Represión contra el movimiento popular,
neoliberalización de la economía y resistencias sistémicas
Hace mas de tres años el gobierno colombiano y las Farc-Ep
vienen negociando el fin al conflicto armado, que ha silenciado la voz de miles
de oprimidos y ha convertido las tierras del país en una fosa común al servicio
de las clases dominantes y los intereses de las multinacionales extranjeras. No
obstante, esas negociaciones no han sido más que retorica barata para ocultar
la verdadera dimensión de un conflicto social y político que todavía sigue
destruyendo los sueños de cientos de jóvenes rebeldes y perpetuando un sistema
económico injusto, desigual y criminal, que beneficia la billetera de unos
pocas familias mientras la mayoría empobrecida se ve en la triste necesidad de
auto-explotarse, entregarle la vida a un trabajo indigno y quedarse callada
frente a los atropellos cometidos por los cuerpos represivos del Estado y la
herramienta para-militar.
Fiel reflejo de lo dicho previamente ha sido la represión
contra el movimiento social, el advenimiento del plan nacional de desarrollo
que entrega el territorio colombiano a la locomotora minero-energética y las
reformas paupérrimas impulsadas por el gobierno a la salud, la educación y el
código de policía que demuestran, una vez más, esa cruel alianza que existe
entre el capitalismo neoliberal y la militarización de la sociedad.
En ese orden de ideas, hemos visto como se criminaliza la
protesta popular al tiempo que se privatizan nuestros bienes comunes; el
desarrollo y la legislación burguesa, lastimosamente, van acompañadas de
muerte, dolor y sangre. No hay que olvidar el asesinato de luchadoras
sociales, como el compañero Carlos Alberto Pedraza, por parte de bandas
criminales o la fuerte represión contra las movilizaciones por la liberación de
la madre tierra en el Cauca por parte del escuadrón de la muerte, Esmad. Estos
sucesos acontecidos en la primera parte del año, se enmarcan en un contexto
perverso de persecución hacia el pensamiento crítico, disidente y rebelde que
se opone al modelo neoliberal que pretende mercantilizar todos los aspectos de
la vida sin importar los daños al medio ambiente y el exterminio de comunidades
indígenas y campesinas.
Sin embargo, el uso de las armas no es el único medio que ha
utilizado las manos oscuras del Estado para detener el avance del movimiento
social. Ejemplo de ello son los falsos positivos judiciales cometidos contra
estudiantes, feministas y líderes populares de Congreso de los Pueblos y Marcha
Patriótica, donde se evidencia el accionar criminal de la justicia burguesa
colombiana que, con mentiras y calumnias, pretenden encarcelar a jóvenes
rebeldes que tuvieron la alegre pero desafortunada osadía de atreverse a pensar
y luchar en un país donde reina el silencio, la amnesia histórica y la
impunidad.
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