Tras cuatro años de negociaciones, se firmó en la Habana,
Cuba, el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP,
mientras el proceso con el ELN sigue empantanado y el proceso con el EPL ni
siquiera está en la agenda política. Los pronósticos que temían la posibilidad
de un quiebre en las negociaciones han quedado ya sin base, cerrándose así un
ciclo de lucha que, necesariamente, deberá abrir nuevos escenarios y
posibilidades. La decisión de este movimiento insurgente de abandonar las armas
no pareciera tener reversa y pase lo que pase, seguirán en el camino de lo que
se ha llamado su “reincorporación a la vida civil”. Aun cuando este
acuerdo no genera cambios estructurales, sin lugar a dudas representa un avance
significativo para la población rural –que, aunque invisibilizada, es un nada
despreciable 34% de la población del país- y una oportunidad para que el
movimiento popular pueda, potencialmente, articularse en función de las grandes
tareas transformadoras que quedan por delante. Nada está escrito en las
estrellas: todo dependerá de la lucidez y la capacidad organizativa y
movilizadora del movimiento popular.
Falta su ratificación por el Congreso y la firma final en
Colombia, que sería a finales de Septiembre. No se esperan grandes sorpresas en
la décima conferencia de las FARC-EP, que debería ratificar el acuerdo el 19 de
Septiembre. El plebiscito mediante el cual los acuerdos se someterían a
refrendación por parte del soberano, quedaría acordado para el día 2 de
Octubre. En este plebiscito deben obtenerse 4,5 millones de votos para el
“si” para que los acuerdos sean ratificados –por eso es tan importante el
motivar a la población y cerrar las puertas al retorno a la guerra total entre
el Estado y las FARC-EP
[1]. Pese
a la pobreza argumentativa de la caverna que hace campaña por el “no”, sería
insensato despreciar el arrastre que esta opción tiene en muchos sectores
urbanos, aún bajo el embrujo autoritario del uribismo
[2]. Aun así, el mayor desafío será
alcanzar las metas requeridas para la aprobación de este referéndum.
Histórico, pero…
Si bien la firma de este acuerdo se trata de un hecho
histórico, no deja de sorprender el escaso entusiasmo que se ha respirado
no solamente con el anuncio de la firma final, sino durante todo el proceso.
Aunque no falten razones para celebrar, hay poco ánimo de celebración. No ha
habido el ambiente de fiesta generalizado que ha acompañado a otros procesos de
paz, como el de Irlanda del Norte o El Salvador, por nombrar algunos; ni
siquiera se ha acercado a la efervescencia democratizante que se respiraba en
1990 para el proceso de paz con el M-19, el EPL, el MAQL y el PRT. Es doloroso
constatar que, al menos en los centros urbanos, ha habido más entusiasmo en las
marchas contra las FARC-EP que ahora que firma la paz con ellas, lo cual en
gran medida demuestra que la guerra mediática del establecimiento en contra de
los rebeldes ha tenido un impacto tóxico y los ha aislado considerablemente de
un gran segmento de la población que todavía cree que los insurgentes son
responsables de todos los males de Colombia.
De cara al plebiscito, la actitud predominante de quienes
llaman a votar “sí” pareciera ser un tibio “la guerra es peor”, o un ácido
“habrá que tragarse algunos sapos”. Otras voces que están llamando a votar “sí”
lo hacen, no tanto por un respaldo al contenido de los acuerdos, sino que
explícitamente para votar la desaparición y desarme de las FARC-EP.
[3] Una estocada final que, en
ojos de estos sectores, sería como el corolario de la movilización de Febrero
del 2008 en contra de las FARC-EP estimulada por el gobierno de Álvaro Uribe.
Pocos son los sectores –predeciblemente la izquierda- que están llamando a
votar en claro apoyo a los contenidos del acuerdo, aunque muchos perciben que
un triunfo del “no” sería una verdadera catástrofe. Es una realidad que no nos
gusta, pero que debemos entender para poder cambiarla.
