El asunto de la tierra toca los finos hilos de la problemática del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. Emgesa no tuvo inconvenientes en adquirir el 90% de las más de 8000 hectáreas que serán inundadas pues sus propietarios son pocos y más que campesinos, son hombres de negocios. Pero los pequeños propietarios y las familias que realmente han venido trabajando de manera directa la tierra, no se han tenido en cuenta, siendo ellos los principales afectados por el ajeno proyecto. Ellos y los pescadores son la íntima fuerza que tiene la resistencia de la asociación de afectadas y afectados, Asoquimbo.
Emgesa generó la ilusión en muchos de estos habitantes cuando les aseguró que además de reubicarlos y entregarles una casa, les daría cinco hectáreas de tierra, lo que se ha constituido en una gran mentira. Primero porque Emgesa no ha buscado el reasentamiento de la población ya que en el Huila no hay suficientes tierras en condiciones similares a las que están expropiando. Y segundo porque la ley realmente prevé una compensación de mínimo una Unidad Agraria Familiar que en el caso de la calidad de estas tierras plantea de 30 a 50 hectáreas por familia. Siendo más de trescientas familias, estaríamos hablando de 15.000 hectáreas inexistentes.
Por esta razón la necesidad que tiene el gobierno de blindar desde una licencia ambiental contrahecha un negocio inviable para los pequeños propietarios y los trabajadores de la tierra. Pero también a todo lo que allí viene ligado; el trabajo de jornaleros, los parceleros, los partijeros, los transportistas de los alimentos que de allí salen, en general la cadena productiva existente en la zona centro del Huila principalmente. El gobierno de Santos pareciera preferir generar un nuevo desplazamiento que cumplir coherentemente con su propuesta de restitución de tierras, con lo que históricamente esto implica.
De tal forma que por la fuerza, aquí sí muy explícita ella, se busca judicializar la protesta social y su movilización pacífica. Escondiendo los temas que de fondo tocan lo chimbo del negocio del Quimbo.
Baste señalar en estas notas que, el gobierno nacional y el departamental, no tienen clara política pública para el manejo de sus loco-motoras del desarrollo o mejor, están hechas para los pocos “campesinos” ricos de la región y no de aquellos que históricamente la han trabajado y puesto a producir asegurando la alimentación de los huilenses y colombianos. La algarabía que asegura que vendiendo energía mejoraremos la calidad de vida de los campesinos huilenses se cae por su propio peso. ¿De dónde, la señora gobernadora cree que reprimiendo los argumentos de las comunidades organizadas del centro del Huila es como los mejora?
Pero para dejar en claro el talante que el gobierno tiene para con las comunidades, en el mes de septiembre el Ministerio de Minas y Energía (Resolución 328, Sept 2011), declara de utilidad pública para beneficio del proyecto (lease Emgesa), algo más de 11.000 hectáreas y el 2 de enero de 2012 (resolución 003), le suma 23.000 hectáreas más para que Emgesa pueda cumplir con la Licencia Ambiental. Es decir, el gobierno central está decidiendo sin mayor consulta en la propiedad de los colombianos para beneficio de una empres privada y de capital extranjero. ¿Será esto de utilidad pública? ¿Cómo beneficia a los huilenses en general?
Que no se engañe la opinión pública huilense. El Quimbo es un negocio Chimbo para las comunidades afectadas.
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