Bolivia. Conflictos y violencia en el modelo extractivista del capitalismo dependiente

La escalada de violencia en el conflicto del gobierno progresista con las cooperativas mineras es una lección dura; pero, en todo caso una lección[1]. La muerte de tres mineros cooperativistas y el asesinato del Viceministro de Gobierno, de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en el conflicto reanudado, después que el gobierno promulga la ley sobre la sindicalización en las cooperativas, son indicadores del desborde de la violencia, tanto del Estado como la de los bloqueadores. Ciertamente el asesinato del viceministro descalifica la demanda de los cooperativistas mineros; es más, convierte a la demanda en objetivo gremial, que se coloca por encima de la vida. El gobierno increpa a los cooperativistas mineros, los acusa de conspirar con la “derecha” contra la autoridad legítimamente constituida, incluso contra el Estado, al estar en connivencia con las empresas trasnacionales; además de tener contratos con las empresas privadas a quienes les entregan los minerales que extraen. Esto último, ¿acaso no lo sabían, cuando fueron los cooperativistas sus aliados, conformando un Pacto de Unidad chuto, sin las organizaciones indígenas, que fueron separadas, incluso destruidas? Por qué recién sacan a luz una evidencia sabida por muchos, por lo menos, por los que se hallan vinculados a la minería, de una u otra manera. 

Lo que ha cambiado es la coyuntura económica, por así decirlo, bajaron los precios de las materias primas; en el caso de la minería, de una manera estrepitosa, también de los hidrocarburos. En las condiciones de bonanza económica, solo teniendo en cuenta los altos precios de los minerales, en la coyuntura anterior, había holgura como para poder beneficiarse con los ingresos provenientes de la minería; tanto en la condición de asociados cooperativistas, como en la condición de Estado, debido a las regalías, considerando también a los gobiernos departamentales mineros. Aunque el porcentaje de las regalías es bajo, como en el periodo neoliberal, de todas maneras, los gobiernos departamentales y el gobierno central se sentían satisfechos. A pesar que la mayor parte de la torta se llevan las empresas extractivistas trasnacionales.

En la coyuntura de baja de los precios de la materias primas, coyuntura de crisis económica, la alianza entre gobierno populista y cooperativas mineras entró en conflicto; se fisuró, para llegar hasta quebrarse. Gobierno y cooperativistas mineros están enfrentados en una batalla por el control de los yacimientos minerales. De hecho los cooperativistas controlan el 27% de la explotación minera, en tanto que la empresa pública sólo controla el 3%; en cambio las empresas privadas, principalmente transnacionales, controlan el 27%. Los cooperativistas ganaron muchas concesiones de parte del gobierno, sobre todo, en espacios fiscales, que eran destinados a COMIBOL; además de excepciones en regalías, tributos e impuestos. Están exentos de muchos de ellos. Por otra parte, la Ley Minera, a pesar de lo que dicen los cooperativistas, que quieren más, abre la norma a mayores concesiones a las empresas privadas, a las que, efectivamente, en la práctica, pertenecen las denominadas cooperativas mineras. Hay más beneficios, tanto en lo que respecta a su efecto de irradiación respecto a los espacios aledaños a las concesiones, así también como el uso gratuito del agua. Se soslaya en dicha Ley que las llamadas “cooperativas mineras” no lo son, pues se trata de asociados “cooperativos”, que contratan como patrones trabajadores a destajo.

¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué dos aliados rompan, quiebren la alianza? ¿Qué la crisis económica de la baja de los precios los haya llevado a la pugna? ¿Crisis del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente? ¿El desborde de la violencia que ya ha llegado a la forma de asesinato? ¿El desprecio a la vida y poner encima de ella los intereses gremiales y también del Estado? Quizás el problema más preocupante, por no decir, angustiante o desmoralizante, sea que la sociedad no sea capaz de leer los signos de los eventos dramáticos; que se adhiera, por costumbre, a las sandeces que dicen los medios de comunicación, a las tristes y elementales argumentaciones de los políticos, sean oficialistas o de oposición. Que no sea auténtica, que no sea sociedad alterativa, que se encuentre atrapada en la camisa de fuerzas de la sociedad institucionalizada. Que no sea capaz de hacer uso crítico de la razón.

El asesinato del viceministro de gobierno y las tres muertes de los mineros cooperativistas, ocasionados por francotiradores de la policía, son síntomas del desborde de violencia a donde ya hemos llegado. Estas muertes, la forma de su acaecimiento, abren la etapa de lo que viene; lo que viene es el despliegue descarnada de violencias más crueles.

La responsabilidad en este asunto, en el desborde de la violencia, corresponde tanto al gobierno como a las cooperativas mineras. El Estado es violencia concentrada y violencia condensada, aunque la denominen, en la teoría crítica, monopolio de la violencia legítima, no dejan de ser eso, violencia. El tema es que esta violencia ya ha llegado al umbral y ha cruzado el límite, cuando ya se ingresa a otros agenciamientos. Les ocurre a las sociedades institucionalizadas cuando se dejan llevar por la “ideologías”, en su peor versión, por discursos elementales y miserables, sectoriales o estatales. Lo que pasa es eso, lo que se ha vuelto una constante en las historias políticas de la modernidad. El enemigo, aunque sea circunstancial, es demonizado, convertido en un monstruo, para justificar su asesinato. La política se vuelve una religión, el esquematismo político de amigo/enemigo se convierte en el esquematismo religioso de fiel/infiel.

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