La difícil conexión
Varios factores parecieran explicar este fenómeno. Primero
que nada, es un proceso de paz que la mayoría de la población colombiana lo
percibe como algo que está ocurriendo en un país distante, para resolver un
conflicto igualmente distante, que se experimenta en veredas de un mundo rural
ignoto para esas mayorías urbanas. A lo que hay que sumar que durante todo el
proceso los medios hicieron un flaco favor al proceso con ataques permanentes a
los insurgentes. Tampoco el magro trabajo de la llamada pedagogía de paz ha
ayudado: los esfuerzos del gobierno por socializar los contenidos de lo
acordado en La Habana, o por estimular debate en torno a ellos, han sido asaz
pobres, cuando no inexistentes. A su vez, los intentos de la insurgencia por
“meterle pueblo” al proceso de paz no han podido o no han sabido llegar más
allá de sus áreas tradicionales de influencia o de los sectores políticos que
desde siempre han pedido una solución política al conflicto.
¿Qué significa este proceso de paz para una travesti en los
barrios marginales de Bogotá? ¿Qué significa la paz para una mujer indígena
emigrante en una capital departamental? ¿Qué significa para los trabajadores y
trabajadores tercerizados y precarizados? ¿Qué significa para esas muchedumbres
que sobreviven en el subempleo? ¿Para los que chupan bóxer porque no pueden
llevar un pan a la boca? El tener que recordar al pueblo que “la paz sí es
contigo”, como reza la campaña plebiscitaria de la izquierda, sencillamente
deja en evidencia que ese vínculo de la paz con el ciudadano del común no es
evidente, que el proceso de paz es visto como algo ajeno por éste.
Ni fatalismo, ni triunfalismo: Acuerdo posible con la actual
correlación de fuerzas
Se sabía que no se lograría el socialismo con las
negociaciones. Se han buscado algunas reformas básicas que ayuden a superar las
causas estructurales que originaron el conflicto: pero lo acordado no es la paz
con justicia social que buscaron los sectores populares comprometidos con la
negociación del conflicto. Ni hay paz –porque sigue el conflicto con el ELN y
el EPL, así como con posibles disidencias, porque sigue el paramilitarismo en
todo el país, porque sigue la estructura represiva que criminaliza la
disidencia política y la protesta social, porque sigue la violencia estructural
que asesina de hambre y enfermedades prevenibles-, ni hay justicia social. Pero
eso tampoco significa que el acuerdo no sea un paso significativo o que no haya
espacio para un “optimismo moderado” –utilizando la jerga en boga durante el
proceso. Acá no debe haber espacio desde la izquierda ni para vociferar
“traición” a los cuatro vientos, pero tampoco para asumir un triunfalismo
alucinado. El acuerdo es lo que es: todo lo que las FARC-EP pudo firmar
con la correlación de fuerzas existente, claramente favorable al bloque en el
poder.
El juicio histórico puede ser muy duro con las partes
[4]: una ojeada a lo acordado,
automáticamente nos lleva a preguntarnos si en realidad debía correr tanta
sangre para lograr unos acuerdos que, en lo grueso, suponen que el gobierno
cumpla con mandatos constitucionales que ya tiene de antemano, sumado a la
ampliación del sistema político existente –que no su transformación
[5]. Hay, desde luego, algunos
logros importantes sobre todo en lo relativo a la modernización del campo, pero
el programa agrario de los guerrilleros de Marquetalia, conjunto de propuestas
mínimas que inspiró la sublevación fariana durante décadas, queda como una
aspiración: el problema de la concentración de tierra sigue ahí, candente.
Ahora complicado aún más con el impulso que recibirá la agroindustria a través
de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social
(Zidres). Quizás un acuerdo con mayor potencial transformador podía haber
tenido un proceso de estas características y podría haber suscitado un mayor
entusiasmo popular. Quizás.
La paz… ¿de Santos?
El gobierno prometió que no se tocaría el modelo y le
cumplió a la oligarquía. El juicio del ELN sobre los acuerdos de La Habana,
según un comunicado fechado el 05/08, es lapidario: no se modifica la realidad
del país, y sigue “intacto el régimen oprobioso de violencia, exclusión,
desigualdad, injusticia y depredación”
[6].
