viernes, 29 de abril de 2016

(desde $hile) Caminata de lxs sin voz

"Llegamos al aislado penal de Lebu, donde observamos una cárcel pequeña, con 137 internos privados de libertad, de ellos, aproximadamente 80 condenados, varios gendarmes del mismo Lebu y algunos sumariados enviados del norte. Al presentarnos y mencionar que nuestra visita ya estaba tramitada, los mismxs gendarmes nos manifiestan que debido a su mala coordinación no estaban al tanto de esta, lo que demoro la entrada".


Comunidades afro del Cauca son agredidas por el Esmad

27 abr. CI.- Más de 2000 afrodescendientes del suroccidente del país protestan hace más de dos días en la vía Panamericana. La respuesta fue el envío de miembros de la Policía, pertenecientes al Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-, quienes han agredido a varios manifestantes. Una comisión del Gobierno y la comunidad se reúne para buscar soluciones, mientras 300 personas concentradas en la Alcaldía de Santander de Quilichao exigen al gobierno el cumplimiento de los acuerdos. 

Cientos de personas protestan desde hace dos días en la carretera Panamericana, en el sitio conocido como Quinamayo, Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. 

Según denuncian las comunidades, las protestas se han tornado violentas tras la llegada del Esmad, los cuales lanzaron gases lacrimógenos, golpearon a varias personas y han generado varias acciones provocadoras contra las comunidades afro que realizan las protestas.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca explica que las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca bloquean la vía Panamericana debido a los incumplimientos del gobierno. Las comunidades denuncian que el gobierno incumplió algunos acuerdos pactados, como el Acuerdo de la Salvajina por parte del ya extinto INCODER. En él se comprometió entre otros a entregar territorios a estas comunidades.

Las comunidades denuncian el desconocimiento por parte del gobierno nacional que niega la existencia de población afro en el departamento del Cauca para no hacer la consulta previa para la implementación de la doble calzada en la vía que del norte del departamento que conduce a Popayán. Condenan los daños ambientales en sus territorios y las precarias condiciones de las comunidades que se dedican a la minería artesanal; señalan que las comunidades se cansaron de los engaños y mentiras del gobierno que no atiende sus peticiones ni garantiza el ejercicio pleno de sus derechos y su autonomía.



ESO DEL DERECHO PENAL COMO ANTÍPODA DEL PERDÓN Y LA TOLERANCIA


Ese clamor generalizado, tal vez inconsciente por robustecer las penas parece responder al desarrollo de un enfrentamiento contra lo que conocemos como delito. Es probable que esa ira histórica que hemos guardado por más de 500 años haya empezado, de manera atávica a surgir disfrazada de violencia, esta ferocidad, no es secreto para nadie se ejecuta en dos rostros, uno, que busca atacar de frente el fenómeno de la delincuencia por medio de las denominadas vías de hecho y el otro, depositando la confianza en un estado fallido para que nos obsequie quimeras de seguridad envueltas en delitos y penas, es decir derecho penal.

La situación tiene un trasfondo supremamente complicado cuando uno se sienta a analizar la problemática desde una óptica cultural sociológica y antropológica; aunque de alguna manera, compartimos algunas costumbres, un territorio, ciertos rasgos genéticos determinados, lo seguro que es que no compartimos una identidad histórico cultural, no quiere significar esto que sea imperativo una masificación ideología o un adoctrinamiento, sino la creación o fortalecimiento de lazos de solidaridad que denoten efectivamente la alteridad, concepto necesario para forjar una colectividad fuerte.

Desgraciadamente, esa fratria que trata Freud en su texto Tótem y Tabú, está encontrando ahora días, peana en el odio y la violencia. Cuando Freud empieza su estudio antropológico con algunas comunidades de Oceanía, África y América, se da cuenta que los vínculos entre los miembros de la comunidad tienen soporte, no en los lazos sanguíneos, sino en ligaduras de solidaridad, división justa del trabajo y por supuesto en una creencia generalizada, el miedo al tótem, el respeto a ese tótem y a sus mandamientos, traspolando a hoy esa idea de las comunidades totémicas, lo único que ahora une a las personas que habitan esta tierra denominada Colombia, es ese odio casi atávico que surge en forma de violencia y revancha.

Cuando la colectividad es capaz de compartir en igual forma la victoria y la derrota histórica, hay una fuerte ligazón que posibilita la acción de cambio colectiva, pero cuando estos nexos son inexistentes, la colectividad se puede crear entorno a la violencia despiadada, no por la cantidad de sangre o viseras que sea capaz de proporcionar, sino por la deshumanización de la sociedad actual.

