COLOMBIA SIGUE SIENDO EL PAIS MAS PELIGROSO DEL MUNDO PARA EJERCER EL SINDICALISMO

Reporte Mundial de Human Rights Watch sobre Colombia.
La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos y continúa desplazando a varias decenas de miles cada año. Es común que actores armados amenacen o ataquen a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, docentes, sindicalistas, líderes indígenas y afrocolombianos, líderes de personas desplazadas y víctimas de paramilitares que reclaman justicia o la restitución de tierras.
Durante su primer año de gobierno, la administración del Presidente Juan Manuel Santos mostró mayor preocupación sobre temas de derechos humanos respecto del gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe, que se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y abusos por parte del servicio de inteligencia nacional. En 2011, el Presidente Santos consiguió que se sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que procura restituir millones de acres de tierras a personas desplazadas e indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
No obstante, los grupos sucesores de los paramilitares continúan creciendo, mantienen extensos vínculos con miembros de la fuerza pública y funcionarios locales, y cometen atrocidades en forma generalizada. También han persistido los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas. Numerosos candidatos a las elecciones locales de octubre de 2011, que ocurrieron en todo el país, fueron asesinados, en un contexto en el cual trascendieron denuncias sobre presuntos vínculos entre candidatos y grupos armados. Según la ONG colombiana Misión de Observación Electoral, 40 candidatos fueron asesinados durante 2011, lo cual representa un incremento del 48 por ciento respecto de los homicidios de este tipo reportados durante las elecciones locales de 2007. Asimismo, los nuevos proyectos de reforma constitucional impulsados por el gobierno de Santos podrían favorecer la impunidad de violaciones de derechos humanos, al ampliar el alcance de la justicia penal militar en casos de abusos militares y al permitir que se otorguen amnistías en casos de violaciones graves cometidas por todos los actores.
ver informe completo en: http://prensarural.org/spip/spip.php?article7257