Fuente: Agencia prensa rural
Por solicitud de la Fiscalía, la Juez Primera Ambulante de Bucaramanga, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a nueve mineros artesanales capturados, cuando explotaban oro en comprensión del municipio de Simití (Bolívar).
Esos nueve procesados hacían parte de un grupo de 150 mineros, aproximadamente, dedicado a la extracción de oro en una mina de la vereda Las Auyamas de la citada población.
En la audiencia de imputación, realizada el 5 de Marzo, la Fiscalía les endilgó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de daño en los recursos naturales, agravado por ejecutarse en área de reserva forestal, en concurso con contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero y explotación ilícita de yacimiento minero.
Durante el operativo de captura, apoyado por miembros de la Policía Nacional, intervinieron peritos ambientales, químicos y forestales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
El gobierno aduce que la minería artesanal financia actos delictivos de paramilitares y guerrilleros en la región y que además esta actividad minera destruye el medio ambiente. Con este pretexto se ha iniciado una seria de acciones represivas como detenciones, incautaciones y destrucción de equipos usados en la minería.
Al mismo tiempo el gobierno a través de su estrategia de "locomotora minera" entrega títulos de exploración y explotación de recursos minerales a grandes empresas de gran minería, mucho más depredadoras del medio ambiente y que a su vez también pagan extorsiones o "impuestos de guerra" a los poderes fácticos en las regiones.
Mientras tanto, los nueve mineros artesanales deberán enfrentar como pena mínima cinco años de prisión más los años que suman por los otros delitos.
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