Hoy más que nunca es inminente la responsabilidad de
militares de alto rango en ejecuciones extrajudiciales. Así lo anunció la
organización Human Right Watch -HRW- la mañana de este miércoles en un informe
que sindica a 16 Generales como responsables por cerca de tres mil asesinatos
de civiles, presentados como bajas guerrilleras en combate. Juan Manuel Santos
salió en defensa de las Fuerzas Armadas mientras la Fiscalía anunció que se
desarrollan investigaciones judiciales al respecto. ¿Superará el país la impunidad
de las ejecuciones extrajudiciales?
La antesala del informe de HRW fueron las declaraciones
entregadas a los medios por el Fiscal General Eduardo Montealegre quien anunció
que el General Mario Montoya, ex comandante del Ejército, junto a otros tres
militares en retiro están siendo investigados por su participación en varios
falsos positivos.
El informe
El texto presentado por HRW señala a los actuales
comandantes de Ejército y Fuerzas Militares como responsables de numerosos
casos. Este documento se construyó con base en las declaraciones del Coronel
retirado Robinson González del Río, acusado de corrupción y falsos positivos.
De igual manera, la nota de prensa difundida por HRW asegura que la declaración
fue analizada y contrastada con expedientes penales, testimonios de testigos,
así como entrevistas con fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus
abogados, entre otras fuentes.
Este material se recolectó a pesar de que muchos casos de ejecuciones
extrajudiciales son llevados por la justicia penal militar, lo que anuncia un
importante grado de impunidad al respecto.
En el informe de HRW y la investigación de la Fiscalía
General de la Nación se menciona al General Mario Montoya. Se le atribuyen por
lo menos 44 ejecuciones cometidas por solados que se encontraban bajo su mando
en el momento en que comandó el Ejército Nacional, entre 2006 y 2008.
Montoya fue sindicado por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo
Bejarano alias 'Don Berna' de haber coordinado directamente el desarrollo de la
operación militar Orión ocurrida en 2003, cuando el militar comandaba la IV
Brigada del Ejército: “Las fuerzas de autodefensa del Bloque Cacique Nutibara
llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del
Ejército”, anunció el paramilitar en una de sus versiones libres de Justicia y
Paz.
La lista se hace cada vez más robusta. Al General Óscar González Peña,
comandante del Ejército de 2008 a 2010, se le señala de conocer que soldados
bajo su mando cometieron por lo menos 113 asesinatos de civiles que se presentaron
como guerrilleros muertos en combate.
De igual manera, en el informe se anuncia que las investigaciones involucran al
General Juan Pablo Rodríguez Barragán, líder de la IV Brigada que conoció las
acciones en las que 28 personas fueron ejecutadas. Hoy en día, Barragán es el
oficial de mayor jerarquía en Colombia: es el comandante de las Fuerzas
Militares.
Por último, en el informe se afirma que 48 ejecuciones extrajudiciales fueron
perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el
General Jaime Lasprilla Villamizar fue primer mando. Lasprilla Villamizar
comanda actualmente el Ejército Nacional.
Lejos de manifestar solidaridad con las víctimas de los tres
mil casos de asesinatos extrajudiciales o manifestar algo cercano o parecido a
la duda, por aquello de esperar los resultados de las investigaciones
judiciales, Santos dio un espaldarazo a las Fuerzas Armadas. En el acto de
posesión del nuevo ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el mandatario
afirmó que defenderá la legitimidad de las Fuerzas Militares “hasta la tumba”.
No está de más recordar que el periodo en el cual Santos ejerció el cargo de
ministro de Defensa del gobierno Uribe, se generó el primer escándalo de falsos
positivos con impacto en la opinión pública. Entonces, el hoy presidente
aseguró que se trataba de casos aislados, de “manzanas podridas” en las filas
del Ejército.
Lo que parece olvidar el mandatario es que fue justo en el periodo de gobierno
de Álvaro Uribe Vélez en el que se presentó el pico más alto de este crimen de
Estado. Según el abogado de la Corporación Jurídica Libertad Sergio Arboleda,
las ejecuciones no son casos aislados ni atienden a comportamientos anormales
de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, “toda vez que, según informe del
Cinep sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia,
se presentaron 5700 víctimas entre 2002 y 2014 siendo los años 2003 y 2004 los
que marcan los picos más altos. En el caso del Batallón Pedro Nel Ospina, que
presenta una cifra altísima de bajas a pesar de ser un cuerpo de ingenieros
dedicado a la infraestructura y no a aspectos de combate, se evidenció que hay
una empresa criminal en las Fuerzas Armadas. En el caso de ese Batallón, este
año se imputaron cargos a toda su plana mayor por su responsabilidad en
asesinatos extrajudiciales”.
Arboleda agregó que esta práctica sistemática tiene dos objetivos claros:
Presentar resultados para afirmar que se está ganando la guerra contra la insurgencia,
a costa del asesinato de civiles y ganar dádivas para los soldados.
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