Durante los días del 25 al 30 de mayo se conmemoró la Semana
Internacional del Detenido Desaparecido. En Colombia, el objetivo de esta
semana es el de luchar contra la impunidad y el ocultamiento de estos crímenes
así como exigir al Estado que asuma su responsabilidad y que responda por la
vida de las miles de personas desaparecidas que ya se suman en el país.
Un poco de historia
La semana del detenido desaparecido tiene lugar desde el año
1987 tras un encuentro de víctimas de desaparición forzada en Argentina.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que
se ha asociado históricamente con el continente latinoamericano, pues fue aquí
donde éste se tipificó tras identificar que durante las dictaduras del cono
sur, no sólo se asesinó a un sinnúmero de personas, sino que se hizo
sistemática la práctica de desaparecer y borrar por completo el rastro de
personas por parte del Estado.
Esto significaba borrar los registros de nacimiento,
cualquier forma de identificación, los registros que quedaran en cualquier
institución como hospitales, escuelas y universidades e incluso apoderarse y
eliminar también registros fotográficos y documentos privados de las familias
de las personas que eran desaparecidas.
Ya que el único aparato capaz de llevar a cabo la
desaparición a ese nivel es, sin duda alguna, el Estado, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) no sólo reconoció y definió la
desaparición forzada sino que la identificó como un crimen de Estado por
excelencia.
En Colombia, la desaparición forzada no ha tenido
exactamente las mismas características que las descritas para el caso de las
dictaduras de países como Chile y Argentina, pero sí se ha tratado de una
práctica que empezó a hacerse sistemática y que aumentó exacerbadamente en la
década del 70 cuando se declararon estados de sitio constantes y se le
asignó a los militares facultades para el juzgamiento de civiles.
Esto nos permite establecer una relación inmediata entre el
Estado y el fenómeno de la desaparición forzada, en tanto que, es precisamente
cuando el Estado asume más poderes sobre la sociedad civil que los abusos de
autoridad, los asesinatos y las desapariciones aumentan.
No es de extrañar entonces que durante el periodo de
gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las cifras de desapariciones ascendieran
a más de 18.000 (casi la mitad de la totalidad de víctimas que se cuentan hoy
en Colombia), y que la desaparición forzada de mujeres aumentara en un
500%.
En el año 2000 se expidió la ley 589 que tipificaba la
desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura, en donde -a
diferencia de del DIDH-, ya no es sólo el Estado sino entes particulares
quienes pueden considerarse responsables de la desaparición forzada. Ampliar
esa responsabilidad permitiría al mismo tiempo, (1) que los actores armados al
margen de la ley fueran responsabilizados por la desaparición forzada (2) despojar
parcialmente al Estado de su responsabilidad frente a este crimen, aunque no se
excluye que éste sigue siendo quien debe investigar y sancionar a los
responsables.
Y en la práctica ¿qué es lo que ha pasado en Colombia?
Que las víctimas de este crimen son ya más de 45.000, que
las amenazas, las persecuciones, los asesinatos son continuos y ocurren en un
contexto de plena impunidad.
¿Por qué se sigue tratando de leer la responsabilidad frente
a estos crímenes en términos de unas fuerzas malignas y aparentemente
desconocidas?
“Existe suficiente evidencia que da cuenta de que
históricamente el estado colombiano es el responsable de más del 80% de los
crímenes cometidos en medio de la violencia política y la confrontación armada,
por su accionar individual y conjunto con grupos paramilitares. Actos que
por su sistematicidad, intencionalidad y gravedad constituyen verdaderos
crímenes de lesa humanidad y se concretan en homicidios selectivos y
colectivos, torturas, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales,
detenciones ilegales y desapariciones forzadas, actos cometidos con el
propósito primordial de perseguir a los opositores políticos, los simples
resistentes y a las personas que desde diferentes organizaciones de la sociedad
civil se dedican a la defensa legal y constitucional de sus derechos”.
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