Cuando nos escupen en la cara la idea de que la disminución de la criminalidad no tiene nada que ver con las necesidades sociales ni con el raigambre social, surge como adalid de cambio y protección la figura del derecho penal, a más cantidad de letra muerta que establezca delitos mayor sensación de seguridad y claro, cuanto más duras las penas, esta quimera de tranquilidad crece inmediatamente.


miércoles, 20 de abril de 2016

Comunidades de Marmato (Caldas) en Alerta por amenaza de violento desalojo

Sin acuerdos sobre desalojos, formalización y títulos mineros en la comunidad del municipio de Marmato, departamento de Caldas, culminaron las reuniones sostenidas el pasado 13 de abril de 2016 entre la comunidad de Marmato y la Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, el Alcalde de Marmato, Julio Vargas, el Personero Municipal, Wilson Castro, el Director de Corpocaldas, Juan David Arango Gartner, y delegados de la compañía canadiense Gran Colombia Gold, la Gobernación de Caldas, la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría General de Caldas, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, en la cual se discutió la problemática minera que aqueja a nuestra población a raíz de la actuación de diversas multinacionales y del Gobierno Nacional. 

Voceros del Comité Cívico Pro-Defensa de Marmato y de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato-Asomitrama- advierten que pese a que los mineros de Marmato ratificaron en la reunión su voluntad de diálogo para intentar evitar el desalojo de las minas El Ceibal y El Palo, y posteriormente de otras 70 que tienen amparos administrativos interpuestos por la transnacional canadiense, la posición de la empresa y del gobierno nacional se centró en solicitarle a los mineros que abandonen los puestos de trabajo y firmen contratos con la compañía, tal y como intentaron hacerlo en 2011.

“Ante esta única opción, reafirmamos que se ha solicitado de tiempo atrás que a través de visitas técnicas, la opinión de las agencias del Estado y la valoración de peritos, se determine si estas 2 minas están ubicadas en la Zona Alta o en la Zona Baja del Cerro El Burro, en los términos que fijó el Decreto 2223 de 1954, propuesta que ha sido rechazada por la empresa”, aseguran los presidentes Yamil Amar Cataño (Comité Cívico Pro-Defensa) y Mario Tangarife (Asomitrama), respectivamente.

Los dirigentes comunitarios  recalcan mediante comunicado de prensa divulgado nacional e internacionalmente que los derechos de decenas de minas ubicadas en la zona alta del Cerro El Burro (que la compañía reclama como suyos), se extinguieron al dejarlas de explotar por más de año y medio, razón por la cual la compañía Gran Colombia Gold no posee estos títulos mineros.

“No se puede pretender que desconozcamos el ordenamiento minero colombiano al avalar una ilegalidad que hemos denunciado por años ante distintas instancias del gobierno, siendo desoídos sistemáticamente”, indica el documento de las comunidades.

martes, 29 de marzo de 2016

El Fantasma del Apagón

Hace un par de meses desde las altas esferas del Estado  en cabeza de Juan Manuel Santos, se ha venido cocinado en la cabeza de todas las personas que residimos en Colombia un miedo por el posible apagón que se podría generar si las personas de a pie no ahorran energía y agua en el marco de los estragos del  mentado “Fenómeno del niño”. Más allá del hipócrita reclamo del Estado frente a las ciudadanas al mismo tiempo que es permisivo con los desmanes que genera la gran  Minería,  la corrupción innata del sector Energético del país, entre otras, en esta oportunidad queremos ahondar en las formas históricas por las cuales el Estado ha optado para seguir controlando a su población, siempre recalcando la falta de regulación de las colombianas cuando es hora de ahorrar, y por consiguiente, lavando su imagen frente a la crisis energética a la que se enfrenta el país.

Para ello trataremos de enfocar este artículo en  3 factores a saber:  los aspectos sociales, ambientales y estructurales que posibilitan esta situación.

La culpa la tiene el incrementado consumo de las ciudadanas.
El Estado enfatiza su estrategia de miedo apuntando a las viviendas de estratos 1, 2 y 3 de las principales ciudades de Colombia, en las que se destacan, Bogotá, Medellín y Cali. Apunta a este grupo focal argumentando que es el sector de la sociedad que más consume energía según estadísticas de la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME-[1], esto no nos sorprende, pues sencillamente las viviendas de estratos 1, 2 y 3, albergan alrededor de 43 de los 45 millones de personas que habitan en Colombia. He ahí que el gobierno se esté dirigiendo a la inmensa mayoría de colombianas.

