Sin lugar a dudas uno de los sucesos que más ha dado de que
hablar en los últimos días es la destitución de Gustavo Petro como alcalde de
la ciudad de Bogotá y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15
años según un fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación. Según
este órgano de vigilancia estatal, la medida obedece a las presuntas
irregularidades presentadas en el cambio de esquema para la recolección de
basuras implementado mediante un decreto en Diciembre del año 2012. La decisión
fue dada a conocer a la opinión pública en boca del procurador Ordóñez a
comienzos de esta semana y desde ese momento las distintas reacciones no se han
hecho esperar.
En efecto, nos encontramos al día de hoy en medio de una
polarización política entre quienes arguyen la legitimidad de la medida al
encontrarse acorde al marco legal, y por otra parte diversos sectores que
rechazan el procedimiento sosteniendo que constituye un ataque frontal a la
democracia. En la primera postura encontramos principalmente los matices de la
derecha tradicional del país, por el contrario, el respaldo a Gustavo Petro es
mucho más heterogéneo convergiendo sectores de centro e izquierda moderada.
Ante este panorama, son tres elementos centrales a los cuales nos queremos
referir:
1. Queda una vez más demostrada la falacia de la
democracia representativa y la vía parlamentaria, al ser
instrumentos pensados y controlados por la hegemonía dominante. En este
caso, la figura de Ordóñez sólo es una expresión del modelo ultraconservador
presente en varias capas de la sociedad colombiana desde las altas esferas
políticas, pasando por el paramilitarismo terrateniente, entre otras.
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