darse cuenta que las
ciudades colombianas, no son lugares que garanticen condiciones de vida digna:
un déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo que alcanza el 40% de los
hogares, es decir que de cada 10 familias 4 vive con malas condiciones de
vivienda; las altas tasas de cobro de los servicios públicos, que ahora son
operados por empresas privadas, argumentando falsamente más eficiencia (qué
dicen las comunidades de la costa que lleva años peleando con el pésimo
servicio de Electricaribe); tasas de informalidad laboral que superan el 60% de
la población trabajadora; desalojos permanentes; personas muriendo esperando el
servicio de salud, comunidades afectadas por las incursiones mineras en suelo
urbano, la especulación inmobiliaria y un largo sin fin de problemáticas que
vulneran de manera particular a las comunidades marginadas habitantes de los
barrios populares en las laderas y orillas de los ríos.
De esta manera surge la pregunta de cómo solucionar la
crisis de las ciudades, de cómo hacer de los centros urbanos (hogar de más del
70% de la población colombiana) hogares dignos para las generaciones que
nacemos en las urbes, o para las que nos desplazamos desde el campo, por la
violencia, o por la pobreza.
La proyección del Gobierno
El gobierno nacional en el último Plan Nacional de
Desarrollo presentó un sistema de ciudades como un mecanismo de coordinación de
la aplicación de políticas públicas en las urbes. Su enfoque se perfila en un
documento consultivo del año 2013 en el que plantea que su objetivo es: “tratar
de entender las ciudades como si operaran en un red, en donde se pudieran
evidenciar las ventajas de pertenecer al algún subsistema, fundamentadas
particularmente en la generación de economías de aglomeración (tanto en
la esfera productiva como administrativa) y economías de escala en la
prestación de servicios y la producción de bienes”.
Como siempre, los planes, programas y proyectos adelantados
por el gobierno nacional, para incidir en el territorio y las comunidades está
orientado por el criterio económico y mercantil; y ni siquiera en una
perspectiva de garantizar las necesidades de la población que habita el
territorio, sino de insertar a las ciudades en los circuitos y redes globales,
que benefician a los grandes inversores.
El país necesita con urgencia y apremio avanzar en
discusiones democráticas sobre las soluciones a los problemas de las ciudades y
la proyección del futuro de éstas. Aunque nos resistimos como pueblo a la
desaparición del campesinado como sujeto político y reafirmamos su centralidad,
no podemos desconocer la realidad de unas urbes en expansión, y creciente
complejidad.
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