Descaradamente el Estado promueve una campaña de consumo con bombos y platillos llamando a la solidaridad, haciendo el papel de  víctima frente al consumo desaforado de la población sin mencionar las causas reales del actual estado de las cosas. Por ejemplo, no hace mea culpa frente a la obsesión de convertir a las ciudadanas en entes de consumo, vendiendo sin control el último televisor o teléfono  celular, promoviendo  que en festividades como la  Navidad se ilumine las casas con luces estrambóticas y electrodomésticos de alto consumo, entre otros artilugios propios del fetichismo de la mercancía según rezan los valores del capitalismo.

El Problema real es el Fenómeno del Niño.
Ya hemos señalado en anteriores escritos[2] la hipocresía por parte del Estado, al limpiar su imagen frente al ecocidio capitalista que viene cometiendo, en diferentes regiones, apostándole a su aplanadora minero-Energética, que se supone sería  el motor que potenciaría  de la economía nacional de una forma nunca antes vista. Para tal fin, no se ha titubeado en solucionar “gerencialmente” aquellos elementos considerados como  un estorbo para las finanzas del país al querer desechar las rentas que generaba una empresa estatal como ISAGEN, montando la pantomima según la cual todas las colombianas –léase el Estado- estábamos perdiendo plata con dicha empresa ya que era inviable según el manejo maniqueo de cierta información. En consecuencia, debía ser vendida al ¿“mejor”? y único postor, ¡como siempre una Multinacional que si encuentra la rentabilidad que el Estado niega.!
Su argumento se enfoca a su vez, en que debemos cuidar fuentes naturales como  lo son los ríos, olvidando que gracias a sus jugadas, estos se van privatizando y terminan por convertirse en una palabra más en los libros de Ciencias Sociales carente de todo significado sin nada tangible en la realidad, tal como sucede en el caso del Río Sambingo, el cual desapareció gracias a la minería ilegal, cuestión  que no deja de ser un coletazo del modelo extractivista que desde hace unos años se viene tratando de imponer en la agenda pública de manera inconsulta en plena concordancia con la fase Neoliberal del Capitalismo[3] criollo.

lunes, 28 de marzo de 2016

Agua: ¿Derecho fundamental o negocio?

22 de mar. CI- La crisis ambiental afecta la producción de agua, situación que va acompañada por la contaminación del preciado líquido. La industria y la minería son actividades que acumulan mayor cantidad de contaminantes. Mientras que en países europeos se prohíbe el uso de cianuro en minería de oro para conservar el agua y la biodiversidad, en Colombia la normatividad lo permite.

La privatización del agua con mercados de concesiones permite a multinacionales mineras ejercer control sobre zonas  estratégicas productoras de agua. De otra parte, la mayoría de los países en vía de desarrollo no cuentan con programas de tratamiento de agua de origen doméstico e industrial y estos van a las cuencas de los ríos.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades se transmiten por medio del agua contaminada. Se estima que 18 millones de personas siguen muriendo cada año debido a la falta de higiene, saneamiento y un suministro de agua digno. La industria es una de las actividades que acumula mayor cantidad de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros desechos contaminantes. Cada año se acumulan entre 300 millones y 500 millones toneladas. La minería integra las causas de contaminación de fuentes hídricas. Se calcula que los gastos para atender las necesidades de agua potable y saneamiento básico en el mundo crecen a más de 30.000 millones de euros anuales.

Normatividad colombiana- el agua como derecho fundamental
La Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia T-413 de 1995, estableció que el derecho al agua es un derecho fundamental cuando contribuye a la salud, a la salubridad pública y a la vida, primero se atienden las necesidades domésticas. NO lo es cuando se destina a la explotación agropecuaria o actividades de turismo o a un terreno deshabitado. La sentencia fue modificada por la sentencia T - 381 de 2009 (José Ignacio Pretelt),  en este caso la sentencia le da vía libre a la acción de tutela para defender el derecho al agua solo cuando contribuye a la salud, a la salubridad pública y a la vida.  

En Colombia, las organizaciones ambientales, ecologistas y defensoras de derechos humanos han acudido a las herramientas constitucionales para solicitar al Estado que se garantice el derecho al agua para el consumo humano en comunidades afectadas. La muerte de menores de la comunidad Wayuú en la Guajira por falta de agua potable se ha convertido en el  caso más relevante. Por esta situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que le garantice el agua a esta comunidad además de otras recomendaciones. 