En términos similares se refirió a los acuerdos un comunicado de un sector
disidente del Frente 1 de las FARC-EP, que se abrió del proceso
[7]. Pero no se debiera juzgar en
términos excesivamente duros lo acordado: lograr un escenario diferente o un
acuerdo que representara más cabalmente este deseo de paz con justicia social
no era algo que dependiera, naturalmente, de las FARC-EP por sí solas. Debía,
necesariamente,haberse apoyado en una amplia movilización popular que
respaldara esas transformaciones y que desarrollara el potencial transformador
de algunos puntos de la agenda así como de las propuestas políticas presentadas
por los insurgentes en cada uno de ellos. Pero la posibilidad de haber
generado una gran convergencia popular entre el proceso de paz con la ola de
protesta popular ascendente en el período 2008-2013, no se materializó. El
gobierno, mediante la cooptación, la división y la sectorización del movimiento
popular, frenó esa oleada, a la vez que aisló exitosamente el proceso de paz
del día a día de la población. El paro agrario del 2013 fue el momento clave
para destrabar esta discusión y para generar una simpatía pública, masiva,
entre los temas discutidos en La Habana con la realidad diaria del país,
momento que logró generar un puente entre el campo y las ciudades, donde se
perfiló claramente el interés de los sectores populares en contradicción con
los del bloque en el poder.
Después del paro, ante el incumplimiento del gobierno, se
desestimuló la movilización popular en la calle, que algunos sectores
consideraron como “inoportuna”, con la sorprendente excusa de que
“desestabilizar” a Santos era debilitar el proceso de paz (y fortalecer al
uribismo), para apuntar a una estrategia electoral, que fue desastrosa para la
izquierda. En este contexto, el proceso de paz terminó encadenado a la
figura de Santos, uno de los presidentes más impopulares en la historia, quien
lo utilizó para hacerse re-elegir, a la vez que redefinió los términos de la
paz y pudo pasar a una posición ofensiva. Después de tanto insistir que las
llaves de la paz pertenecían al pueblo, se le entregaron a Santos en bandeja de
plata. De tanto “reconocer la voluntad de paz” de Santos, presidente que
comenzó gobernando con el mandato de perpetuar la “seguridad democrática”, se
desfiguró la realidad de que el proceso de paz fue conquistado en gran medida
por la movilización popular que tuvo su clímax en el período 2012-2013
[8]. En el imaginario ciudadano, el
proceso de paz no quedó solamente ligado indisolublemente a la figura de
Santos, sino que además, con el lanzamiento del plebiscito por las figuras de
la vieja política, quedó asociado a la politiquería nacional. ¿Hay entonces que
sorprenderse por esta falta de entusiasmo?
Post-conflicto, nueva resistencia y desarrollo de una
oposición social y política
El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle,
aseguró que este acuerdo era el “mejor posible”
[9] –afirmación ambigua, que
demuestra que aunque hayan podido imponer muchos de sus términos en el acuerdo,
tampoco pudieron imponerlo todo. Los acuerdos son como una puerta abierta, que
tanto el sector oligárquico como el popular pueden aprovechar. La oligarquía
buscará acelerar la penetración de capital inversionistas en la agroindustria y
el extractivismo. Dependerá de los sectores populares, de su lucha y de su
organización, si ese escenario se materializa o no. También dependerá de
los sectores populares si el gobierno cumple o no con los acuerdos, pues –como
lo pueden corroborar las comunidades del Putumayo, del Catatumbo y de todo el
país- se especializan en la trampa y el incumplimiento a los de abajo –y pecan
de excesiva ingenuidad quienes creen que la veeduría internacional, de la ONU o
de los garantes, es garantía de que el gobierno cumplirá.
Desafortunadamente, aún hay demasiada desorganización y
sectorialización de las luchas. Se requerirá del desarrollo de una nueva
izquierda, de la creación de nuevos liderazgos colectivos y de un amplio
proceso de organización y movilización popular. Aunque se insista tanto en la
unidad de la izquierda, lo cierto es que antes que todo es necesario un gran
esfuerzo de construcción para llegar a todos los sectores oprimidos, excluidos,
hambreados que necesitan de un nuevo modelo. Se requiere de audacia, de visión,
de decisión, de mucho diálogo, de escuchar al otro, y de mucha organización.
