domingo, 9 de septiembre de 2012

Marcha por los derechos de los presos en Medellín.


"Ocultar un prisionero es como ocultar una chispa, lo que se le arroje para esconderla, con el tiempo, que todo lo seca, solo servirá de combustible".
Biófilo Panclasta.


Solidaridad activa con los presos y las presas de las cárceles. 

Marcha por los derechos de los presos en Medellín.

24 de septiembre, Medellín.
Del Teatro Pablo Tobón Uribe hasta la Plaza de las Luces.



CON TEMOR REGRESAN A ITUANGO LOS 23 CAMPESINOS DEJADOS EN LIBERTAD

Al cabo de diez días de estar privados de la libertad por pertenecer presuntamente a la red de apoyo del Frente 18 de las FARC, el Juez 41 Penal Municipal con funciones de control de Garantías, ordenó la liberación de 23 habitantes de la cabecera municipal de Ituango y algunas de sus veredas, capturados en la mañana del domingo 26 de agosto.

Apoyados en informes de inteligencia y declaraciones de supuestos desmovilizados de la guerrilla que los señalaban como responsables de diferentes tipos de delitos, las casas de los 23 campesinos fueron allanadas y ellos capturados por los delitos de concierto para delinquir, rebelión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Pese a que ya se encuentran en libertad porque el juez no encontró mérito para mantenerlos privados de la libertad mientras son investigados, los campesinos, comerciantes, transportadores, albañiles, mecánicos, electricistas y hasta un ama de casa dedicada a la modistería, quienes conforman el desafortunado grupo de capturados en esta ocasión, temen que al regresar al pueblo la estigmatización y la persecución por parte de la Fuerza Pública continúe, y vuelvan a ser capturados.

Sus temores no son para menos, esta es la quinta captura masiva que se presenta entre 2002 y 2012 en el municipio de Ituango. Además, en un proceso anterior sucedió que el juez ordenó la detención domiciliaria para algunos de los capturados, pero el fiscal adelantó procedimientos para que dos de ellas volvieran a ser llevadas a la cárcel.

Los niveles de estigmatización contra los campesinos se agravan ante la actuación de la Fiscalía 29 Especializada cuya premisa es que ellos nutren, voluntaria e involuntariamente, a la guerrilla y al realizar capturas masivas la comunidad recibe un mensaje claro y categórico para que deje de proveer a la guerrilla. Con este tipo de procedimientos el proceso penal termina convertido en una estrategia más en la lucha contra la insurgencia, una tarea que le corresponde exclusivamente a la fuerza pública.

El proceso ha estado tan instrumentalizado que toda la labor de inteligencia fue realizada por las Fuerzas militares y las declaraciones de los supuestos desmovilizados –que nunca presentaron los documentos que los certificaran como tal– fueron tomadas en las bases militares. “Es muy palpable que el Ejército está haciendo el operativo y que el fiscal simplemente legaliza las acciones que ejecuta en la zona”, afirma el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Bayron Góngora.

Aunado a ello, durante el desarrollo de las audiencias, hubo una presencia permanente de miembros de las Fuerzas Militares, e incluso personal de inteligencia estuvo preguntando por quiénes eran los abogados.

Finalmente, ante la falta de elementos de la fiscalía para establecer la posible responsabilidad de los 23 campesinos ante los delitos que se les imputaban, fueron dejados en libertad y, ante la falta de posibilidades para cambiar su residencia, regresaron a Ituango para intentar continuar con sus vidas en medio de los señalamientos.

Tomado de:

jueves, 6 de septiembre de 2012

200 PRESOS CONTINÚAN EN HUELGA DE HAMBRE - cárcel Puerto triunfo


Unos 200 presos, de los 1130 recluidos en la cárcel de Puerto Triunfo Antioquia, o el pesebre como también se le conoce a esta cárcel, iniciaron huelga de hambre indefinida el 27 de agosto/2012 como mecanismo de exigibilidad de derechos y denuncia de la situación degradante a la que están sometidos por el Estado de Colombia. Algunos internos se han cocido la boca.
una de estas personas es el señor Juan Onofre Arboleda Roldán, preso en el patio 7 de la cárcel “el pesebre” y quien en reiteradas oportunidades había solicitado al INPEC atención médica especializada, asumió la huelga de hambre para exigir una atención médica adecuada y necesaria para su problema de diabetes e hipertensión. El 31 de agosto su estado de salud empeoró provocándole convulsiones. Sólo bajo esas circunstancias el INPEC efectuó la remisión del preso a un Centro de Sanidad.
Éste establecimiento de reclusión no garantiza los derechos a la vida y dignidad de las personas ahí privadas de libertad. Esta afirmación se sustenta en varias condiciones tales como la infraestructura que no garantiza un adecuado suministro de agua potable, una ventilación óptima, espacios inadecuados para que los presos reciban sus visitas familiares y conyugales, y la ausencia de escenarios deportivos. Tratos crueles, degradantes y torturadores contra presos y visitantes; Fallas en el suministro de alimentación, incumplimientos en la prestación del servicio de salud, y comunicaciones, pocos espacios para estudio y trabajo, falta de garantías para que los presos accedan a beneficios administrativos.
Por esta situación, la Defensoría del Pueblo –Regional Magdalena Medio–, interpuso Acción de Tutela buscando protección a los derechos de los presos. Producto de ello el Tribunal Superior de Antioquia en junio de 2011 ordenó proteger la vida, la dignidad humana, la igualdad, la salud y el debido proceso de las personas de esta cárcel. Así mismo, mediante Sentencia de julio 28/2011, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia, salvo en“el amparo respecto de los temas relacionados con las visitas conyugales y la optimización del funcionamiento de la Oficia Jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Puerto Triunfo.
Sin embargo la violación a estos derechos continua por parte del INPEC. Muestra de esto es que entre octubre de 2011 y abril del 2012, los presos de esta cárcel no contaron con servicio médico. Producto de esto, según denunciaron presos en su momento, en enero de 2012 murió de un paro cardiaco, por posible meningitis, el joven Jhonatan Smith Arias Úsuga recluido en el patio 4 del “Pesebre”.

Noticia desde la prensa burguesa: 

El falso positivo al papá de ex-soldado

Las indagaciones por el asesinato de Aicardo Ortiz Tobón continúan. Un hombre de avanzada edad que arañaba la tierra como podía para mantener a su familia, líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Premio Nacional de Paz 2011)



John Fredy Ortiz Jiménez prestó servicio militar entre 2004 y 2006, en el batallón Calibío (en Puerto Berrío, Antioquia), una unidad militar que desde hace tiempo está en el radar de la justicia por cuenta de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Durante esos 24 meses conoció aberrantes historias de falsos positivos y salió de allí convencido de que no había mejor remedio para espantar sus fantasmas que pasar la página. El 8 de julio de 2008, sin embargo, supo por boca de su hermana que su padre había sido una víctima más de esa violencia infame.

La más cruel paradoja de la guerra le cayó encima. Su padre, Aicardo Ortiz Tobón, un hombre de avanzada edad que arañaba la tierra como podía para mantener a su familia, líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Premio Nacional de Paz 2011), fue identificado como Murciélago, un integrante de las Farc, por los mismos uniformados con los que su hijo había trabajado. Desde entonces, sorteando amenazas e intimidaciones, Ortiz Jiménez se ha dedicado a contarle a la justicia lo que sabe.

Su caso fue conocido además por Naciones Unidas. Ortiz explicó que cuando nació su hija lo retiraron del Programa de Protección de Testigos, pues la entidad se negó a proteger a su núcleo familiar. En marzo pasado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU le pidió a la Fiscalía que implementara medidas de seguridad para Ortiz, pero poco después recibió una respuesta negativa. Desde entonces capotea sus temores solo.

El Espectador presenta una adaptación del impactante testimonio que entregó hace unos meses en el juicio que se le sigue a uno de los posibles implicados en el crimen de su padre.

Ver articulo completo aquí:

Los presos exigen la Mesa Nacional de Concertación Carcelaria


Se cumple un mes de la Jornada de Protesta en las cárceles


EXIGIMOS LA MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CARCELARIA

Desde el 2 de agosto de 2012, en 21 cárceles y penitenciarias se desarrolla la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA CARCELARIA, debido a que la población reclusa en Colombia vive en condiciones violatorias a la dignidad humana y a los derechos humanos y el Estado no ha tomado medidas efectivas para resolver dicha situación.

