Las décadas de abandono estatal y las difíciles condiciones
de vida que nos han sido impuestas a los miles de colombianos quienes
día a día enfrentamos el conflicto social y armado, nos llevaron a que de
manera unánime expresáramos nuestro inconformismo por las políticas públicas
que solo benefician al gran capital y van en contra de las mayorías oprimidas
del país. De esta manera, las reivindicaciones propias de cada lugar del país
fueron apareciendo y posicionaron el Paro Nacional Agrario y Popular de
tal manera que puso en la cuerda floja la “buena” imagen del gobierno de turno.
Desde el día 18 de agosto más de mil doscientas personas
entre mineros, campesinos e indígenas
del Nordeste Antioqueño iniciaron su
desplazamiento hacia el casco urbano del municipio de Segovia para hacernos
partícipes desde ese escenario de resistencia. En esta ocasión no se dieron a
esperar los hostigamientos y persecuciones tanto a líderes como a la comunidad
que se encontraba ubicada en el coliseo municipal, donde debido a las diversas
formas de amedrentar y hostigar a los manifestantes y sin contar con las
garantías necesarias para permanecer allí, nos vimos en la obligación de
declararnos en refugio humanitario y trasladarnos al municipio de
Barbosa, lugar que con el trascurrir de los días iba congregando a más
delegaciones de municipios como Anorí, Taraza, Valdivia, Ituango, Tierralta,
Bagre, Nechi y Guamocó, organizadas en la Coordinación Agrominera del
Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano, llegando a concentrar a más de
tres mil personas.
Durante la concertación entre los voceros de la Mesa
de Interlocución y Acuerdo (MIA) - Antioquia y el gobierno nacional, los
campesinos teníamos que afrontar las violentas arremetidas por parte
de agentes del Esmad que en compañía de hombres de civil atacaban el campamento
de refugio humanitario. Así mismo, se agudizaron los hostigamientos, los
reclutamientos forzados, las capturas ilegales, el abuso de autoridad y el uso
excesivo de la fuerza por parte de efectivos de la fuerza pública, vulnerando y
violando los Derechos Humanos e infringiendo el Derecho
Internacional Humanitario. Así como en Segovia, desde la llegada de las
comunidades al municipio de Barbosa, la presencia del Estado se reflejó con la
presencia de agentes de la Sijín"...
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