Solamente en base a una amplia organización y activa búsqueda de creación de espacios
para que se exprese de manera constructiva el descontento, se podrá hablar de
una unidad que sea mucho más que la mera sumatoria de los mismos dirigentes de
siempre. Una unidad que surja orgánicamente en torno a la identificación de
ejes mínimos de acción común, y desde las propuestas surgidas en las mil y una
luchas que a diario desarrolla el pueblo. Requiere también de una nueva forma
de entender y hacer la política, verdaderamente desde abajo, desde el mundo
popular, huyendo de los viejos vicios de la política tradicional como de la
propia peste, en lugar de asumirlos poco a poco como si fueran muestra de
madurez. Por todo ello, disociarse de la figura de Santos y reclamar la
vocación de la izquierda como oposición (arrebatándole ese espacio político al
uribismo, que lo ocupa de manera fraudulenta) es un paso fundamental que
puede llevar a re-encantar al pueblo con la idea de la construcción de la paz
con justicia social, ligada a un proceso de movilización y transformación
social.
Una lucha cuesta arriba, un pueblo con experiencia y tesón
De momento, los dados están tirados a favor del bloque
dominante. El triunfalismo de estos sectores es evidente en las declaraciones
del comandante del Ejército colombiano, general Alberto Mejía, quien
expresa que el ejército está listo para garantizar la integridad de los
ex-guerrilleros: "Para nosotros no es una humillación, para nosotros es un
honor porque quien las cuida es quien ganó la guerra, porque quien las cuida es
quien queda con las armas, quien las cuida es quien viste los uniformes de la
República"
[10]. Claro,
podría entrarse al debate si las FARC-EP están o no derrotadas, cosa
discutible, o la pírrica naturaleza (en el mejor de los casos) de esta supuesta
victoria del ejército; pero es necesario reconocer que, se piense lo que se
piense de este grupo insurgente, hoy la hegemonía la tiene el bloque dominante,
no los sectores populares. Al “monopolio de la fuerza” que el Estado
oligárquico reclama, hay que oponer una fuerza aún mayor a sus ejércitos y sus
armas: la del pueblo organizado. Porque aunque se hable mucho de que ya no
se hará política sin armas, como decía el revolucionario africano Amílcar
Cabral, en el capitalismo toda lucha es armada: el Estado siempre tiene armas y
las utiliza en contra del pueblo cuando sus intereses y su dominación se ven
amenazados
[11]. Cuando el pueblo
ejerza su derecho a hacer política en las calles, el ESMAD, la policía o el
ejército, políticamente, la reprimirán. Por la fuerza y con las armas, apoyados
en la re-estructuración que los EEUU (¿quién más?) ya están implementando para
la fuerza pública en el post-conflicto, y por el nuevo código de policía y la
ley de seguridad ciudadana.
El apoyo al “sí” en el plebiscito no debería obviar que esto
no es ni el fin del proceso ni el comienzo de la construcción de una nueva
sociedad, sino un paso más, de una larga historia de resistencias, en el
largo camino hacia la conformación de un bloque popular capaz de imponerle a
los sectores oligárquicos un modelo alternativo, radicalmente democrático,
igualitario, libertario. Es necesario también reconocer que, más allá del
debate sobre la naturaleza de la paz o la violencia estructural intrínseca al
sistema, sin el ELN y sin el EPL no puede hablarse de construcción de paz,
por lo cual rodear la solución política para estas otras expresiones
insurgentes se vuelve un imperativo político, ético y moral. Es importante hoy
pensar autocríticamente en las fuerzas sociales y políticas existentes, en el
contexto territorial, nacional, regional e internacional tan complejo en que éstas
deben operar
[12], y aplicar la
auto-crítica para ir corrigiendo los errores, y así poder revertir esa
correlación de fuerzas desfavorable para los sectores populares. Una tarea nada
fácil, pero impostergable. Hoy, en vez de enfrascarse en fórmulas fáciles,
reemplazando la reflexión por las consignas a favor o en contra, corresponde aplicar
la máxima de Gramsci de ser pesimistas del intelecto, pues las dificultades
objetivas que se enfrentan son inmensas, pero optimistas del corazón: pues
somos conscientes del enorme potencial de lucha del pueblo colombiano así como
de las valiosas experiencias acumuladas en casi un siglo de resistencia.
