Al cabo de diez días de estar privados de la libertad por pertenecer presuntamente a la red de apoyo del Frente 18 de las FARC, el Juez 41 Penal Municipal con funciones de control de Garantías, ordenó la liberación de 23 habitantes de la cabecera municipal de Ituango y algunas de sus veredas, capturados en la mañana del domingo 26 de agosto.
Apoyados en informes de inteligencia y declaraciones de supuestos desmovilizados de la guerrilla que los señalaban como responsables de diferentes tipos de delitos, las casas de los 23 campesinos fueron allanadas y ellos capturados por los delitos de concierto para delinquir, rebelión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Pese a que ya se encuentran en libertad porque el juez no encontró mérito para mantenerlos privados de la libertad mientras son investigados, los campesinos, comerciantes, transportadores, albañiles, mecánicos, electricistas y hasta un ama de casa dedicada a la modistería, quienes conforman el desafortunado grupo de capturados en esta ocasión, temen que al regresar al pueblo la estigmatización y la persecución por parte de la Fuerza Pública continúe, y vuelvan a ser capturados.
Sus temores no son para menos, esta es la quinta captura masiva que se presenta entre 2002 y 2012 en el municipio de Ituango. Además, en un proceso anterior sucedió que el juez ordenó la detención domiciliaria para algunos de los capturados, pero el fiscal adelantó procedimientos para que dos de ellas volvieran a ser llevadas a la cárcel.
Los niveles de estigmatización contra los campesinos se agravan ante la actuación de la Fiscalía 29 Especializada cuya premisa es que ellos nutren, voluntaria e involuntariamente, a la guerrilla y al realizar capturas masivas la comunidad recibe un mensaje claro y categórico para que deje de proveer a la guerrilla. Con este tipo de procedimientos el proceso penal termina convertido en una estrategia más en la lucha contra la insurgencia, una tarea que le corresponde exclusivamente a la fuerza pública.
El proceso ha estado tan instrumentalizado que toda la labor de inteligencia fue realizada por las Fuerzas militares y las declaraciones de los supuestos desmovilizados –que nunca presentaron los documentos que los certificaran como tal– fueron tomadas en las bases militares. “Es muy palpable que el Ejército está haciendo el operativo y que el fiscal simplemente legaliza las acciones que ejecuta en la zona”, afirma el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Bayron Góngora.
Aunado a ello, durante el desarrollo de las audiencias, hubo una presencia permanente de miembros de las Fuerzas Militares, e incluso personal de inteligencia estuvo preguntando por quiénes eran los abogados.
Finalmente, ante la falta de elementos de la fiscalía para establecer la posible responsabilidad de los 23 campesinos ante los delitos que se les imputaban, fueron dejados en libertad y, ante la falta de posibilidades para cambiar su residencia, regresaron a Ituango para intentar continuar con sus vidas en medio de los señalamientos.
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