Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como
el Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un
nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por
las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de
semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales. Las consecuencias
las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo
argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo
fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio
colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los
pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es
posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La
ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la
privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de
patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de
la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de
unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio
biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta
el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e
impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse
y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el
libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas,
esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental
a la alimentación.
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