Solamente así se podrá desarrollar un proyecto que realmente entusiasme al
conjunto del pueblo colombiano y gane su corazón. Y con un pueblo entusiasmado,
las fuerzas transformadoras serán imparables.
José Antonio Gutiérrez D.
31 de Agosto, 2016
[1] Lamentablemente,
en meses anteriores, sectores de la izquierda gastaron demasiada tinta y saliva
atacando la idea del plebiscito, el cual veían como una opción excluyente de su
llamado a una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que, de realizarse
en la actual coyuntura, muy probablemente no sería favorable a los sectores
populares y podría significar hasta un retroceso de la constitución de 1991.
Las buenas ideas no bastan: hay que entender el contexto y la coyuntura en la
cual deberían llevarse a efecto.
[2] Los
medios, nuevamente, en su tarea de fabricar percepciones ciudadanas, entregan
encuestas que dan triunfo a veces al “si” a veces al “no”, dependiendo de la
agenda política del momento.
[3] Ver en
este sentido la editorial del Espectador del 25/08, “la paz, entendida como el
desarme y el fin del conflicto con las distintas guerrillas, ha estado en la
agenda de todos los presidentes (…) [pero] nunca hemos tenido una propuesta tan
cercana para desarmar a las Farc. Sea como fuere, por primera vez el país tiene
la oportunidad de pensarse sin la existencia de esa guerrilla”.
[4] Para que
una guerra sea considerada “justa” según el Jus ad Bellum, una de las
partes debe demostrar que no podía obtener lo que se obtuvo sino mediante el
recurso a las armas. Esto será un tema de disputa candente durante las décadas
venideras en Colombia, igual como lo sigue siendo en Irlanda dos décadas
después del inicio del proceso de paz en ese país.
[7] http://www.elespectador.com/noticias/politica/frente-de-farc-dice-no-entregara-armas-articulo-641831 El
comunicado de las FARC-EP que acusa a estos disidentes de tener motivaciones
“económicas” (minería, narcotráfico) es desafortunado porque desconoce las
razones –equivocadas o no- eminentemente políticas que entregan y porque esa
clase de acusaciones, lanzadas a un grupo salido de su seno, puede fácilmente
volverse en su contra y perpetuar los estereotipos dominantes sobre la
insurgencia colombiana, que como todos los estereotipos, suelen ser erróneos.
[11] https://www.marxists.org/subject/africa/cabral/1968/ppt.htm Es
importante no caer en una visión idealista, liberal y burguesa del Estado como
la encarnación del “contrato social”, o del “bien común”. El Estado es un
aparato de dominación, de clase, diseñado para servir a los sectores
oligárquicos y ejercer la violencia cuando los sectores subalternos se rebelan.
Cualquier conquista favorable a los intereses populares es a pesar de este
Estado, no gracias a él.
[12] Antes
de iniciado el proceso de paz, polemizaba con una carta abierta que Medófilo
Medina había enviado al entonces comandante de las FARC-EP Alfonso Cano, quien
fuera asesinado a los pocos meses en estado de absoluta indefensión por orden
expresa de Santos, en momentos en que ambos discutían sobre negociar la paz. En
esa ocasión se decía que una de las razones para que las FARC-EP se
desmovilizaran era el contexto regional, en el cual la izquierda había podido llegar
al poder por las urnas. Desde esta óptica, el actual escenario, marcado por la
destitución de Rouseff y la profundización de la crisis venezolana, ¿cambiaría
la evaluación de estos sectores respecto a las posibilidades políticas de las
FARC-EP? Para leer la polémica,
http://www.anarkismo.net/article/20115
Eran las nueve de la noche del día jueves primero de
septiembre y en las redes sociales la familia de Miguel Ángel anunciaba la
libertad inmediata del docente. A las 10:30 de la noche, Miguel llegaba junto a
su hermano y su sobrina al lugar donde lo esperaba el resto de su familia y
amigos. Este sería el primero de varios recibimientos emotivos que acogieran a
Miguel. 
