Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos
dijeron que ésta es una decisión unilateral de la alcaldía de Medellín y
afirmaron que se trata de un acto improvisado y arbitrario. Además anotaron que
la administración municipal no ha tenido en cuenta la opinión de las víctimas
en el proceso, ni ha construido un plan integral de búsqueda de desaparecidos.
De la empresa Falcon High Tech, encargada de la prueba, advirtieron que su
mayor experiencia es en actividades extractivas y no en la búsqueda de personas
desaparecidas en escenarios complejos. Por ello pidieron detener las acciones
de dicha compañía.
A continuación se publica el comunicado de rechazo frente a
esta nueva estrategia de la alcaldía de Medellín.
Comunicado a la opinión pública sobre los anuncios de la
alcaldía de Medellín de realizar pruebas con alta tecnología en La Escombrera,
comuna 13.
Las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos
humanos y de trabajo forense, abajo firmantes, que hacemos presencia en la
comuna 13, expresamos nuestro total rechazo e inconformidad ante el anuncio por
parte de la alcaldía de Medellín del inicio de lo que se ha denominado
“exploración con alta tecnología en el polígono dos de La Escombrera y el
Cementerio Universal”. Iniciaron
exploraciones para continuar búsqueda de desaparecidos en La Escombrera
El pasado 30 de noviembre en horas de la tarde, las
organizaciones de víctimas y derechos humanos fuimos convocadas por la alcaldía
de Medellín a una reunión en la cual se nos informó que, como parte del plan de
búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, se ha decidido que la empresa
española Falcon High Tech realice actividades de prospección utilizando alta
tecnología en dos puntos de la ciudad: el Cementerio Universal y el polígono
dos de La Escombrera. Específicamente dicha empresa acordó realizar el 1° de
diciembre una “prueba técnica metodológica La Escombrera y Jardín Cementerio
Universal” para la cual van a utilizar radares y perfilómetros con ondas de
diferentes frecuencias.
En la reunión, los empresarios explicaron que Falcon High
Tech es una “empresa internacional de geofísica especializada en la ejecución
de trabajos para grandes empresas y organismos oficiales en el campo de la
detección electrónica de alta tecnología”. Reconocen que nunca ha trabajado en
escenarios complejos como las escombreras, pero aseguran tener la tecnología
para ubicar exitosamente restos óseos.
Ante dicha información expresamos lo siguiente:
1. La decisión de convenir la realización de la prueba
técnica con la empresa Falcon High Tech en La Escombrera y el Cementerio
Universal fue tomada unilateralmente por la alcaldía de Medellín, sin contar
con la participación de las organizaciones de víctimas y derechos humanos que
hemos estado al frente del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas
forzadamente. En ningún caso fuimos consultadas y sólo se nos citó unas horas
antes para notificarnos una decisión ya tomada y concertada con la empresa en
cuestión. Esto no sólo desconoce los derechos de las víctimas y defensores de
derechos humanos, sino que evidencia la falta de una verdadera política pública
que tenga como centro el reconocimiento de sus derechos, en particular el
derecho a la consulta de las decisiones que les afectan.
2. De la presentación de la empresa Falcon High Tech se
evidencia que su trabajo gira alrededor de la industria extractiva y que por lo
tanto tienen limitada experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas,
sobre todo cuando ello implica acciones que no sólo requieren soluciones
tecnológicas sino aspectos investigativos judiciales y forenses, y
fundamentalmente un enfoque de derechos humanos. Para nosotros es claro que se
trata de una empresa dedicada a la venta de servicios tecnológicos cuya
intervención no asegura la articulación con un Plan de Búsqueda.
3. Lo más preocupante de esta situación es que la
alcaldía de Medellín pretenda contratar una intermediación privada para la
búsqueda de los desaparecidos, desconociendo que el proceso debe realizarse
mediante la formulación e implementación de un Plan Integral de Búsqueda, el
cual a la fecha no existe y ha sido imposible concretar a lo largo del año
2016, y que tiene que ser dirigido por la Fiscalía General de la Nación en
concertación con las organizaciones de víctimas, derechos humanos y trabajo
forense.
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