La realidad de la Guajira se extiende a otras regiones marginales del país donde las actividades mineras o de siembra de monocultivos de palma ya han dejado una enorme huella de contaminación y de sequía en las fuentes hídricas. En marzo de 2015, después de una verificación de la defensoría del pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR a Riosucio Chocó, y en los cuatro resguardos indígenas se confirmó la muerte de 19 niños y niñas desde julio de 2013 que pudieron ser prevenibles. La muerte de los menores está asociada al consumo de agua contaminada, agravada a la falta de atención médica oportuna. 

La implementación de grandes proyectos mineros en ecosistemas productores de agua es una de las principales causas de contaminación del líquido en América Latina. En Colombia los gobiernos han permitido la instalación de multinacionales sobre zonas productoras de agua muchas veces sin control ni estudios ambientales coherentes. Las licencias se otorgan obedeciendo a políticas internacionales privilegiando intereses particulares de las multinacionales. 

Cómo pensar el mundo

Todos los pueblos tienen necesidad de un territorio para vivir y reproducirse, y esta necesidad es tan fundamental que satisfacerla es condición para generar la identidad y valor cultural. Lo saben bien los pueblos exiliados que se esfuerzan por mantener la cohesión y la propia cultura cuando un poder político cualquiera les impone dejar su propia tierra y emigrar sin encontrarse verdaderamente a sí mismos en lugares extraños. Pero territorio no quiere decir necesariamente fronteras más o menos rígidas, ya que esas son el resultado de procesos históricos internos y externos, el primero de todos la organización social, particularmente cuando se trata de sociedades que se dividen en clases y se basan en la propiedad privada. Para esto se producen mapas y cartografías, no solo como guías para viajar, sino sobre todo para delimitar: en esta parte habitamos nosotros, esto es nuestro; en la otra parte, habitan los otros, cuyo derecho a estar donde están siempre es puesto en duda por los gobiernos interesados en la conquista y explotación de los demás. Y con estas premisas, por ejemplo, nacen los imperios, primero territoriales y después económicos, y también las teorías, como la denominada Lebensraum ("espacio vital"), elaborada en 1897 por Friedrich Ratxel y base del nacionalsocialismo. Como escribía Hitler en Mi lucha: "Sin consideración por las tradiciones y los prejuicios, nuestro pueblo debe encontrar el coraje de unir el propio pueblo y su fuerza para avanzar a través del camino que llevará a nuestro pueblo del actual espacio vital restringido hacia la posesión de nuevas tierras y horizontes, y así lo llevará a librarse del peligro de desaparecer del mundo o de servir a los demás como una nación esclava". Esta ideología incita también a Italia a pretender un "espacio vital" propio, que sería todo el Mediterráneo, es decir, la reproducción anacrónica del Imperio Romano.

Para entender este tipo de fenómenos no basta con recurrir a la economía, según la tradición del marxismo vulgar, ni con contar solo con las decisiones políticas de las clases dominantes, sino que es preciso poner sobre la mesa un tercer elemento fundamental: la geografía, como comprendieron los geógrafos anarquistas del siglo XIX, con Piotr Kropotkin y Élisée Reclus a la cabeza. Se trata de una geopolítica, como la nazi o la italiana citadas, que justifica el expansionismo territorial y que sirve también como motivación del expansionismo económico norteamericano o chino durante la segunda mitad del siglo XX y estos primeros años del XXI. Así, geografía, política y economía se combinan en una triada que conforma los imperios y mueve las economías, mucho más en esta época de globalización de la producción y del consumo, cuando ya la referencia al territorio propio casi desaparece y se construyen espacios virtuales que componen nuevas geografías económicas, culturales y, finalmente, mentales (y en que el tiempo también viene obligado a asumir las formas que Occidente le impone).

Al comienzo suele hacer referencia al concepto de "zona de influencia", que no es un concepto nuevo del siglo XX, sino que encuentra su forma más notoria con la Segunda Guerra Mundial y la posterior "guerra fría": en efecto, el precario pacto para vencer a la Alemania nazi no se mantiene mucho tras el fin de la guerra y produce la división en bloques opuestos, dominados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, tras la proclamación de la Doctrina Truman, promulgada precisamente en 1947 para frenar la influencia de la URSS en el resto de Europa, con dos estrategias articuladas militar (creación de las bases militares en Europa) y económicamente (Plan Marshall). De este modo, la ordenación geográfico-política napoleónica ya perturbada por la Primera Guerra Mundial, asumía nuevas formas y relaciones. La misma constitución de la ONU en 1945, con sede en Nueva York, se considera como parte de la nueva estrategia de Occidente para controlar el avance de la URSS y de Oriente.