Las y los reclusos padecen graves problemáticas que van desde la negligencia médica que en muchos casos ha ocasionado la muerte de los reclusos, como sucedió recientemente con WILSON LEMUS y MIGUEL ÁNGEL URIBE CAMPOS (Picota) y JENY ALEXANDRA CUERO (Jamundi), hasta el alejamiento familiar arbitrario bajo la figura de "traslado discrecional" ordenado por el director del INPEC, que en algunos casos ha generado el suicidio de los reclusos, como sucedió el 1 de septiembre de 2011 con JHON JAIRO GARRIDO BARRIOS en la Penitenciaría la Tramacúa en Valledupar. Son sometidos a la prolongación de la pena de prisión por no poseer dinero para el pago de multas y cauciones que superan los 50 smmlv, manteniendo así los altos índices de hacinamiento, así como al abuso del poder y extralimitación de la fuerza por parte del INPEC.

Ante la crisis carcelaria el gobierno colombiano se limita simplemente a reconocer el hacinamiento, proponiendo como solución la construcción de más centros de reclusión, en vez de tomar medidas frente a la erradicación del abuso de la medida de detención preventiva, otorgar subrogados penales y beneficios administrativos, construir una política criminal preventiva mas no represiva, derogando leyes que aumentan penas y crean nuevos delitos por situaciones sociales que deben resolverse sin el uso del control punitivo, y liberando los miles de prisioneros políticos en el país producto del conflicto social y armado.

Por ello, la población reclusa declarada en Jornada Nacional de Protesta Carcelaria exige la instalación de la MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN con representación de voceros de la población reclusa, que inicialmente resuelva los siguientes puntos:

1. Declarar la Emergencia Carcelaria en Colombia
2. Regionalización de los prisioneros y acercamiento familiar.
3. Rebaja del 20% de la pena, otorgamiento de subrogados penales y beneficios
administrativos.
4. Solución a los problemas de salud, salubridad y hacinamiento.
5. No a la extradición.

RECHAZAMOS el silencio prolongado por parte del Estado ante las constantes y legitimas protestas de la población reclusa en Colombia, RESPALDAMOS sus justas peticiones y exigimos la instalación de la MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN YA!

COALICIÓN LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS

Bogotá, 3 de septiembre del 2012

Tomado de:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155511&titular=los-presos-exigen-la-mesa-nacional-de-concertaci%F3n-carcelaria-

martes, 4 de septiembre de 2012

Documental. "La sanidad en crisis. El ejemplo del Kilkis"


Documental sobre la lucha de los trabajadores del Hospital General de Kilkis (Grecia) por una sanidad pública, gratuita y de calidad, que culminó con la ocupación del hospital en febrero de 2012.
El documental es muy revelador de los desastrosos efectos que está teniendo la reducción de los presupuestos de inversión pública en el sector de la sanidad griega a raíz de la intervención del país por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.


Elaborado por el colectivo de trabajadores del espectáculo Diakoptes en abril de 2012: http://diakoptes.blogspot.com/

En Ituango, Caloto, en todas partes...que cese la represión contra el pueblo organizado


Ha sido una constante histórica en Colombia que los momentos de negociaciones de paz y diálogos coinciden con el recrudecimiento de la guerra sucia. En los ‘80 se asistió al genocidio de la Unión Patriótica, así como de otras experiencias como A Luchar o el Frente Popular. A finales de los ‘90, los diálogos del Caguán coincidieron con la unificación de los ejércitos privados de los narcotraficantes y terratenientes de toda Colombia en la peor maquinaria de muerte que ha existido en este país: las AUC. La oligarquía extiende con una mano la rama de oliva, y con la otra, afila el machete. Mientras de día se habla de paz y de acallar los fusiles, en medio de la Noche y Niebla, se desaparece, tortura y asesina a las organizaciones populares que encarnan la fuerza social que se moviliza por el cambio social en Colombia.

Sabemos que la naturaleza del Estado colombiano y de la clase dominante que representa, no cambia con el anuncio de los próximos diálogos. Antes bien, desde su lógica, profundizar la violencia contra los movimientos populares en Colombia es una manera de limitar el impacto de éstos en las negociaciones, de amedrentar al pueblo para que no se tome la palabras, y así fortalecer las cartas de la oligarquía en la mesa. Que el gobierno de Santos tiene intenciones de profundizar la guerra sucia queda claro cuando hace apenas un par de días, el Ministro de Defensa Pinzón afirmaba que se intensificaría la militarización y la impunidad a las fuerzas represivas del Estado, dejando en claro la ausencia de “buena fe” por su parte en las negociaciones[1]. Por ello es preocupante que, en un contexto en que nuevamente las negociaciones de paz están en la agenda, el garrote de la represión oficial y paramilitar, comience a machacar las cabezas del pueblo organizado.