El primero de marzo de 2013 luego del allanamiento de sus
viviendas fueron privados de la libertad Andrés Tavera Franco y Henry de Jesús
Viloria Giraldo, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de
Antioquia y de Historia de la Universidad Nacional, respectivamente, bajo la
imputación del delito de terrorismo.
En el trascurso de estos seis meses de privación de la
libertad, se ha evidenciado en el proceso judicial las arbitrariedades
cometidas por el Fiscal Veinte Especializado de Medellín, quien ha pretendido
probar la autoría de este delito a través de unas grabaciones que demuestran el
daño en un vehículo automotor, y con testimonios de miembros de la seguridad
privada de ATEMPI, que prestan sus servicios en la Universidad de Antioquia,
quienes además de contradecirse entre sí, pareciera que se encuentran relatando
un libreto que no han sido capaces de sostener en el juicio, como el caso de
María Leonor Herrera quien el día de los hechos llamó a la policía a través del
123, porque supuestamente se encontraba encerrada y amenazada por varios
estudiantes entre los que se encontraban los detenidos y tan solo un par de
minutos después estaba presentando la denuncia personalmente ante la Fiscalía
por el terror que supuestamente padeció.
Por su parte la Administración de la Universidad de
Antioquia, a través de la abogada Aracelly Tamayo Restrepo, se constituyó como
víctima dentro del proceso judicial por el delito de terrorismo, apoyando la
actividad arbitraria de la Fiscalía, con el único propósito de que los
detenidos sean condenados a una pena de prisión mínima de 13 años, sin derecho
a rebajas de pena ni prisión domiciliaria.
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