El pasado viernes en la madrugada, un escuadrón el Esmad arribó a una zona deprimida de Pereira en el casco urbano, por la avenida del río. En compañía de funcionarios de la Secretaría de Gobierno llegaron a agredir, a maltratar y a golpear mujeres y niños, ancianos.
Las viviendas donde ellos habitan no tienen escrituras, son invasiones de hace muchos años. Son casas de bahareque o construidas en esterilla de forma irregular en algunas de las áreas de la ciudad. La Policía y los funcionarios se aparecieron por sorpresa, atacaron sin mediar y sin buscar soluciones de fondo para el problema habitacional que existe.
De acuerdo con William Gaviria Ocampo, directivo e integrante del Centro de Investigaciones de Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos (Fenasibancol), esto se debe a una actitud apoyada por el gobierno nacional.
Resulta que a nivel nacional hay una política de ordenamiento territorial que les permite a las autoridades hacer gestiones para la liberación del espacio público. Esto lo utilizan como justificación para agredir en todo el país a los trabajadores informales, sobre todo, contra aquellos venden productos en los andenes en las diferentes ciudades del país.
Esa misma normativa les permite a los alcaldes y gobernadores emprender acciones para, supuestamente, recuperar el espacio público de zonas urbanizadas en forma irregular, como invasiones o predios ocupados.
“En la ciudad de Pereira, el Alcalde viene ejecutando acciones no sólo en contra de los vendedores ambulantes, sino el desalojo y la expropiación de las familias. Fenasibancol, la UNEB, los trabajadores y la ciudadanía en general tenemos que rechazar esta situación porque se están violentando derechos elementales. Los derechos humanos no son respetados para nada por parte del alcalde Enrique Vásquez, ni el personero, ni las autoridades”, precisó William Gaviria Ocampo.
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