El día 25 de enero debía celebrarse una nueva audiencia en
el juicio contra los ocho dirigentes campesinos de La Marina acusados de
“auxiliadores de la subversión”y de rebelión. Edwin Lugo Caballero, José Norbey
Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín,
Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey
(este último de Río Blanco), han sido acusados por falsos desmovilizados,
testigos a sueldo de la red de cooperantes, como parte de la persecución que se
vive en las zonas de consolidación militar contra toda forma de organización
del pueblo. Su juicio se basa en el testimonio de una persona sin identificar.
Se les persigue, en realidad, por su oposición al proyecto hidroeléctrico de
ISAGEN en el Ambeima y por su defensa de los intereses de los campesinos en la
Junta de Acción Comunal y en el sindicato agrario ASTRACATOL [1].
Para los campesinos es muy difícil conseguir dinero para
transportarse y poder asistir en calidad de testigos para la defensa. La pobreza
que sufren es terrible, el viaje es largo (unas seis horas, a veces más), es
muy caro y significa perder a lo menos dos días de trabajo. Pese a estos
sacrificios, y gracias a la solidaridad internacional de compañeros allegados a
los medios alternativos de Rebelión y La Pluma, así como a la Marcha
Patriótica, se juntaron fondos para apoyar a los campesinos para que pudieran
asistir como testigos de la defensa. Sin embargo, ese día, la Fiscal Isabel
Núñez Villalba, como si nada, decidió ausentarse y sencillamente no aparecerse
al juicio –supuestamente por estar enferma, pero de esto los testigos se
informaron el mismo día del juicio a las ocho de la mañana, cuando todos
estaban allá.
De esta manera, no solamente se prolonga la agonía de
nuestros compañeros encarcelados, sino que además, se consumen los escasos
recursos con el que cuentan los campesinos para su defensa. ¿Quién se hace
responsable de esto? Nos preguntamos si esto consiste en una estrategia de
desgaste contra las familias de los acusados.
